VITORIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Álava ha asegurado, en contra de lo que mantiene el Gobierno vasco, que el Departamento de Educación del Ejecutivo autonómico "tuvo conocimiento directo" en 2014 de la investigación judicial abierta por los presuntos abusos sexuales cometidos por un profesor de Educación Infantil contra varios niños de diversos centros educativos de Vitoria.
El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, ha respondido a través de un comunicado a la versión ofrecida por el Gobierno autonómico sobre estos hechos.
El Departamento de Educación, a través de un comunicado previo, ha argumentado que este profesor seguía dando clases porque, desde la Consejería, se "desconocía" la existencia de una investigación judicial por los presuntos abusos sexuales que habría cometido. "La Fiscalía de Menores de Álava no ha informado al Departamento de dichas actuaciones", ha asegurado el Ejecutivo.
El fiscal jefe de Álava ha querido "salir al paso" de estas afirmaciones, y ha precisado que el Departamento de Educación "tuvo conocimiento directo sobre la existencia y contenido de la investigación que estaba llevando a cabo la Fiscalía"·.
Izaguirre explica que la Fiscalía Provincial de Álava incoó el 17 de junio de 2014 las diligencias de investigación 50/2014 para "aclarar la existencia de dichos abusos sexuales". Estas diligencias, según indica, "fueron judicializadas el mes de junio de 2015".
REUNIÓN
El fiscal detalla que el 20 de octubre de 2014, a las 11.00 horas, se celebró, a instancias del Ministerio Público, una reunión en la sede de la Fiscalía Provincial de Álava. En el encuentro, según indica, estuvieron presentes el propio Izaguirre y la fiscal delegada de menores, por una parte, y la delegada de Educación en Álava del Gobierno vasco, el inspector jefe de Educación y el inspector de zona, en representación del Gobierno autonómico.
El objetivo de dicha reunión, según Izaguirre, fue hablar "sobre la investigación que en ese momento llevaba a cabo la Fiscalía sobre los supuestos abusos sexuales".
Posteriormente, tal como indica, con fecha 15 de septiembre de 2014, la Fiscalía "remitió diversos oficios a los centros afectados, dependientes del Departamento de Educación, solicitando información sobre los hechos objeto de investigación". Estos oficios fueron "debidamente contestados por dichos centros".
