El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante el IV seminario 'España en el mundo' de la UIMP, en el Palacio de la Magdalena, a 21 de julio de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Juanma Serrano - Europa Press
MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha condenado este martes las ejecuciones de dos jóvenes manifestantes en Isfahán (Irán), Abolfazl Sepahi-Badejani y Amirhossein Safari Hosseinabadi, tras las protestas en la plaza Alikhani que han provocado una "brutal represión" de las autoridades iraníes.
El departamento de José Manuel Albares ha expresado su pésame a las familias y allegados de los jóvenes y su "extrema preocupación" por el "riesgo inminente de ejecución" sobre "los otros ocho manifestantes encausados en el mismo sumario" a través de un comunicado.
Alireza Sepahi, Ghaem Hosseini, Shervin Bagherian Jebeli, Amirhossein Maleki, Ali Dashti, Abolfazl Ebrahimi, Alireza Raisi y Amirhossein Ebrahimi-Analoucheh son los manifestantes cuyos casos "han sido objeto de severas advertencias por parte de los relatores y procedimientos especiales de las Naciones Unidas".
Por ello, Exteriores ha instado al Gobierno iraní a "detener de inmediato la ejecución de las sentencias capitales" y "conmutar dichas penas", en línea con los pronunciamientos urgentes de la ONU, y ha exigido "respeto" a las garantías procesales, el derecho a la defensa y el juicio justo recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles del que Irán forma parte.
El departamento que dirige José Manuel Albares ha insistido en que la posición de España es "firme e inequívoca": "la oposición absoluta a la pena de muerte en cualquier circunstancia y en cualquier lugar del mundo". Y ha enfatizado que se trata de una "sanción cruel, inhumana y degradante" e "irreversible" impidiendo corregir "eventuales errores judiciales".
Por último, Exteriores ha asegurado que hará uso de "todos los canales diplomáticos a su alcance", como la membresía en el Consejo de Derechos Humanos, para pedir el fin de estas ejecuciones y la moratoria sobre la pena de muerte como paso previo a su "definitiva abolición legal".
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