La formación 'abertzale', ilegalizada en 2008, alegó que el TS y el TC vulneraron el Convenio Europeo de Derechos Humanos
MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, se pronunciará mañana, martes, sobre la ilegalización de la formación Acción Nacionalista Vasca (ANV), que el Tribunal Supremo decretó el 22 de diciembre de 2008, informaron fuentes jurídicas.
Los abogados de la formación 'abertzale', que fue vetada por el alto tribunal por su vinculación con la ilegalizada Batasuna y la organización terrorista ETA, denunciaron que la decisión judicial del Supremo, que fue confirmada por el Constitucional el 29 de enero, vulneró el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Los magistrados del Tribunal de Estrasburgo tendrán que pronunciarse sobre si la ilegalización vulneró el artículo 10 de la carta, que recoge la libertad de expresión; y el 11, que establece el derecho de reunión y asociación, como expusieron los abogados de la formación 'abertzale'.
DISOLUCIÓN COMO PARTIDO
La Sala del 61 del Supremo dictó la sentencia de ilegalización el 22 de diciembre de 2008 y acordó la disolución de la formación 'abertzale' como partido político tras admitir las demandas que habían presentado la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
El Constitucional rechazó el 29 de enero de 2009 el recurso de amparo presentado por ANV en una sentencia en la que confirmaba la "relación demostrada" entre esta formación y ETA, y destacaba como "especialmente relevante" su postura pública frente al fenómeno terrorista, al utilizar "lemas, símbolos y proclamas" como los que habitualmente ha venido usando Batasuna para legitimar la violencia.
El TC también constataba la perfecta adecuación del criterio del Tribunal Supremo, cuya sentencia era calificada de "razonable y meditada", a los requisitos señalados en la Ley de Partidos Políticos (LPP) para disolver un partido político.
El Supremo destacaba en su sentencia la negativa de los miembros electos de ANV a condenar los atentados de ETA y su colaboración con miembros de la ilegal Batasuna durante y tras las elecciones locales de 2007, en las que se permitió concurrir a algunas de las listas presentadas por esta formación, mientras que otras 133 fueron anuladas por considerarse "continuadoras" de la formación ilegalizada en 2003.
