MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -
España ha extraditado a Francia a otro de los detenidos por supuestamente vender móviles con el sistema 'encrochat' --un tipo de encriptación usado por organizaciones criminales--. La entrega al tribunal de Lille, la segunda que se produce en pocos días, se efectuó este lunes para cumplir con la orden de detención y entrega (OEDE) emitida por el país vecino, según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.
Los dos, más un tercero, fueron detenidos al acusarles Francia de cometer delitos relacionados con el tráfico de drogas, blanqueo de capitales, delitos informáticos, conspiración, participación en organización criminal y tráfico de armas, municiones y explosivos durante el periodo comprendido entre los años 2017 al 2021.
Tras la detención en Madrid, el juez explicaba en el auto por el que acordaba enviarles a prisión que el fiscal interesaba esa medida cautelar por el riesgo de fuga, la falta de arraigo y dada la gravedad de los hechos.
En la OEDE emitida por el tribunal de instancia de Lille (Francia), al que también tuvo acceso esta agencia, se indicaba que fue en 2018 cuando la Gendarmería descubrió un sistema telefónico encriptado utilizado por grupos criminales y denominado 'encrochat'.
La investigación francesa reveló que los detenidos supuestamente vendían este tipo de teléfonos a través de la empresa CIFRATEC y facilitaban a la red de 'encrochat' recursos logísticos en España a través de su empresa Inversiones Carambola.
"También proporcionaba 'guarderías' que se encargaban de recibir las tarjetas SIM y que eran personas vinculadas al tráfico de productos estupefacientes", decía la OEDE, añadiendo que esto permitía enviar teléfonos con esta tecnología "a delincuentes de todo el mundo".
QUEJAS POR EL PROCEDIMIENTO
Después de producirse la detención de estas tres personas, la defensa de dos de ellos, hermanos, se movilizó para tratar de evitar la extradición. Desde un primer momento han denunciado irregularidades en el proceso porque entendían que el juez de la Audiencia Nacional recogía en su auto que eran reclamados por una sentencia condenatoria de 30 años, cuando en realidad sólo son investigados.
Así, en diversos comunicados han calificado la orden de detención de "ilegal" y emprendieron una recogida de firmas para protestar. En paralelo, mandaron un escrito al presidente de la Audiencia Nacional afeando que Pedraz actuara con "notable negligencia" al tomar la decisión de forma "arbitraria y apresurada". Pero la decisión del juez ha sido avalada por la Sala de lo Penal.
La semana pasada, la defensa de ambos elevó una reclamación al Defensor del Pueblo con el objetivo de que paralizara sendas entregas al entender que se trataba de una "deportación forzosa".
Desde el Defensor del Pueblo, según documento que ha podido consultar esta agencia y que está fechado el 18 de agosto, acusaban recibo de dicho escrito y apuntaban que estudiarían si admiten o no a trámite la queja. Sin embargo, ya adviertían de que la presentación del documento no suspendía la ejecución de la resolución judicial ni interrumpía plazos legales.
Fuentes de la defensa explicaron a Europa Press que valoran además acudir a la ONU por lo que entienden que es una violación de la Convención contra la Tortura.
JUAN CARLOS CAMPO
Además, consideran que uno de los magistrados de la Sala de Vacaciones de la Audiencia Nacional, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo, se debió abstener de conocer sobre este asunto dado que, teniendo la cartera de Justicia, tuvo un papel crucial en las relaciones de España con Eurojust, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal.
Señalan que en la memoria anual de 2020 de la Delegación de España en Eurojust, de la que tuvo conocimiento Campo, se hacen varias referencias al caso 'encrochat'. Así, sostienen que tuvo conocimiento previo y debió por tanto apartarse de la deliberación de la Sala de lo Penal sobre la extradición. Ahora, la Defensa sopesa elevar una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el exministro.
