1075546.1.260.149.20260407112038
El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez, durante el primer día del juicio de la Operación Kitchen, en la Audiencia Nacional, a 6 de abril de 2026, en San Fernando de Henares, Madrid (España). - Pool
MADRID 7 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía se ha opuesto a la suspensión del juicio de la 'Operación Kitchen', como habían solicitado las defensas de los acusados, argumentando que la Audiencia Nacional (AN) es el órgano "competente" para juzgar los hechos y no se ha producido ninguna situación de "indefensión" para los acusados por la extensión del secreto de sumario.
Además, ha rechazado investigar a la exsecretaria general del PP y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y a su exmarido, el empresario Ignacio López del Hierro, tal y como había pedido el PSOE, que ejerce la acusación particular, al aducir que el enjuiciamiento "sólo puede afectar" a aquellas personas que para quienes se acordó la apertura de juicio oral.
La Audiencia Nacional ha reanudado este martes el juicio de la operación 'Kitchen', el presunto operativo orquestado por la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy (PP) para robar información sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas que pudiera afectar a dirigentes del partido, en el que están acusados, entre otros, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el comisario jubilado José Manuel Villarejo y otros mandos policiales.
En la primera sesión, que tuvo lugar este lunes, las defensas de los acusados solicitaron la anulación del juicio por supuestos defectos en el periodo de instrucción, esgrimiendo motivos como la falta de competencia del tribunal para juzgar los hechos, la prórroga "injustificada" del secreto de sumario o la falta de conexión, a su juicio, entre la pieza 'Kitchen' y el 'caso Tándem', el nombre de la macrocausa relacionada con Villarejo.
También reclamaron la anulación de pruebas clave como archivos de audio supuestamente grabados por Villarejo que habrían dado lugar a la investigación judicial, aduciendo que fueron obtenidas de forma ilícita y no se ha podido concluir su veracidad.
El PSOE, por su parte, reclamó la suspensión del juicio y la retroacción de las actuaciones para imputar a Cospedal y su exmarido --que llegaron a estar investigados en 2021 pero para quienes finalmente se archivó la causa-- y, de ese modo, indagar en la "conexión política" de la supuesta trama, y también el llamamiento del PP como partícipe a título lucrativo.
"NINGÚN PERJUICIO REAL Y EFECTIVO" AL DERECHO DE DEFENSA
En la segunda sesión del juicio, también enfocada en las cuestiones previas, el representante del Ministerio Fiscal ha afirmado que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sí es competente para juzgar los hechos, negando asimismo que no exista conexión entre 'Kitchen' y Tándem. "Se trata del órgano objetivamente competente" para enjuiciar los hechos, ha resumido.
Respecto a la prórroga del secreto de sumario, el fiscal ha dicho que "no se produce indefensión si las diligencias de investigación se han podido practicar una vez que se alza el secreto de sumario". Así, ha negado que los acusados hayan sufrido "ningún perjuicio real y efectivo" al derecho de defensa.
"No se causa ninguna indefensión, no se produce ninguna indefensión al investigado si éste ha podido preparar su defensa y ejercerla sin limitación", ha agregado.
Sobre la impugnación de los audios vinculados a Villarejo, el representante del Ministerio Fiscal ha afirmado que constituyen "una prueba plenamente válida" porque no se obtuvieron "con vulneración de ningún derecho fundamental", manifestando asimismo que "no se puede exigir" a estos archivos "las mismas garantías que a los archivos obtenidos en los volcados" en aquellos casos en los que se acuerdan intervenciones telefónicas.
También ha rebatido otro de los argumentos esgrimidos por las defensas, que cuestionaron la veracidad de estos archivos y su posible manipulación. "Que esos archivos sean copias o no, que se hayan editado o no, no es una cuestión que afecte a los derechos fundamentales. (...) Es una cuestión que afectará a la fiabilidad que ofrezca ese material probatorio, pero, desde luego, no es prueba nula", ha indicado.
Posteriormente, la Abogacía del Estado y la letrada de la familia Bárcenas se han adherido a las argumentaciones expresadas por la Fiscalía.