MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía ha pedido al tribunal que juzgará el denominado 'procés' una lista de 256 testigos para acreditar sus acusaciones por rebelión, malversación y desobediencia, entre los que se encuentran un capitán de la Marina Mercante por la negativa de la Generalitat a autorizar el atraque del barco en el que se alojaron policías nacionales durante el despliegue por el 1-O, conocido como 'Piolín', y dos directores de hoteles donde también pernoctaron varias noches decenas de agentes para acreditar los "incidentes intimidatorios" a los que éstos fueron sometidos.
Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, Pedro Buil Armengol es capitán de la Marina Mercante y ejerce como práctico titular en el puerto de Palamós. Durante la instrucción de la causa, envió una carta al juez Pablo Llarena asegurando que la Autoridad Portuaria, dependiente de la Generalitat, impidió al ferry 'Piolín' atracar en dicho puerto.
Según publicaron 'La Vanguardia' y 'El Independiente', en la carta subrayaba que él fue testigo directo de lo que ocurrió con el buque, desmintiendo así la versión que dio el exconsejero Josep Rull, que dijo que el 'Piolín' no atracó porque lo impidió la Capitanía Marítima.
Asimismo, los testigos 202 y 204 que proponen los fiscales del caso son dos propietarios de hoteles de Reus y Figueras donde se alojaron policías y guardias civiles durante el despliegue entre septiembre y octubre de 2017 para que puedan acreditar los "diferentes incidentes intimidatorios" a los que fueron sometidos en las concentraciones a favor del referéndum y contra la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña.
Sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles advirtieron en aquellos días al Ministerio del Interior de una "campaña de acoso continua y creciente" por parte de manifestantes independentistas en la puerta de los hoteles donde se alojaron los policías y guardias civiles.
Debido al gran volumen de testigos que propone el Ministerio Público para que declaren durante el juicio del 'procés', que empezará a principios del próximo año, el tribunal ha solicitado a los fiscales que les motiven la pertinencia de estas comparecencias. Ahora tendrán que ser los magistrados los que decidan si los aceptan todos o retiran alguno.
ACREDITAR LA VIOLENCIA
El escrito de Fiscalía también incluye las testificales de numerosos agentes de la Policía y de la Guardia Civil, así como de los Mossos d'Esquadra, con el objetivo de que relaten los "diferentes episodios de violencia" acaecidos en septiembre y octubre de 2017.
Entre estos incidentes, el Ministerio Público remarca el asedio a la Consejería de Economía los días 20 y 21 de septiembre, en el que destaca la testifical de Montserrat del Toro, la secretaria judicial que tuvo que salir por el tejado de la sede gubernamental durante los registros ordenados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.
Como no puede ser de otra manera, los fiscales también quieren que presten declaración testigos de los incidentes ocurridos durante la jornada del referéndum independentista, entre los que se incluyen agentes de la policía autonómica y de los cuerpos de seguridad del Estado.
Pero además, solicitan que en el juicio se escuche el testimonio de todos aquellos cargos políticos que asistieron a la junta de seguridad del 28 de septiembre, tres días antes del referéndum, para preparar la jornada que se avecinaba.
Entre estos testigos están el que fuera 'número dos' del Ministerio del Interior, José Antonio Nieto; el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, el coordinador del operativo policial para impedir el referéndum; el exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Milló; y el secretario general técnico de Interior Juan Antonio Puigserver.
También quieren que declaren otros mandos que asistieron a reuniones de coordinación, como fue el que fuera jefe superior de Policía de Cataluña Sebastián Trapote, pero también plantean la comparecencia de testigos --algunos protegidos-- que acrediten cómo fue la actuación de los Mossos d'Esquadra los días previos y durante el 1 de octubre, concretamente sobre las instrucciones que recibieron del Govern de Carles Puigdemont.
De igual modo, los fiscales plantean la testifical de los antiguos miembros de la Mesa del Parlament --pertenecientes al PSC y Ciudadanos-- que no tramitaron las leyes de desconexión que se aprobaron a principios de septiembre de 2017, así como de los letrados de la Cámara que emitieron los informes advirtiendo de la inconstitucionalidad de esas normas.
Asimismo, consideran importante la declaración de Neus Munté, exconsejera de Presidencia y exportavoz que abandonó el Govern sólo unos pocos meses antes del referéndum al no estar de acuerdo con la deriva unilateral del proceso independentista
