Estatuto C-LM.- La Ponencia del Congreso consagra la competencia autonómica en las agrupaciones de cajas de ahorro

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ponencia de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados ha incluido en su informe sobre la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha la competencia para esta comunidad autónoma de la regulación de las agrupaciones de cajas de ahorro que tengan su sede social en la región.

Concretamente, el informe que se debatirá en las próximas semanas en la Comisión, que ha sido aprobado hoy con los votos de PSOE y CiU, las abstenciones de PP e IU y el voto negativo de UPyD, señala en su artículo 119 que "corresponde a la comunidad autónoma en materia de cajas de ahorro con domicilio en Castilla-La Mancha, cajas rurales y entidades cooperativas de crédito la competencia exclusiva" en la "regulación de las agrupaciones de cajas de ahorro".

En pleno conflicto entre el Banco de España, que ha advertido de que las entidades que dejen de ser viables podrán ser intervenidas y posteriormente liquidadas o vendidas, y la injerencia de los gobiernos regionales, que controlan muchas de esas cajas, en las negociaciones de posibles fusiones, el articulado del Estatuto castellano-manchego atribuye ahora a las instituciones autonómicas la competencia de regular estas agrupaciones.

El texto que llegó a las Cortes Generales procedente del Parlamento regional ya atribuía a la comunidad autónoma la competencia de "determinar los órganos rectores" de las cajas así como "la forma en que los distintos intereses sociales deben estar representados", además del "estatuto jurídico de sus órganos rectores y los demás cargos", el "régimen jurídico de la creación, la fusión, la liquidación y el registro", y el "ejercicio de las potestades administrativas con relación a las fundaciones que se creen".

Por otro lado, el texto modificado en la Ponencia de la Comisión Constitucional especifica que la responsabilidad penal tanto del presidente de la Junta de Castilla-La Mancha como de los miembros del Consejo de Gobierno y los diputados --que gozan de inviolabilidad salvo en caso de flagrante delito-- será exigible ante el Tribunal Superior de Justicia de la región, mientras que los actos presuntamente delictivos que sean cometidos fuera de él será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.