MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) - La Fiscalía ha presentado este lunes sendas querellas ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo en las que se acusa a un total de 20 personas -exmiembros del Govern encabezados por Carles Puigdemont y de la Mesa del Parlamento de Cataluña- de delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos por hechos que engloban todo el denominado 'procés' que concluyó el pasado viernes con la declaración unilateral de independencia (DUI) y que se remontan a noviembre de 2015. Se reclama su citación y, en el caso de que no comparezcan, que sean detenidos. La querella ante la Audiencia Nacional se dirige contra el expresidente Carles Puigdemont; el exvicepresidente Oriol Junqueras y todos los miembros de su gabinete -incluido el exconsejero de Empresa Santiago Vila, quien dimitió antes de votarse la DUI- y la presentada ante el Supremo contra la expresidenta del Parlamento autonómico Carme Forcadell y cinco parlamentarios que ostentan -todos ellos menos uno- la condición de aforados por estar actualmente en la Comisión Permanente de la cámara legislativa disuelta el pasado viernes. En ambas querellas, el fiscal interesa que se proceda a la citación de los querellados "con carácter urgente" a fin de tomarles declaración como investigados y a los efectos de valorar por los jueces a los que corresponda instruir ambas causas la adopción de medidas cautelares de carácter personal "teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y de los delitos imputados, así como de las penas previstas, la flagrancia en su comisión, la contumacia en la ilegaliad y el riesgo de reiteración en las conductas antijurídicas". En caso de incomparecencia, pide su inmediata detención. Igualmente en ambas querellas se solicita el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias que se estimen pertinentes en que pudieran incurrir los querellados, incluyendo exigencia de fianza y en su caso embargo de bienes por un total de 6.207.450 euros que tendrán que depositar de forma solidaria los veinte querellados. Ambas querellas atribuyen a todos ellos el delito de rebelión al entender que los "cimientos del Estado de Derecho han sido dinamitados" con sus actos, "realizados con absoluto desprecio" a la Constitución y proclamando la independencia de una parte de la Nación española, que es "patria común e indivisible de todos los Españoles". Añade que la violencia que requiere el tipo penal de rebelión "no exige que se esgriman armas, ni combate ni violencias graves contra las personas". En todo caso, de entenderse que algún elemento del delito de rebelión no concurre en los hechos objeto de esta querella, éstos serían constitutivos de un delito de sedición, el mismo por el que ya se encuentran en prisión los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural, Jordi Fernández y Jordi Cuixart, e investigado el exmayor de los Mossos d'Esquadra José Lluís Trapero y una de sus intendentes. También cita la querella el delito que cita la "provocación, la conspiración y la proposición para cometer el delito de rebelión; el delito de malversación de fondos públicos -por el importante gasto que han generado sus comportamientos, "ontológicamente ajenos a la función pública". En la Audiencia Nacional la acción penal se dirige contra 14 personas: el expresidente Carles Puigdemont; el exvicepresidente y exconsejero de Economía y Hacienda Oriol Junqueras; el exconsejero de Presidencia Jordi Turul; el exconsejero de Asuntos Internacionales Raül Romeva; el exconsejero de Salud Antoni Comín; el exconsejero de Territorio y Sostenibilidad Josep Rull; la exconsejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia Dolors Bassa i Coll, la exconsejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda Meritxell Borràs; la exconsejera de Enseñanza desde mayo de 2016 Clara Ponsatí; el exconsejero de Interior desde julio de 2017 Joaquim Forn; el exconsejero de Cultura desde julio de 2017 Lluís Puig; el exconsejero de Justicia desde enero de 2016 Carles Mundó; el exconsejero de Cultura y desde julio de 2017 de Empresa y Conocimiento Santiago Vila; y la exconsejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación Meritxell Serret. Dado que todos los miembros del Gobierno de Puigdemont fueron cesados el pasado viernes por la noche en aplicación de las medidas aprobadas por el Senado según el artículo 155 de la Constitución, los 14 han perdido su condición de aforados ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Los que eran diputados del Parlament, también dejan de ser aforados por la disolución de la Cámara autonómica. Por su parte, la querella interpuesta por la Fiscalía ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo se presenta contra un total de seis pesonas: la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, el que fuera miembro de la Mesa hasta el pasado mes de julio y actual presidente del grupo parlamentario Junts pel Sí Lluís Maria Corominas, los también miembros de la Mesa y diputados del mismo partido Anna Simó, Lluis Guinó y Ramona Barrufet --todos ellos miembros de la Diputación Permanente de este órgano, y por ello aforados-- y contra el secretario tercero de la misma Joan Josep Nuiet i Pujals, de EUiA. La competencia del Supremo respecto de todos ellos se justifica en el artículo 57.2 del propio Estatuto de Autonomía de Cataluña para los miembros del Parlament, que atribuye al alto tribunal el conocimiento de la responsabilidad penal "fuera del territorio de Cataluña". Para la Fiscalía, los hechos atribuidos a los parlamentarios "se han desarrollado más allá del territorio de Cataluña y han producido efectos traspasando el territorio de dicha comunidad autónoma, irradiando al resto del territorio nacional". Añade que el aforamiento de todos ellos subsiste en tanto mantienen sus cargos como miembros de la Diputación Permanente del Parlamento de Cataluña. Las dos querellas del Ministerio Público hacen un extenso y pormenorizado análisis de los hechos acaecidos desde el 9 de noviembre de 2015, cuando se aprobó en el Parlament la primera resolución abriendo el denominado 'procès' hacia la independencia, hasta la votación de la declaración unilateral y el cese del Govern. Así, los escritos de la Fiscalía relatan todas las actuaciones legislativas impulsadas desde el Gobierno de Puigdemont para sentar las bases para la celebración del referéndum independentista y las leyes que hicieran posible la transición hacia una futura república catalana. También incluyen todos los recursos y medidas adoptadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en contra de estos pasos dados por la Generalitat y las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional. Las querellas también cuentan los hechos acaecidos desde que se ordenaron los registros en sedes del Govern el pasado 20 de septiembre, desde las concentraciones de ese día promovidas por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, pasando por los incidentes en colegios electorales el 1 de octubre, los escraches a policías y guardias civiles en los hoteles donde se alojaban, hasta la "declaración de independencia" que la Fiscalía da por hecho que hizo Puigdemont el 6 de octubre en el Pleno del Parlament. Los hechos relatados en el escrito llegan hasta el 28 de octubre, cuando después de la votación de la declaración unilateral de independencia efectuada en el Parlament y el cese de todos los miembros del Govern y disolución de la Cámara autonómica, Puigdemont "compareció lanzando desde la sede de la Generalitat en Girona un mensaje de carácter institucional".
