MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, ha criticado la "extrema ignorancia" del embajador de Venezuela en España, Julián Isaías Rodríguez, sobre el funcionamiento de la justicia española, y le ha recordado que en nuestro país "se respetan todos y cada uno de los derechos fundamentales y libertades públicas".
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la APM, Antonio García, ha lamentado las "gruesas declaraciones" realizadas este martes por el embajador venezolano, quien ha asegurado tener "serias dudas" de que las declaraciones realizadas por los dos etarras que confesaron haber recibido instrucción en Venezuela en el verano de 2008 fueran "totalmente voluntarias". Poco después, ha aclarado que no tenía la intención de imputar "ni soborno ni tortura" al Gobierno español.
"Aquí no se obtienen declaraciones por la fuerza ni en contra de la voluntad de los interrogados", ha señalado García en relación con las manifestaciones del embajador venezolano, a quien ha invitado a "demostrar esas acusaciones ante un tribunal". "Se deben a una extrema ignorancia en la mejor de las hipótesis y, por tanto, no deben provocarnos ni frío ni calor", ha añadido.
Tras destacar que la Justicia española "ha cumplido con su obligación, que es la de perseguir presuntos hechos delictivos", el portavoz de la APM ha destacado que la exigencia de extraditar a los presuntos etarras que viven en Venezuela "corresponde al Ejecutivo y al campo de la política y de la diplomacia". "Que la Justicia entre en ese territorio podría considerarse una actuación extramuros y una politización", ha dicho.
Los presuntos etarras Javier Atristain, 'Golfo', y Juan Carlos Besance, 'Fenómeno', aseguraron a la Guardia Civil tras ser detenidos la semana pasada que recibieron formación a cargo del presunto etarra Arturo Cubillas Fontán, funcionario de la Administración que dirige Hugo Chávez.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ordenó el pasado 1 de marzo a Interpol la busca y captura de Cubillas Fontán tras procesarle, junto a otros cinco presuntos etarras y otros seis supuestos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en un auto en el que alertaba de la "cooperación gubernamental" del Gobierno de Venezuela "en la ilícita colaboración" entre estos dos grupos terroristas.
