MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
Raúl Quílez, quien en febrero dimitió como director general de Innovación de la Generalitat Valenciana y el día de la dana era gerente de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE), ha evitado este lunes aclarar en el Congreso por qué los vídeos que una empresa subcontrada por la SGISE grabó en el Cecopi el 29 de octubre de 2024 no se entregaron inmediatamente al juzgado de Catarroja que instruye la causa por la riada.
Pese al empeño de los miembros de la comisión de investigación del Congreso en obtener explicaciones sobre este extremo, el compareciente se ha remitido en todo momento a lo que ya declaró en el juzgado sobre el particular, rehusando dar ningún detalle de por qué esas imágenes tardaron casi un año en llegar a la jueza. "Me remito a lo que declaré en el juzgado de Catarroja y poco más que añadir en ese sentido", ha dicho de modo genérico.
Quílez dejó el puesto para el que había sido nombrado por el nuevo ejecutivo de Juanfran Pérez Llorca una semana después de declarar como testigo ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra. En aquella declaración, a la que se ha remitido este lunes, reconoció que había tenido acceso a los vídeos de la reunión del Cecopi en los que se veía a Pradas dando instrucciones y asumiendo el mando y que estuvieron ocultos once meses.
En el juzgado señaló que se enteró de la existencia de los vídeos por una pregunta parlamentaria y que tuvo acceso a ellos en marzo de 2025, si bien no se enviaron al juzgado de Catarroja hasta principios de octubre, tras ser requeridos por la magistrada. Sí ha admitido en sede parlamentaria, y ante la pregunta del PSOE de si llegó a ver el contenido de los vídeos, ha respondido: "Los vería".
A preguntas del diputado de Podemos Javier Sánchez Serna, Quílez ha aprovechado para subrayar que no le cesaron, sino que dimitió él, que ya tenía tomada la decisión "mucho antes" y que su salida no tuvo "nada que ver" ni con la dana ni con su declaración judicial.
CESARON A SU PAREJA
Sánchez Serna ha puesto en duda esta afirmación, tras apuntar que el mismo día se cesó a la hasta entonces secretaria autonómica de Emergencias e Interior Irene Rodríguez, esposa del compareciente. "Usted dirá que no es una represalia, pero a mi me parece una purga", ha lanzado ante el silencio de Quílez.
Sobre este extremo, la diputada de ERC Teresa Jordá le ha pedido saber si le pusieron "contra las cuerdas" para presentar su dimisión, a lo que el ponente ha insistido que tenía sus motivos para hacerlo y que lo hizo por ser "coherente" con sus ideas, pero ha desligado esta decisión de la catástrofe de la dana. "No tiene nada que ver mi dimisión ni con la dana ni con mis declaraciones en el juzgado de Catarroja ni con lo vídeos" del Cecopi, ha recalcado.
En su turno, el diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibañez, le ha llegado a preguntar si le habían ofrecido "dinero por callar", a lo que el excargo de la Generalitat ha respondido, visiblemente molesto, que ese interrogante le ofendía porque es una persona "entera".
Su compañero de grupo Nahuel González le ha preguntado entonces cómo le cambió la dana la vida, a lo que el comparecienta ha dicho que lo hizo "para mal", pero que no podía comentar por ser cuestiones personales.
Durante su comparecencia ha explicado que fue su mujer quien el 29 de octubre de 2024, cuando ya había terminado su jornada, le informó de que se había enterado "por redes sociales" de que se había convocado el Cecopi, pero no ha cuestionado esta forma de comunicación. "El modelo funciona así", se ha resignado.
También ha informado de que a las 18.00 le llamó la directora de la empresa que llevaba la comunicación de la SGISE, de parte del secretario autonómico de Emergencias, el imputado Emilio Argüeso, para que se incorporara a la reunión donde en todo momento fue "un invitado de piedra", como así lo relató ante la jueza de Catarroja.
NO TENÍA PAPEL OPERATIVO NI SABE QUÉ HACÍA EN EL CECOPI
En todo momento Quílez ha negado tener un "papel operativo" pues únicamente era el gerente de la citada empresa pública y no formaba parte de la estructura del Cecopi. "Nunca me dijeron cuál era mi rol allí", ha llegado a afirmar.
"Yo no tengo funciones operativas, en la SGISE prestamos el servicio de personal, equipamiento y vehículos que requiere la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta en Emergencias", ha dicho, admitiendo que no recibieron peticiones expresamente para aquella jornada.
Preguntado si era consciente de los avisos que venía realizando la Agencia Estatal de Meteorología los días previos, ha indicado que no formaba parte de "ningún grupo de gestión de las emergencias", y respecto a si los técnicos presentes en el Cecopi tomaban decisiones operativas ha dicho desconocerlo.
Sí ha recordado que les escuchó "aportar ideas" de "todo el mundo" que estaba allí sobre la redacción del mensaje que debía alertar a la población, pero ha rechazado que hubiera un "guirigay" o que esa situación se asemejara a una "discusión de barra".
Tal y como relató en el juzgado, Quílez ha mencionado las "dudas" expresadas por la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas, la otra imputada en la causa, sobre la conveniencia o no de confinar a la ciudadanía, habida cuenta de la sentencia del Tribunal Constitucional que cuestionaba los confinamientos durante la pandemia.
Según su testimonio, durante la reunión "se tomaban las acciones en relación con la información que iba llegando", pero no ha explicado si sintió que faltaba información sobre lo que estaba sucediendo.
Eso sí, ha apuntado que, desde su llegada a las 18.30 horas al Cecopi, se habló "mucho" de Forata pero no recuerda que entre las 19.00 y las 20.11 horas (cuando se envió el Es Alert) se hablara del riesgo del desbordamiento del barranco del Poyo. Ha recordado también que desde que él se incorporó no recuerda que la AEMET o la Confederación Hidrográfica del Júcar diera datos de la evolución de los cauces en general.
REVISAR PLANES DE INUNDACIÓN
En este contexto, se ha referido a la dana como "una de las mayores castástrofes europeas desde la II Guerra Mundial, por no decir la mayor" y ha pedido abrir una reflexión "a nivel de todo el Estado, no sólo de la Comunidad Valenciana" porque, a su juicio, los instrumentos técnicos que rigieron la gestión de la riada "son los derivados de la legislación nacional".
El compareciente también ha abogado por revisar los planes de inundación de la Generalitat y ha recordado que cada municipio "tiene articuladas sus acciones en relación con la gestión de las emergencias".
Según ha propuesto, hay que hacer modelos de previsión "mucho más potentes que permitan a los técnicos recalcular de forma más rápida", lo que, a su juicio, conlleva la necesidad de mejorar la integración de más radares y pluviómetros y de que los sistemas de alerta temprana sean modelos "más agiles y operativos".