MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
El fiscal Jesús Santos solicitó hoy a la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional un total de 116 años de prisión para 12 acusados de pertenecer al GRAPO, detenidos en Madrid entre julio y noviembre de 2002, a la vez que reclamó la ilegalización del Partido Comunista de España Reconstituido -PCE(r)-, al que considera el brazo político de la banda terrorista.
En la sesión de hoy el fiscal elevó a definitivas las conclusiones de su escrito de calificación provisional, en las que pide penas de entre 8 y 14 años para los 12 procesados, detenidos tras la caída de la cúpula de GRAPO en Francia. Jesús Merino del Viejo, alias 'Ernesto', 'Lorca' y 'Jordi', es quien se enfrenta a la condena más alta, de 14 años de prisión, por delitos de integración en organización terrorista, tenencia ilícita de armas y tres de falsificación de documentos, ya que en el piso de Madrid donde fue detenido se intervinieron dos pistolas, munición y diversa documentación falsa.
Por su parte, las defensas de los procesados solicitaron su libre absolución, al mismo tiempo que impugnaron algunas de las pruebas documentales propuestas por la Fiscalía, tales como una sentencia francesa del pasado 6 de enero contra otros miembros del GRAPO, el informe de un agente encubierto quien, según ellos, no ratificó su contenido cuando testificó en la vista oral, o varias fotocopias de documentos supuestamente falsificados.
El fiscal, que mañana dará a conocer su informe de conclusiones, pide para todos los procesados un mínimo de 8 años de prisión por un delito de integración en organización terrorista. Además de a Merino, el representante del Ministerio Público imputa a otros cinco encausados un delito de falsificación de documentos. En concreto, se trata de Yolanda Fernández Caparros y Carmen López Anguita (para quienes pide un total de 11 años de cárcel) y Leoncio Calcerrada, Israel Moleón y Carmen Muñoz Martínez (10 años y 9 meses).
Los seis acusados restantes, para los que se solicitan condenas de 8 años de prisión por integración en organización terrorista, son María Josefa Alarcón, Victorio Calcerrada, Aurora Cayetano, Francisco Javier García Victoria, Juan Carlos Matas Arroyo y Aníbal Saugar. Por su parte, Belén López Calderón, a quien el fiscal acusaba inicialmente también por este delito, no ha sido juzgada en esta causa, ya que se encuentra en Francia en libertad provisional, donde se encuentra pendiente de juicio.
PCE RECONSTITUIDO
Además, el fiscal reclama en sus conclusiones que el tribunal acuerde la ilegalización y la disolución del Partido Comunista de España Reconstituido, conocido por sus siglas "PCE(r)", al que considera que es el brazo político de los GRAPO. Varios de los acusados estaban relacionados con dicho partido. El PCE(r) se encuentra suspendido de actividades desde marzo de 2003 por orden del juez Baltasar Garzón, quien consideró probado que formaba con el GRAPO "una sola estructura terrorista".
Ahora la Fiscalía pide además "la declaración de ilicitud y disolución" del PCE(r) en aplicación del artículo 520 del Código Penal, que faculta a los tribunales a disolver las asociaciones ilícitas, considerando como tales, entre otras, las organizaciones terroristas.
El fiscal acusa al PCE(r) de ser la rama política del GRAPO, y acusa directamente al partido de nutrir ideológicamente a la banda terrorista, "fijando la táctica y estrategia de la lucha armada, eligiendo objetivos, consiguiendo la infraestructura y recursos económicos, escogiendo los responsables de las acciones armadas, y la composición de los autodenominados 'comandos militares'".
Añade que para ser miembro de esos "comandos" hay que contactar primero con alguno de los miembros del PCE (r) en la clandestinidad, someterse a un periodo de adoctrinamiento político, y pasar una "prueba de valía" para recibir el visto bueno de los dirigentes del partido.
