La UPF ofrece su colaboración al lehendakari "en el camino iniciado de erradicar la violencia"
BILBAO, 25 May. (EUROPA PRESS) -
El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, afirma que "toda política penitenciaria debe ir dirigida a la reinserción" y "luego habrá que ver cada caso y cada preso".
Calparsoro, que ha participado en la inauguración del XXVII Congreso de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) que se celebra en la sede del Colegios de Abogados de Vizcaya, en Bilbao, a la que ha asistido el lehendakari, Patxi López, ha señalado que la política penitenciara "corresponde al Gobierno en una primera instancia y, después, a los tribunales".
"No sé si hay que cambiar la política penitenciara, pero, en todo caso, el fin está claro, el fin es la reinserción para cualquier penado privado de libertad, por lo que toda política penitenciaria debe ir dirigida a la reinserción, luego habrá que ver cada caso y cada preso", ha reiterado.
Asimismo, se ha referido también a la decisión de que debe adoptar el Tribunal Constitucional sobre Sortu y ha precisado que "ahí estamos pendientes", para recordar que "la fiscalía estamos sujetos al principio de unidad de actuación y la posición la marca la Fiscalía General del Estado".
Por su parte, en su intervención en el acto de inauguración, la presidenta de la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), María Moretó, ha ofrecido al lehendakari, Patxi López, su colaboración en el "camino iniciado de erradicar la violencia" porque "debemos seguir avanzando en el camino de excluir a los violentos y que no tengan ninguna cabida en nuestra sociedad".
Moretó ha explicado que en congreso van a debatir sobre la necesidad de "una convivencia en paz, que integre absolutamente a todo el mundo" porque "sólo hay que excluir a los violentos".
A su juicio, "no hay mejor lugar para debatir esto que en el País Vasco, donde ahora no hay violencia pero debemos seguir avanzando en el camino de excluir a los violentos, que no tengan ninguna cabida en nuestra sociedad".
"Si en algo podemos colaborar en este camino iniciado de erradicar la violencia, puede contar con la UPF, porque nosotros estamos decididos a que esto sea así", ha ofrecido al lehendakari.
En ese sentido, el Fiscal Superior del País Vasco ha explicado que la aportación de la UPF para acabar con la violencia se puede concretar en "la aplicación de la legalidad en una visión de protección de los intereses sociales y, en el aspecto concreto de las penas privativas de libertad, con un cumplimiento de la Constitución de aplicación en función de los fines de reinserción, que son los fines principales de las penas privativas de libertad".
SITUACIÓN ECONÓMICA
Por otro lado, Calparsoro ha señalado que la contribución de los fiscales pasa también por hacer "una interpretación de la legalidad que, de alguna manera, suponga una protección y un amparo a los derechos de las personas más vulnerables, las que están sufriendo con más gravedad la crisis que estamos padeciendo, en el aspecto económico". En ese sentido, ha indicado que el congreso se va a centrar en la repercusión de la crisis económica en la pérdida de derechos individuales y colectivos.
Según ha dicho, "estamos sufriendo una situación de recesión económica con efectos muy graves sobre la situación de los ciudadanos, especialmente de los más necesitados". "La situación financiera es muy difícil, con efectos devastadores, y prueba de ello es la reciente intervención nacionalización de Bankia y otras actuaciones del estado sobre otras entidades", ha subrayado.
Calparsoro ha lamentado que "todo ello repercute en la situación económica de las personas" y ha considerado que "los necesarios ajustes de nuestra economía pueden hacerse de manera que no recaiga siempre en los derechos sociales e individuales básicos, pues ello puede repercutir negativamente en el progreso y avance de nuestro pueblo".
Tras recordar que "estamos sufriendo una pérdida de puestos de trabajo sin freno, con una tasa de paro actualmente en el 25 por ciento que sigue aumentando", Calparsoro ha manifestado que, en el congreso, se escucharán a expertos que hablarán de estos temas y a debatir y dialogar de manera seria y reflexiva desde una perspectiva jurídica".
Calparsoro ha advertido de que su actividad como fiscales "no puede ser indiferente ante este drama y, desde nuestra posición progresista, queremos ser activos y adoptar una interpretación de la legalidad que se corresponda con los intereses sociales más vulnerables o desfavorecidos". En su opinión, "existe margen y la justicia no puede ser ajena e insensible a estas situaciones".
Por ello, ha valorado el "esfuerzo" del Gobierno vasco "para ayudar a las personas que ante la crisis se puedan encontrar con mas dificultades" y ha citado el Servicio de mediación implantado para evitar desahucios, al que se ha sumado la Fiscalía vasca, "en cumplimiento con nuestra función constitucional de protección de las personas en situación de vulnerabilidad".
Por otro lado, ha indicado que la defensa de intereses colectivos y sociales también "nos debe llevar a adoptar iniciativas jurídicas en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios que, en estos momentos, pueden verse más expuestos a sufrir situaciones abusivas e, incluso, verdaderas estafas".
Además, Calparsoro ha indicado que en el congreso también van a abordar el tema de "los llamados delitos y crímenes del odio, que tienen lugar cuando una persona ataca a otra y la elige como víctima en función de su pertenencia a un determinado grupo social, edad, raza, identidad de género, etnia, nacionalidad, afiliación política, orientación sexual o discapacidad".
En ese sentido, ha destacado la participación en el congreso del fiscal antidiscriminación de Cataluña, el primero en crearse en todo el Estado, que está trabajando con especial acierto y empeño y nos va a exponer su labor y ayudar a avanzar en este área". Calparsoro ha reconocido que le gustaría que este trabajo "se realizase también en otras fiscalías y, en concreto, en la del País Vasco".
"Los fiscales -ha asegurado- no somos neutrales ante estos desafíos. La sociedad reclama de nosotros una actitud de defensa eficaz de los intereses sociales y de los derechos más básicos y elementales de los ciudadanos, en el marco del estado social y democrático de derecho, tal y como se construye el Estado español según nuestra Constitución".
Por su parte, María Moretó, ha señalado que los fiscales van a debatir sobre la crisis económica y "sobre cómo esa crisis económica repercute en los derechos sociales individuales y colectivos".
Según ha censurado, la crisis económica "se utiliza en ocasiones como excusa para el recorte o merma de los derechos sociales". "Poco a poco, estamos asistiendo a determinadas actuaciones que son la primera piedra para privatizar o semiprivatizar determinados servicios públicos, y de eso vamos a debatir, sobre qué podemos hacer para que los derechos de los ciudadanos se sigan manteniendo y defendiendo en las mismas condiciones que antes".
