Publicado 15/04/2020 15:46:36 +02:00CET

Fiscales creen que las reformas que propone el CGPJ para reactivar la justicia son inviables ahora mismo

Consideran que estas medidas para agilizar la justicia tras el estado de alarma pretenden solucionar "viejos problemas"

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones de fiscales consideran que las reformas que ha propuesto el Consejo General del Poder Judicial para evitar el colapso de juzgados y tribunales tras el estado de alarma declarado por el coronavirus son inviables en estos momentos y que la justicia se debe reactivar con las medidas disponibles.

Así lo han destacado la Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) en sendos informes que han dirigido a la Fiscalía General del Estado, que pidió su opinión para poder elaborar una respuesta al centenar de medidas que el CGPJ propone para el plan de agilización de la justicia, así como para la reincorporación de los fiscales a sus puestos de trabajo.

Las asociaciones coinciden en que, además de la necesidad de hacer una inversión económica para poder llevar a cabo muchas de las medidas, éste no es el momento de realizar reformas legislativas que, según dicen, pretenden solucionar errores anteriores de la Justicia, cuya causa no se tiene que dar respuesta con la crisis del coronavirus.

Además, subrayan que muchas de las reformas procesales que se proponen se deben tramitar a través de leyes orgánicas y tras un profundo debate para garantizar que se preserven los derechos y garantías de cualquier proceso.

"No es oportuno aportar ahora mismo medidas que pretendan solucionar problemas que lleva acarreando la Justicia desde hace muchísimos años al ser necesarias reformas legislativas que son inviables en estos momentos así como inversiones económicas, en algunos de los casos, que igualmente devienen imposible actualmente", afirma la AF, asociación mayoritaria de la carrera fiscal.

En la misma línea se ha manifestado la UPF, que destaca que el planteamiento que se haga debe "ceñirse a aquellas medidas que requiera el ajuste de la actividad en esta situación excepcional dejando al margen aquellas otras medidas necesarias para paliar viejos problemas de la administración de justicia".

Por su parte, la APIF también se ha opuesto a las reformas procesales propuestas porque, en su opinión, "se tenían que haber hecho en épocas más prósperas y no ahora cuando no hay tiempo o se tienen que soslayar todas las garantías". Además, asegura que muchas de ellas pueden "provocar problemas muy importantes", ya que se eliminan garantías procesales, como ocurriría con el dictado de sentencias 'in voce', ya que se dificulta la posibilidad de una aclaración de sentencia, interposición de recurso e incluso la ejecución de la misma.

Por otro lado, las tres asociaciones coinciden también en insistir en la necesidad de derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que pone fecha tope a la instrucción de causas penales.

REINCORPORACIÓN PROGRESIVA A LOS PUESTOS DE TRABAJO

Atendiendo a la reincorporación de los fiscales a sus puestos, hacen hincapié en una vuelta progresiva a los lugares de trabajo, siempre y cuando se garanticen las medidas de protección y de seguridad y se extremen las cautelas para evitar el riesgo de contagio, como que se celebren las vistas en salas donde se pueda mantener las distancias de seguridad; así como seguir potenciando el teletrabajo en aquellas circunstancias en las que no sean necesarias acudir presencialmente.

La AF apuesta por el uso de sistema de videoconferencia siempre que sea posible, evitar reuniones presenciales y establecer un turno rotatorio de trabajo.

Por su parte, la UPF también señala la posibilidad de seguir realizando parte del trabajo desde casa e insta a favorecer la conciliación familiar sobre todo de los fiscales que tengan a su cargo hijos menores, personas en situación de discapacidad o dependientes, en las semanas en la que se prevé que la actividad escolar no se haya retomado. Así, sugiere que las actuaciones que tengan que ser presenciales sean atendidas por los fiscales que no tengan esas responsabilidades.

Además, insiste en la necesidad del aumento de plantilla y el fomento de las sustituciones internas para poder dar respuesta a la "masificación" de señalamientos de juicios y otras diligencias en la que la intervención del fiscal sea preceptiva o imprescindible.

La APIF, que centra sus propuestas en el orden jurisdiccional penal, que es, según dice, la "esfera" en la que mayor parte de los fiscales desempeñan sus funciones, comparte también este punto y asegura que, o hay una mayor oferta de fiscales o habrá que reducir el trabajo en funciones de "menor trascendencia", que se encontraría en asuntos de otros ordenes distinto al penal.

La AF también contempla esta posibilidad y sugiere intervenir en la jurisdicción social y contencioso-administrativo "sólo cuando haya realmente" vulneración de derechos fundamentales.

Para resolver este problema, la APIF considera "absolutamente imprescindible" comisionar a buena parte de la Secretaría Técnica, Unidad de Apoyo, fiscales adjuntos de los de Sala y "todos o casi todos" los fiscales de los Tribunales Superiores de Justicia, lo que supondría incorporar entre 60 y 100 fiscales, para "despachar papel o acudir a juicios y guardias".

MEDIDAS TECNOLÓGICAS Y HABILITAR AGOSTO

Por otra parte, las asociaciones también proponen el uso de nuevas tecnologías para agilizar los asuntos que tengan pendientes, como la instalación en todos los ordenadores de programas de reconocimiento de voz y transcripción de grabaciones orales, tal y como apunta la AF, o el impulso e implantación del expediente judicial, como señala la UPF.

La APIF va más allá y cree que se debe invertir en inteligencia artificial para que programas informáticos "dieran hecho ya el escrito de acusación a falta de una última supervisión por el fiscal". Asimismo, con el fin de evitar que muchas personas a la puertas de los juzgados, con el riesgo de contagio que ello puede conllevar, plantea la posibilidad de que se informe a las partes del retraso de las vistas a través de una aplicación telefónica.

Por último, una de las propuestas del órgano de gobierno de los jueces que más controversia ha creado entre los distintos operadores jurídicos es habilitar el mes de agosto. La APIF se ha mostrado contaria a esta medida ya que, a su juicio, implicaría que, en un mes de "calor atosigante", fiscales y funcionarios tengan que conciliar, de nuevo, el trabajo con la crianza y cuidado de sus hijos y ancianos sin la ayuda de centros educativos o de apoyo.

Para esta asociación, ello supondría un "coste personal" en los fiscales, pero también en abogados y procuradores que "tendrán que estar atentos permanentemente a Lexnet, sin avances reales en las causas".

Sin embargo, la UPF discrepa en este punto y entiende que habilitar este mes es necesario "en todas las jurisdicciones", ya que, en su opinión, se debe seguir el mismo ritmo "en todo lo que queda de año a fin de dar salida a la acumulación registrada a consecuencia de la pandemia".

Por ello, cree que las vacaciones de verano se deben distribuir entre los fiscales de forma "equitativa" entre los tres meses de verano para que todo momento exista "un número suficiente de profesionales para atender a todos los señalamientos y demás actuaciones".

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