Dice que siete etarras trabajan para Chávez, pero entre ellos cuenta a la mujer de Cubillas y a un detenido desde febrero
MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
El ex embajador de Venezuela en Naciones Unidas y ex ministro de Información de este país Diego Arría Salicetti ha alertado de que ETA podría estar financiándose con el dinero y los bienes procedentes de las expropiaciones --la mayoría de ellas contra españoles-- dirigidas por el jefe de Seguridad del Instituto Nacional de Tierras (INTI) y enlace de la banda en el país caribeño, Arturo Cubillas.
Arria Salicetti, que ha declarado como testigo en la causa que investiga las supuestas relaciones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y ETA, ha mantenido horas después un encuentro con periodistas donde ha sido preguntado acerca de si cree que las actividades de Cubillas y los bienes de las fincas expropiadas por el INTI podrían estar sirviendo para financiar a ETA. "Sería milagroso que ese no fuera el caso", ha contestado.
"Ante un hombre que manejó la dirección de recursos de administración del Ministerio de Agricultura es difícil no pensar que no disponga de recursos que puedan financiar a saber qué otras actividades que no tienen nada que ver con el Ministerio de Agricultura", ha añadido Arría.
En su exposición ha denunciado que es Cubillas --a quien ha admitido no conocer en persona-- el encargado de dirigir "las fuerzas de choque" que llevan a cabo esta "política de expropiaciones". "Lo que yo pregunto es si será una casualidad que el mayor número de víctimas en Venezuela sean españoles y que quien conduzca la política de atropello a españoles sea un funcionario de ETA. Yo creo que no es ni una coincidencia ni una casualidad", ha dicho.
Ha denunciado que bajo las órdenes de Cubillas el INTI lleva a cabo una política de "pillaje" y "saqueo" a través de la cual se "arrasan tierras". Ha llegado a calificar estas prácticas de "genocidio" y "delitos de lesa humanidad" ante las que asegura no comprender por qué el Gobierno español "no alza la voz para defender a sus nacionales".
A partir de ahí, ha reiterado que, además de Cubillas, otros seis etarras trabajan para la Administración de Hugo Chávez. Sin embargo, entre ellos incluye a la mujer del propio Cubillas, Goizeder Odriozola y a un terrorista que fue arrestado el pasado mes de febrero en Francia junto al ex 'número uno' de la banda Ibon Gogeaskoetxea.
Además cuenta entre los etarras asalariados por el INTI a Asún Arana, viuda de Miguel Beñarán Ordeñana, 'Argala' deportada desde Argelia en 1987; Eugenio Barrutiabengoa Zabarte, acusado de 10 asesinatos; Luis María Olalde Quíntela, acusado de 4 asesinatos; Jesús Ricardo Urteaga Repolles, implicado en 4 crímenes y José Martín San Sebastián Aguirre, imputado en dos asesinatos.
ACUSA EL EJÉRCITO VENEZOLANO
En cuanto al objeto de la causa que se investiga en la Audiencia Nacional y al supuesto entrenamiento de etarras en los campamentos de las FARC instalados en suelo venezolano, Arría no ha profundizado en exceso sobre la información aportada al juez, aunque se ha mostrado convencido de la implicación de las autoridades venezolanas. "No es posible que una sola persona (Cubillas) pueda montar estos cursillos. Dada la ubicación de estos campos es imposible llegar sin la ayuda del Ejército venezolano", ha explicado.
Ha reiterado que la mejor información de estas relaciones obra en poder de las autoridades colombianas a partir de la documentación incautada a los dirigentes de las FARC fallecidos, Luis Edgar Devia Silva, 'Raúl Reyes' y Víctor Julio Suárez Rojas, alias 'Mono Jojoy'. Por ello ha instado a Colombia y de manera indirecta a su nuevo presidente José Manuel Santos a que informe sobre estas cuestiones.
"Colombia tiene que decirle a la comunidad internacional que, o el presidente Uribes es un mentiroso y esos campos no existían, o si existían por qué entonces ahora no los revela. En este caso pasan a ser cómplices y el terrorismo es delito", ha enfatizado.
Tras la declaración de Arría, el juez Velasco debe recibir --en este caso por escrito-- el testimonio del ex general de las fuerzas armadas de Venezuela, Néstor González González, residente en Costa Rica y reclamado por la Justicia venezolana que le acusa de haber participado en el intento de golpe de Estado contra Chávez en 2002. Arría asegurado que no conoce personalmente al militar pero ha resaltado que tiene "informaciones muy precisas" sobre el fondo de la investigación.
