Estrasburgo decidirá el jueves si los asesinados por los GAL y el Batallón Vasco Español son víctimas del terrorismo

Publicado 11/07/2019 13:40:59CET

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, decidirá el próximo jueves si los familiares de presuntos etarras asesinados por los GAL y el Batallón Vasco Español pueden ser considerados víctimas del terrorismo a efectos de recibir una indemnización del Estado. El conflicto estriba en que ninguno de los fallecidos había sido condenado por pertenencia a ETA.

La reclamación sobre la que decidirá Estrasburgo se refiere a Maria Cristina Larrañaga, Karmele Martínez Agirre y Nagore Otegi Martínez, María Antonia Ibarguren Astiagarraga, Mikel y Xabier Etxaniz Maiztegui, Ignacia Lizarraga Albaburu, Maria Belen Aguilar Pérez y Ugaitz y Aitor Elizarán Aguilar, todos parientes de las víctimas o víctimas de aquellas dos organizaciones.

Entre ellos hay casuística diversa, pues en algunos casos se trata de personas que reclaman acceso a una indemnización que siempre se les negó por entender que un etarra no puede generar compensatoria como víctima de terrorismo y, en otros casos lo que piden es la ampliación de la cuantía en los términos que estableció la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo del año 2011.

Sin embargo, todos tienen en común que recibieron una negativa a sus pretensiones en España porque se considera que un terrorista no puede generar indemnización como víctima del terrorismo en esos términos, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press. La cuestión es que la pertenencia a ETA en todos los casos era presunta, pues ninguno de estos asesinados por los GAL o el BVE había sido juzgado y condenado como tal.

Por eso, la reclamación ante Estrasburgo se centra en el artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos relativo a la presunción de inocencia. Los demandantes entienden que no se ha respetado en el caso de sus familiares muertos porque la Audiencia Nacional, al denegar las indemnizaciones o el incremento de las cuantías les dio por miembros de ETA, en algunos casos, fundamentando su decisión en informes policiales que apuntaban a su pertenencia.

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