MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó un total de 27 años y medio para Andoni Otegui, quien fue juzgado hoy por la colocación de un artefacto explosivo en agosto de 2002 en Tolosa --que fue desactivado por la Ertzaintza-- y posteriormente por otra bomba colocada en septiembre de 2001 en Zarautz (Guipúzcoa).
En primer lugar, Otegui Eraso fue juzgado en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional junto a Oscar Celarain por la colocaciónen del artefacto en los Juzgados de la localidad guipuzcoana de Tolosa.
Durante la vista, Otegui se limitó a manifestar en euskera su negativa a declarar. "Este es un tribunal del pasado", comenzó alegando el acusado, momento en el que el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, le interrumpió: "no quiero consideraciones de ningún tipo, si quiere contestar a las preguntas que le formulen hágalo, pero, si no, siéntese".
"No voy a declarar", zanjó Otegui. En la misma línea, Celaraín también se negó a testificar. "No le concedo ninguna credibilidad a este tribunal", dijo. Según el fiscal Jesús Alonso "ha quedado suficientemente acreditada la comisión y la participación" de ambos en el intento de atentado por lo que elevó a definitiva su petición de 12 años y medio de cárcel para cada uno. Les acusa de la comisión de un delito de estragos terroristas en grado de tentativa.
"El hecho de que avisaran al diario 'Gara' no era para evitar daños, sino para buscar la muerte de los policías y artificieros cuando fueran a desactivar el dispositivo", añadió el representante del Ministerio Público.
Posteriormente, Otegui fue juzgado, esta vez en solitario, en la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal por la colocación de otro artefacto explosivo en la sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social en la localidad guipuzcoana de Zarautz en septiembre de 2001. En este caso las fuerzas y cuerpos de seguridad no lograron desactivarlo.
15 AÑOS DE CÁRCEL
El fiscal elevó a definitiva su petición de 15 años de prisión para Otegui --quien también se negó a declarar-- por la comisión de delito de estragos terroristas. La deflagración provocó daños en el inmueble del Instituto Nacional y en varios vehículos aparcados en la zona. Por ello, el fiscal defendió que como consecuencia de la cantidad de explosivo utilizada en el artefacto "se puso en peligro la vida de los moradores de las viviendas colindantes al lugar de la explosión".
Sin embargo, el representante del Minisetrio Público propuso al tribunal, presidido por Ángela Murillo, la alternativa de condenar a Otegui con 5 años de cárcel en caso de que no estime el peligro que causó la explosión a los moradores de las viviendas cercanas. De hecho, el propio fiscal admitió que ese riesgo "no ha quedado suficientemente acreditado durante la vista" por lo que reconoció que la calificación de cinco años por un delito de estragos "es la más adecuada".
La Fiscalía destaca además que se localizó en uno de los pisos utilizados por ETA para ocultar documentos --registrados a raíz de la detención de Juan Fernández Iradi, 'Susper'-- una anotación realizada por Otegui en la que se señalaba: 'Zarauz, septiembre de 2001. Lugar: Seguridad Social. Explosivo: un tuper con reloj. Cantidad: 3 kilos de Titadyne. Lugar: en la esquina de la persiana".
