Actualizado 14/03/2014 20:42 CET

El exconsejero Blasco reitera su inocencia y critica que la Generalitat le acuse cuando "siempre" avaló su gestión

El juicio queda visto para sentencia tras 31 sesiones repartidas en dos meses en el TSJCV y unas 40 testificales

VALENCIA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exconseller de Solidaridad y diputado No Adscrito en las Corts, Rafael Blasco, ha reiterado su inocencia en el turno de la última palabra del juicio por el 'caso Cooperación' y ha defendido que "siempre" ha estado al lado de la ley. Así mismo, ha criticado que la Generalitat valenciana le acuse cuando "siempre" le ha defendido y ha avalado su gestión.

Blasco se ha pronunciado así el último día del juicio por la primera pieza del 'caso Cooperación', en la que se investigan presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de la extinta Conselleria a la Fundación Cyes en el año 2008, que recibió 1,6 millones de euros para dos proyectos en Nicaragua, de los que solo llegaron a su destino 43.000 euros, puesto que el resto se destinó a la compra de inmuebles en Valencia y al pago de unos 400.000 euros a una mercantil del considerado presunto cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni.

El exconseller ha aprovechado su última palabra en el juicio para reiterar su inocencia frente a las acusaciones tanto de Fiscalía como de la Abogacía de la Generalitat. Sobre esta última parte, ha criticado que ahora le acuse cuando durante sus etapas como conseller "siempre" avaló toda su gestión y le defendió ante distintos tribunales de la ciudad "en la defensa de posiciones en la Conselleria".

Así mismo ha subrayado la "colaboración" que ambos se han prestado "siempre", en una relación en la que la Abogacía de la Generalitat "tenía conocimiento expreso" de sus posiciones en relación a este caso "hasta bien entrado el año 2012". "Hemos estado en reuniones conjuntas facilitando yo toda la información hasta a los más altos representantes del Gobierno de la Generalitat y los máximos representantes de los grupos parlamentarios de las Corts", ha apostillado.

Seguidamente, ha destacado el "daño" que se ha cometido hacia él a lo largo de tres años y medio "de un juicio paralelo" en el que la presunción de inocencia "ha brillado por su ausencia", y donde se han publicado en los medios de comunicación "contenidos concretos de una investigación bajo secreto, generando un daño irreversible en todos los términos, tanto familiares como personales, políticos e, incluso, económicos".

"Haber llegado este juicio -ha agregado-- ha representado para mí un alivio, la posibilidad de poder asistir y conocer de primera mano y directamente, sin intoxicaciones, lo que realmente nos estábamos jugando".

RECONOCE ALGÚN ERROR

Además, ha subrayado las "dificultades que uno atraviesa" cuando pasa por unas circunstancias así, y ha añadido: "en el ejercicio de la responsabilidad pública se cometen errores y aciertos, y estoy convencido de haber estado siempre al lado de la ley y de no haber traspasado nunca ninguna frontera que rozara la ilegalidad".

Blasco también ha tenido palabras para sus compañeros de banquillo, de quienes ha destacado su "honorabilidad": "la personas que me acompañan hoy como acusados que pertenecen a la Conselleria son honorables, y desgraciadamente están aquí porque la pieza que se buscaba era la de Rafael Blasco. Son personas de honorabilidad, integridad total y que no han cometido la más mínima actuación que estuviera en contra de la ley".

Por su parte, la ex secretaria general de la Conselleria, Tina Sanjuán, ha pedido una sentencia "justa, libre e independiente". "Y lo digo -ha agregado-- porque me he sentido instrumentalizada en todo el procedimiento porque nosotros ya nos hemos sometido a un juicio paralelo mediático con intencionalidad que va más allá del terreno administrativo, y el mal está hecho. Se ha terminado con mi vida administrativa, familiar, personal y económica", ha lamentado.

Así mismo, ha destacado, en referencia a la "actitud" de la Abogacía de la Generalitat y de la Fiscalía, que "en un estado de derecho todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario". Sin embargo, ha lamentado que aquí "hemos sido culpables y continuamos siendo culpables hasta que se decida otra cosa, y así lo espero". Sobre la acusación de la Generalitat, ha afirmado que le duele "en lo más íntimo" porque para los empleados públicos es su Abogacía.

Por otro lado, el exsubsecretario de la Conselleria Alexandre Català ha indicado que tiene la conciencia "tranquila" de "no haber cometido ninguna ilegalidad", con lo que ha reiterado su inocencia. Así mismo, ha agregado: "nunca nadie va a decir que recibí una dádiva o un regalo", ha destacado.

"MI LEALTAD ES MI HONOR"

Así mismo, el ex director general Josep María Felip ha subrayad que tiene la conciencia "en paz", que es lo que le "importa": "soy inocente, cumplí con mi deber. Mi lealtad es mi honor y no he hecho otra cosa más que cumplir con lo que mi conciencia me ha indicado", ha puntualizado.

Por su parte, el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis, ha señalado que "nunca" ha cometido ningún delito de falsedad, y que nunca ha cambiado nada y tampoco lo hubiera consentido. El resto de acusados tan solo han intervenido para pedir que se haga justicia.

Con esta última palabra de los acusados, el juicio ha quedado visto para sentencia tras 31 sesiones a lo largo de dos meses en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), por las que han pasado unos 40 testigos -varios de ellos por videoconferencia desde EEUU-- y peritos.

La vista, fruto de dos años y medio de investigación judicial que comenzó en un juzgado ordinario de Valencia, arrancó el 7 de enero, nada más pasar las Navidades, con nueve acusado. Todos ellos intervinieron --según el fiscal--, de alguna manera, en el presunto fraude de las subvenciones, por las que la Fundación Cyes recibió alrededor de 1,6 millones de euros para dos proyectos de abastecimiento de agua en Nicaragua, de los que solo llegaron a su destino 43.000 euros, puesto que el resto se destinó a la compra de cuatro inmuebles en Valencia --tres pisos y un garaje-- y a pagar unos 400.000 euros a una empresa propiedad de Tauroni por trabajos de asesoramiento --Fiscalía contempla que esta cantidad era el 25 por ciento de la comisión que le requería por mediar para que la entidad fuera la beneficiaria de las ayudas--.

Sin embargo, los nueve acusados han negado su participación en ningún fraude, también Tauroni, quien se encuentra en prisión provisional por esta causa desde su origen, ante el posible riesgo de fuga, ya que en alguna ocasión ha mostrado su intención de irse a vivir a EEUU, y por los negocios que mantenía allí. Este mismo viernes, último día del juicio, ha vuelto a pedir su libertad provisional al tribunal, a lo que la Fiscalía se ha opuesto.