Dice que la Fiscalía nunca obstaculiza las investigaciones y apoya "siempre" la reapertura de casos
MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -
El fiscal Álvaro García Ortiz, propuesto por el Gobierno para sustituir a Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE), ha negado que haya dado "directrices políticas" en el caso de Miguel Ángel Blanco y ha anunciado que llevará a la Junta de Fiscales de Sala, para fijar un criterio, el debate sobre la prescripción de asesinatos de ETA como el del concejal del PP.
Ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, que ha escuchado sus méritos para ocupar el puesto de fiscal general, García Ortiz ha asegurado que no entiende la polémica generada por la renuncia de un fiscal de la Audiencia Nacional (AN) partidario de empezar a contar los plazos de la prescripción a partir de la detención del presunto autor y no desde el momento de los hechos.
Sin nombrarlo expresamente, García Ortiz se ha referido a la tesis de Vicente González Mota, hasta hace unos días el fiscal encargado del caso sobre el secuestro y asesinato, en julio de 1997, del concejal del PP en Ermua (Vizcaya). Esa posición, la de contar a partir del arresto, nunca la ha seguido ni "la Sala de lo Penal" de la AN "ni por el Tribunal Supremo", ha comentado el candidato.
Fuentes fiscales explicaron a Europa Press que González Mota vio vías para impedir que acabara la responsabilidad penal de los exjefes de ETA señalados por este crimen, pero Pedro Rubira, el fiscal que le sustituyó, mantuvo el criterio de que los delitos habrían caducado para casi todos, a excepción de José Javier Arizcuren, 'Kantauri', porque fue imputado como inductor un año antes de que transcurriera el plazo de prescripción de 20. Lo hizo en la en la declaración señalada de los exdirigentes etarras Miguel Albisu, alias 'Mikel Antza', y María Soledad Iparraguirre, 'Anboto'.
García Ortiz se ha opuesto a la falta de transparencia que le han achacado en este asunto portavoces parlamentarios de la oposición y ha tachado de "grave" la "filtración y difusión interesada" de correos internos de la Fiscalía en los que se "trata de fijar una estructura procesal ante las declaraciones de los investigados".
LA FISCALÍA NO PONE OBSTÁCULOS
El próximo fiscal general ha afirmado que ni en este procedimiento ni en ningún otro se han dado desde la FGE "directrices de ningún tipo, ni mucho menos de carácter político". Dicho esto, ha rechazado que la Fiscalía haya puesto trabas, "ni lo hará nunca", las investigaciones abiertas en los distintos juzgados.
"La prescripción se declara en un momento procesal oportuno, no en el momento en el que está el caso que nos ocupa. La Fiscalía de la Audiencia Nacional nunca ha obstaculizado las investigaciones abiertas en los distintos juzgados, cuya reapertura siempre contará con el apoyo del Ministerio Público", ha indicado en el Congreso.
Y ha rechazado, así, que haya un "caso Miguel Ángel Blanco", dado que ETA ya fue "derrotada gracias a la encomiable labor realizada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional", subrayando que el respeto y el amparo a las víctimas del terrorismo es su "eje de actuación".
El juez Manuel García Castellón acordó llamar como investigados a los tres citados, pero apreció de oficio la prescripción de los delitos para 'Iñaki de Rentería', una decisión que tanto la Fiscalía como el PP y la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, promotora de la querella, le han pedido revertir. La eventual declaración de 'Kantauri' está pendiente de que Francia la autorice.
Cabe recordar que, en el caso del asesinato de Blanco, la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional ya condenó en 2006 a 50 años de cárcel al ex dirigente etarra Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', y a su compañera sentimental y miembro de ETA Irantzu Gallastegui Sodupe, 'Amaia', como autores materiales.
