El ex diputado De Miguel reitera su "total y absoluta inocencia" en la supuesta trama de espionaje y cohecho en Álava

VITORIA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ex diputado de Administración Local, Alfredo de Miguel, principal imputado en la supuesta trama de espionaje y cohecho en Álava, ha reiterado su "total y absoluta inocencia" y ha denunciado que el "uso partidista" de la Comisión de investigación parlamentaria, "demuestran que el objetivo de este proceso era y es el PNV". "Las personas afectadas y afiliadas, simplemente somos la conexión para relacionar al PNV con presuntas conductas delictivas", ha lamentado.

De Miguel, ha comparecido este lunes ante la Comisión que investiga el caso en el Parlamento vasco. En la entrada del Legislativo, el portavoz del grupo jeltzale, Joseba Egibar, ha recibido al ex diputado con un abrazo, acompañado de los parlamentarios del PNV Nerea Antia y Mikel Martínez. El ex número dos del ABB entregó, junto a Aitor Telleria y Koldo Otxandiano, el carné del partido tras conocerse esta presunta trama.

Tras leer un comunicado a los parlamentarios, el ex burukide ha comparecido 20 minutos después ante los medios de comunicación, para dar a conocer el contenido de su intervención ante la comisión parlamentaria, en el que desvela "algunos de los puntos que constituyen su defensa" frente a la denuncia de la letrada Ainhoa Alberdi, que ha dado lugar el procedimiento judicial que actualmente está en curso.

De Miguel ha denunciado el "juicio mediático sin precedentes" al que ha sido "sometido" durante este año, y ha criticado que algunos miembros del parlamento le hayan declarado "culpable públicamente". En este sentido, ha criticado que se ha hecho un "uso partidista" de la Comisión de investigación, que supone "una desnaturalización y desprestigio total de la Cámara", y que "demuestran que el objetivo de este proceso era y es el PNV".

"Las personas afectadas y afiliadas, simplemente somos la conexión para relacionar al PNV con presuntas conductas delictivas. Pese a quien pese, demostraremos nuestra inocencia", ha insistido.

El ex burukide ha reiterado su "total y absoluta inocencia" y ha subrayado que "nunca ha incurrido en incompatibilidad alguna mientras ha sido diputado foral de Álava". Además, ha recordado que los cargos públicos tienen asignado un periodo determinado para los casos de incompatibilidad antes de ser designados.

Asimismo, ha defendido que sus participaciones en las sociedades Kataia Consulting y la constructora Eskalmelo figuraban en sus declaraciones de bienes y actividades tanto en la diputación alavesa como en la caja Vital. "Pretender que se trata de algo oculto o fraudulento es absurdo, y no cabe pretender que se trataba de empresas tapadera", ha insistido. Por otro lado, ha resaltado que "voluntariamente" renunció a sus derechos como afiliado al PNV hasta que concluya el proceso judicial y "quede ratificada mi inocencia".

De Miguel ha explicado que la denunciante, Alberdi fue su abogada en varias ocasiones, y trabajaron juntos en la realización de varios proyectos que se realizaron antes de que fuera nombrado diputado foral de Álava. Según ha detallado, el "problema" surgió cuando el grupo al que pertenecía Urbanorma Consulting, no pagó el importe de unos trabajos que la empresa Kataia había realizado, y que fueron adjudicados en el año 2006. "La deuda todavía existe", ha reiterado.

"PAGO DE DEUDA"

Al respecto, ha defendido que "se reclamó el pago de la deuda, de ninguna forma se solicitó el cobro de comisiones como pretende hacer creer la denunciante". "¿Qué sentido tiene pedir una comisión a una persona con la que tenía una fluida relación y que me estaba prestando servicios como abogada?", se ha preguntado.

Además, ha subrayado que Alberdi "se siguió presentando como candidata para hacer otros trabajos". "¿Es lógico que una persona que dice que se le solicitan comisiones que dice que no abona, se presente a nuevos trabajos?", se ha preguntado.

En este sentido, ha afirmado que no tuvo "responsabilidad alguna" con la adjudicación del contrato de Urbanorma Consulting con el Parque Tecnológico de Álava en el año 2006, ya que en ese año no tenía responsabilidades en el Parque de Miñano. Sin embargo, ha explicado que en el año 2008, Alberdi le solicitó, que, en calidad de viceconsejero del parque Tecnológico, "le detallara cómo aplicar el contrato". "Al parecer, mis explicaciones no fueron de su agrado porque reducían sus expectativas previstas", ha afirmado.

Por otro lado, ha hecho referencia a los contratos con el Departamento de Cultura para recordar que los contratos menores, se pueden realizar sin publicidad y tan sólo es necesario aprobar el gasto y presentar la factura, "trámites que se cumplieron en todos los contratos que están siendo objetivo de investigación".

"Son las mismas exigencias que deben cumplir los actuales gestores del Gobierno vasco; si consideran que es insuficiente, son los parlamentarios quienes pueden cambiar la ley", ha defendido.

De Miguel también ha indicado que las recalificaciones de suelo en Zambrana (Álava) se iniciaron en el año 2005, cuando no tenía responsabilidades en la diputación alavesa, y ha subrayado que la modificación de las normas subsidiarias de la localidad fueron realizadas por el actual regidor, el independiente Aitor Abecia,y "no por un alcalde del PNV".

Por ultimo, ha recordado que todas sus cuentas y las de su familia han sido investigadas "sin que se haya detectado enriquecimiento ilícito alguno" y se ha negado a contestar las preguntas, ya que el proceso judicial está abierto.

JUICIO MEDIÁTICO

El abogado de Miguel, Gonzalo Susaeta, ha denunciado el "juicio mediático paralelo" que se ha estado realizando desde hace más de un año, que ha tenido "consecuencias graves para su persona, los demás imputados y para sus respectivas familias".

Asimismo, ha hecho referencia a la publicación en un medio de comunicación escrito del contenido del acta de comparecencia de la empresaria Ainhoa Alberdi, la persona que denunció el caso de presunta corrupción en Álava. Según Susaeta, esta misma mañana han solicitado al presidente de la Comisión, Juanjo Agirrezabala (EA) que la declaración de de Miguel se realizara con la presencia de los medios de comunicación pero se ha prohibido este supuesto, de acuerdo con lo que establece el reglamento de la Cámara.

Por otro lado, ha precisado que la jurisdicción penal tiene competencia "exclusiva y excluyente" sobre los hechos, por tanto, cuando está abierto un procedimiento penal "no se puede abrir otros procedimiento judicial, ni un procedimiento administrativo como una comisión parlamentaria en la que se va a investigar lo mismo, con la desventaja de que en la comisión, los imputados en un procedimiento penal no son parte, por lo que no pueden presentar las pruebas que amparan su defensa, ni interpelar a las acusaciones".