Garzón.- La defensa en el caso de la Memoria emplaza a la Sala a resolver sobre las pruebas presentadas por el juez

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La defensa del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha recurrido en apelación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la decisión del magistrado de este órgano Luciano Varela de no pronunciarse sobre las pruebas esta parte solicitó para defenderse de la primera querella admitida a trámite contra el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, por una presunta prevaricación al investigar las desapariciones del franquismo.

Según el escrito presentado por el abogado de Garzón en este asunto, Gonzalo Martínez Fresneda, las razones jurídicas dadas por Varela para aplazar su decisión sobre las pruebas obedecen a una especie de trampa, puesto que se aplica un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) procedente en el denominado procedimiento ordinario cuando este caso se está tramitando por el procedimiento abreviado.

Según el letrado, debía estarse a lo que señala el artículo 766 de la misma Ley, en el sentido de que "el recurso de apelación no suspenderá la tramitación de la causa", y por lo tanto Varela habría podido pronunciarse en este momento sobre cuáles son las pruebas solicitadas por Garzón que acepta realizar y cuáles no.

"Pero lo que no es posible es aplicarnos el procedimiento abreviado y traer a colación una norma aislada del procedimiento ordinario que, en este caso concreto, no es el que se sigue", abunda Martínez-Fresneda en su escrito.

Añade que aplicar por analogía un precepto previsto para otro supuesto de hecho, para otro procedimiento y para otra fase procesal no es correcto en derecho y que, además, Varela ha adoptado esta decisión, precisamente, en un procedimiento penal donde se imputa a Garzón "un delito de prevaricación por haber aplicado por analogía normas procesales".

INDEFENSIÓN

Finalmente, se queja Martínez Fresneda de que Varela señalara como otra de las razones para no pronunciarse sobre las pruebas la posible estimación por la Sala de lo Penal del recurso que esta parte interpuso contra el auto en el que se exponían los motivos para sentar a Garzón en el banquillo, "por cuanto el excelentísimo instructor adelanta que, de hecho, tiene la fase de instrucción por concluida y por cerrado el título de imputación, con la indefensión que ello supondría para mi mandante en caso de que el recurso sea desestimado".

En el auto notificado el pasado lunes, Varela rechazo resolver sobre la petición de pruebas formulada por la defensa hasta que la Sala confirme o no el auto en el que se ratifican los indicios para sentar en el banquillo titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.

Respondía de este modo a los escritos remitidos por el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez Fresneda, instando a resolver sobre las peticiones de prueba que realizó esta parte el pasado 10 de febrero.

LA FISCALÍA SOLO PIDE 3 TESTIGOS.

Por su parte, el Ministerio Público calificó en su día de "poco ortodoxo" que la defensa aprovechara su escrito de apelación contra el auto de Varela para solicitar las pruebas.

Una vez examinadas estas peticiones, el fiscal del Supremo señaló que, en caso de rechazarse el recurso de apelación interpuesto, debe procederse únicamente a tomar testimonio a tres de los testigos propuestos. Se trataría de los tres magistrados de la Audiencia Nacional que realizaron un voto particular en contra de la decisión de la Sala de lo Penal de éste órgano de declarar a Garzón incompetente para investigar las desapariciones durante el franquismo: José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez Valcárcel.

El resto de las pruebas solicitadas por Garzón, y a cuya práctica también se opone la Fiscalía, son la declaración de Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal Anticorrupción, en su condición de miembro del grupo de expertos que él mismo designó para la investigación de esta causa; del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza; y de los abogados Joan Garcés y Fernando Magán, que representan a los familiares de los desaparecidos.

Además, interesó el testimonio actual embajadora de Suiza en la República Argentina, Carla del Ponte, en su condición de antigua fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional de la ONU, y el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina Eugenio Raúl Zaffaronni, uno de los jueces que redactó la sentencia de 2005 que declaró la nulidad de la Ley de Punto Final y Obediencia Debida del país suramericano, entre otros juristas de prestigio internacional.

El abogado del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Gonzalo Martínez-Fresneda, alega que el objetivo de estas testificales es demostrar la "existencia de un debate acerca de la perseguibilidad de los crímenes contra la humanidad, la vigencia de las leyes de amnistía y el alcance de la prescripción en los casos de desaparición de personas". Demostrar que este "profundo debate" es real, afirma, "desmontaría la imputación de una prevaricación", según esta parte.

En concreto, pide que sea llamada a declarar como testigo la actual embajadora de Suiza en la República Argentina, Carla del Ponte, en su condición de antigua fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional de la ONU y fiscal del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.

También se solicita que declare el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina Eugenio Raúl Zaffaronni, uno de los jueces que redactó la sentencia de 2005 que declaró la nulidad de la Ley de Punto Final y Obediencia Debida del país suramericano, así como el que fuera juez de instrucción en Santiago de Chile cuando se abrieron varias causas contra la dictadura de Augusto Pinochet y ordenó la exhumación de cadáveres, Juan Guzmán Tapia.

Completan esta lista el coordinador del Programa de Justicia Internacional de Amnistía Internacional, Hugo Relva; el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Girona Hernán Hormázabal Malarée; el magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Sergio García Ramírez, y el presidente de la Cámara Federal de Buenos Aires y autor de resoluciones referidas a la inaplicabilidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Eduardo Freiler.