No encuentra elementos suficientes para afirmar que el terrorista, que trató de atentar contra Barrionuevo fuera efectivamente torturado
MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España a indemnizar con 23.000 euros por daños morales a Mikel San Argimiro Isasa -etarra condenado a más de 100 de prisión por, entre otros delitos, intentar asesinar a los ex ministros socialistas José Barrionuevo y Matilde Fernández-, al estimar que la Justicia española no investigó en profundidad las denuncias por torturas que éste interpuso tras su detención, ocurrida en Madrid en 2002. La Corte Europea no encuentra, sin embargo, elementos suficientes para afirmar que el terrorista fuera efectivamente torturado.
El tribunal, presidido por Josep Casadevall, estima que en el caso de San Argimiro se vulneró el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, en lo relativo a una falta de investigación efectiva de sus denuncias, que interpuso tras su detención tanto ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional como en un Juzgado de San Sebastián.
San Argimiro fue detenido el 14 de mayo 2002 como responsable entre otros, de presuntos delitos de pertenencia a organización terrorista, depósito de armas y munición e intento de asesinato. Antes de ser trasladado a la Audiencia Nacional, pasó cinco días en la Dirección de la Guardia Civil en Madrid, donde fue examinado varias veces por un médico forense.
El juzgado de San Sebastián que recibió la denuncia de torturas se inhibió en favor del de instrucción número 43 de Madrid, que rechazó la existencia de malos tratos al estimar, en coincidencia con el informe médico, que las lesiones que presentaba Isasa se justificaban por las circunstancias violentas en que se produjo su detención.
La Audiencia de Madrid, ante la que se recurrió esta decisión, confirmó los mismos extremos en febrero de 2005, mientras que el Tribunal Constitucional rechazó la iniciativa de amparo de Isasa por entender que carecía de contenido constitucional.
Sobre la investigación española de las torturas denunciadas, el TEDH señala que fue insuficiente por basarse casi exclusivamente en el informe médico inicial, por lo que considera que la actuación de la Justicia española no fue lo bastante profunda para cumplir con las exigencias del artículo 3 de la Convención europea de Derechos.
Recuerda el tribunal europeo que la propia Audiencia Provincial reconoció la dificultad de identificar a los autores de los presuntos malos tratos. En este punto no considera "excesivo" exigir a las autoridades españolas la adopción de medidas suplementarias para clarificar en profundidad este tipo de cuestiones.
HAY DUDAS SOBRE EXISTENCIA DE TORTURAS
Sobre la existencia de torturas en sí, el tribunal europeo reconoce en su sentencia que no puede concluir "más allá de toda duda razonable" que el recurrente fuera sometido a malos tratos tras su detención, tal y como denunció. No obstante, subraya que esta imposibilidad se debe en gran parte a "la ausencia de una investigación efectiva y en profundidad" de la citada denuncia por las autoridades nacionales.
En 2204, la Audiencia Nacional condenó a los etarras Mikel San Argimiro Isasa e Imanol Miner Villanueva a 118 y 108 años de cárcel, respectivamente, por, entre otros delitos, intentar asesinar a los ex ministros socialistas José Barrionuevo y Matilde Fernández, de cuyos itinerarios tenían croquis y planos.
Miner y San Argimiro fueron detenidos además por dos delitos de conspiración para el homicidio con fines terroristas; cuatro de homicidio terrorista en grado de tentativa; depósito de armas y municiones; tenencia de explosivos; tres de robo con fuerza de vehículos a motor y uno continuado de falsedad. San Argimiro fue condenado entonces, además, por el de pertenencia a banda armada.
Los miembros del "comando Txirrita" habían recopilado una detallada información sobre diversas personalidades de la vida política, social y económica, jueces y fiscales, policías y militares. Entre ellas figuraba el ex ministro de Interior socialista José Barrionuevo, del que habían elaborado una detallada información sobre sus domicilios, costumbres e itinerarios, y habían decidido atentar contra él en fechas próximas.
Un año antes, Garzón había procesado junto a otros miembros del "comando Txirrita" por delitos de terrorismo con resultado de lesiones por la colocación de un coche-bomba junto al estadio Santiago Bernabeu, en Madrid, el 1 de mayo de 2002, cuando se iba a jugar un partido entre el Real Madrid y el Barça.
En el piso en el que se escondía en Madrid, San Argimiro guardaba entre otra documentación recortes de prensa de la cantante Rocío Jurado. Concretamente había una fotografía en la que aparece junto a su marido, el torero José Ortega Cano, y la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, informaron en fuentes de la investigación.
Asimismo, disponía de información sobre el entonces secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, el ex-presidente del Gobierno Adolfo Suárez, su hijo Adolfo Suárez Illana, así como de varios empresarios y banqueros.
