La defensa pidió la absolución y denunció que el banquillo debería estar ocupado por empresarios agrícolas de Valladolid
VALLADOLID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Valladolid dejó hoy visto para sentencia el juicio celebrado en los últimos tres días contra el ciudadano rumano Florea F, para quien el Ministerio Fiscal acordó mantener la petición de 6 años de cárcel por delito contra los derechos de los trabajadores cometido en 2004 al considerar que el acusado practicaba una especie de "esclavitud moderna", ya que actuaba como "Padrino" o "benefactor" con el fin de explotar laboralmente en España a compatriotas a los que traía desde su país.
Pese a reconocer las dificultades de que la Sala imponga al procesado la pena de 6 años de cárcel por delito del artículo 318 del Código Penal, debido a que los dos compatriotas que denunciaron los hechos y la mayoría de los testigos claves ni siquiera comparecieron en el juicio por estar en paradero desconocido, el fiscal no modificó sus conclusiones pero, en cambio, introdujo como alternativa la solicitud de 2 años de privación de libertad y el pago de una multa de 1.080 euros por delito del artículo 312.2, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
En su alegato final, el acusador público incidió en que como prueba se cuenta únicamente con el testimonio del propio acusado, quien reconoció haber traído al menos en dos ocasiones a España en su furgoneta a quince ciudadanos rumanos con los que luego, una vez en Cabezón de Pisuerga, formó cuadrillas para trabajar en explotaciones agrícolas, bien recogiendo piedras, patatas, zanahorias o espárragos o bien colocando tubos de riego, siempre bajo condiciones restrictivas de sus derechos como trabajadores, ya que carecían de contrato y no estaban dados de alta en la Seguridad Social.
CONTROL ABSOLUTO
Así, el fiscal denunció que Florea F, prevaliéndose de su dominio del idioma, "controlaba por completo" la vida de los compatriotas que compartían vivienda con él en Cabezón, a los que cobraba 26 euros al mes en concepto de alquiler "en condiciones infrahumanas" y a quienes, además, retenía el 10 por ciento del salario que pactaba con los empresarios agrícolas, así como otros 3 ó 4 euros más por transportarles en su furgoneta hasta los tajos.
"Los interesados aceptaban voluntariamente porque no tenían otra alternativa, mientras que uno que no quiso aceptar tuvo que soportar sus iras", incidió el fiscal en referencia a uno de los rumanos que denunció al acusado por, supuestamente, darle de patadas y pegarle con un palo tras negarse a percibir 50 céntimos de euro por cada kilo de pescado que limpiara.
Frente a la postura del acusador público, la defensa solicitó una sentencia absolutoria por falta de pruebas y, como detalle llamativo, incidió en que quienes verdaderamente tenían que estar sentados en el banquillo eran aquellos empresarios agrícolas de la provincia que contrataron a los rumanos de forma irregular, ya que su patrocinado actuaba únicamente como mero "intermediario".
En la tercera y última jornada del juicio declararon distintos ciudadanos rumanos que trabajaron para Florea F, quienes aseguraron que en ningún momento se sintieron engañados y que aceptaron voluntariamente las condiciones que les ofreció el acusado.
Incluso uno de ellos, así como el arrendador de la vivienda de Cabezón en la que vivían Florea F. y otra decena de rumanos, aseguraron haber escuchado que el acusado fue denunciado por dos compatriotas, Ionel P. y Linca S, que al día siguiente le pidieron cada uno 1.000 euros a cambio de retirar la denuncia. Estos dos últimos, precisamente, figuran entre los testigos que no comparecieron en el juicio por estar en paradero desconocido.
