España considera "altamente improbable" que la jueza opte por el derecho de Bahamas, que impediría celebrar el proceso
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
La jueza de Nueva York que instruye la demanda del Gobierno español contra la clasificadora del Prestige, la American Bureau of Shipping (ABS), resolverá antes de Navidad el último recurso presentado por la empresa estadounidense y que desembocará en el inicio efectivo del juicio en Norteamérica a punto de cumplirse el próximo viernes el séptimo aniversario de la catástrofe del petrolero ante las costas gallegas.
Así lo explicaron a Europa Press fuentes de la Abogacía del Estado, que señalaron que la jueza de Nueva York debe decidir ahora bajo qué derecho se juzgará la responsabilidad atribuida a la empresa que en 2001 y 2002 certificó que el Prestige era apto para navegar y a la que el Gobierno español reclama 1.000 millones de dólares en concepto de indemnización.
En concreto, la empresa reclama que se emplee para ello el derecho de Bahamas, bajo cuya bandera navegaba el Prestige y que posee una cláusula de "inmunidad soberana" que impediría que ABS fuese juzgada en Estados Unidos. Frente a ello, el Estado español solicita que se emplee o bien el derecho estadounidense o bien el español, dado que ambos se rigen por el principio de "quien contamina, paga".
En esta línea, la Abogacía del Estado confió en que este último "obstáculo pendiente" para el inicio del juicio en Nueva York se resuelva "antes de Navidad" y "probablemente en este mes de noviembre", al tiempo que consideró "altísimamente improbable" que la jueza se decante por el derecho de Bahamas.
"PRETRIAL"
Una vez resuelto este escollo y después de que en junio el juzgado de Nueva York se declarase competente para instruir el caso, la Abogacía del Estado prevé que en el plazo de unos meses se pueda iniciar el "pretrial", esto es, la reunión y análisis de pruebas, declaraciones e informes necesarios para, posteriormente, iniciar el juicio.
Con esto se daría luz verde a un proceso que el Estado español abrió en mayo de 2003 para reclamar a la clasificadora del Prestige 1.000 millones de dólares en concepto de indemnización por los daños ocasionados por el petrolero que ABS había considerado válido para navegar y que encalló en la costa gallega el 13 de noviembre de 2002.
Además, señaló la Abogacía del Estado, se reclamará a la empresa que abone también los gastos originados para España durante la celebración del proceso, tanto en abogados como en informes y estudios, y que ascienden ya a 26 millones de dólares.
