Confía en que la renovación del TS y de los TSJ de Valencia, País Vasco y Cataluña se produzcan antes de verano
MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
La portavoz de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, espera que en el caso del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, acusado de prevaricación, no influya que sea el magistrado español "más universal" para que se resuelva "en base a criterios judiciales y no políticos".
Se expresó así en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press en relación con la posible suspensión de Garzón tras ser acusado de prevaricación por investigar los crímenes del franquismo. A su juicio, "no es excepcional sino básico" que el CGPJ haya dado un plazo de diez días al juez para que presente sus alegaciones.
Bravo explicó que Garzón "pidió ser oído" y que, como la suspensión de sus funciones sería "muy gravoso" para el juez, "basta invocar a la tutela judicial efectiva que recoge la constitución para que no tenga un carácter excepcional sino básico".
Eludió comentar el auto del magistrado instructor del caso de Garzón, Luciano Varela, del que la defensa afirma que vierte contra el acusado "calificativos peyorativos injustificados" porque Bravo considera que si ella habla sobre el tema puede interpretarse como "una injerencia a la libertad de ese magistrado".
DECIDIR SOBRE EL ESTATUT ES "MUY COMPLICADO"
Por otro lado, se refirió a las renovaciones pendientes dentro del Poder Judicial, tanto en el Tribunal Supremo como en los Poderes Superiores de Justicia de Valencia, País Vasco y Cataluña, y aseguró que, aunque en el último pleno no consiguieron "concitar voluntades suficientes", "próximamente" se producirán las renovaciones. "Espero que antes del verano podamos resolver estas presidencias", subrayó.
Preguntada por el retraso del Tribunal Constitucional para dictar una sentencia sobre la legalidad del Estatut de Cataluña, aseguró entender el "malestar del ciudadano" y que "tres años produzcan una sensación de parón" pero, en su opinión, el asunto es "muy complicado" porque los magistrados tienen que debatir "artículo por artículo, la constitucionalidad de alrededor de 80" y, además, "alcanzar acuerdos sobre cada uno de ellos".
En otro orden de cosas, consideró que la Justicia se ve influida "de manera muy significativa" por la crisis económica ya que las jurisdicciones Civil y Social "sufrieron un incremento del 25 por ciento" respecto a 2008 y en materia de concurso de acreedores, los casos aumentaron un 200 por cien desde 2007.
Añadió que durante el primer trimestre de 2010, los datos "ya están empezando a estabilizarse" lo que, a su juicio, es "un reflejo del sentir de que en este momento parece que empezamos a tener un poco de esperanza".
