Un general ex alto cargo de Defensa avisa que "no es posible" interrumpir contratos militares, sólo "revender" material

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El general de división de Intendencia Francisco Pérez Muinelo, ex director general de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa, considera que haría falta "un mínimo de 10.000 millones de euros" para "poder mantener" el modelo de adquisiciones de los programas especiales de armamento en los que está embarcada España y afirma que, ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos pendientes, cabe el recurso de "revender parte del material adquirido", ya que "no es posible" interrumpir contratos, por las "gravosas" indemnizaciones que conllevaría.

Así lo asegura en una entrevista con Europa Press el general Pérez Minuela, director general de Asuntos Económicos a finales de los años 90, cuando el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, ocupaba la Secretaría de Estado de Defensa, encargada de la política económica del ministerio así como de la de armamento y material, época en la que se iniciaron los programas especiales de armamento.

Ahora, más de diez años después, el general en la reserva alerta de que la "continuada y progresiva reducción" que ha sufrido el presupuesto de Defensa ha conducido a la "amenaza" de "la viabilidad del modelo de Fuerzas Armadas consensuado en el Parlamento" y a poner en "riesgo" unos programas de equipamiento que son "muy importantes" para la "necesaria modernización" de los Ejércitos y la Armada, así como para "la consolidación de la industria de defensa nacional".

Por ello, defiende que España se debería "permitir" destinar esos 10.000 millones de euros, es decir, alrededor de un 1% del PIB, al presupuesto de Defensa. "Me parece una cifra razonable", afirma.

El general argumenta que con el nivel de recursos actual, que en 2011 se situó en el 0,66% del PIB, "no es fácil financiar unas Fuerzas Armadas" que cuentan con unos 85.000 soldados y marineros profesionales, que sea "capaz" de mantener 3.000 efectivos desplegados en el exterior y que cumpla con los compromisos asumidos con la OTAN.

NO HUBO MEJORA ECONÓMICA "EN LOS AÑOS DE BONANZA"

El general recuerda además que el sector de defensa "no participó en la mejora económica general" durante "los años de bonanza". De hecho, señala que entre 1985 y 2005, años en que el PIB creció "en valor real un 85%", el presupuesto del Estado lo hizo "un 61%" y el de Defensa "disminuyó en un 31%".

Además, recalca que esta situación es aún más elocuente si se compara el gasto de España con los países del entorno: "Según datos de la OTAN de finales de 2010, Alemania tenía un PIB dos veces y medio el de España y sus gastos de defensa eran tres veces el español; también eran el triple los de Francia, con un PIB casi el doble del Español, y Reino Unido, con un PIB que es un 70% superior al de España, gasta en defensa cuatro veces más".

El general reconoce que estos antecedentes no son "óbice para que con la llegada de la crisis" Defensa no sufra sus consecuencias y espere "trato de favor", pero avisa de que, dada la "gravedad", habrá que ajustarse a lo señalado por el ministro Morenés y buscar "tener lo necesario al 100% de operatividad" antes que "lo deseable al 50%". Para ello, defiende, resulta "obligado revisar la actual estructura del órgano central y de los Ejércitos para reorganizarlos con la finalidad de reducir costes y buscar una mayor eficiencia".

NO SE PUEDEN AFRONTAR LOS PAGOS PARA 2012

Por lo que se refiere a los programas especiales de armamento -un total de 19 programas cuya deuda se estima en 31.000 millones de euros, el general Pérez Muinelo alerta de que los compromisos de pago "hipotecan los próximos veinte años" de por sí, a lo que se añade que las reducciones presupuestarias derivadas de la crisis "impiden hacer frente al pago de los vencimientos correspondientes a los ejercicios en curso".

Con este panorama, el general precisa que la solución no puede pasar por interrumpir algún contrato. "No es posible --señala--, toda vez que las indemnizaciones resultarían más gravosas que cumplir el contrato". Como ejemplo, cita el caso de Estados Unidos, que tuvo que pagar "unos 7.000 millones de dólares" por cancelar en 2004 la compra del helicóptero Comanche.

En su opinión, el recurso que "queda" es el que ya están aplicando algunos países: "revender parte del material adquirido". Así, recuerda que Alemania ha "cedido" 15 Eurofighters a Austria y Reino Unido ha hecho lo mismo con 72 de estos aviones de combate a Arabia Saudí. "La interrupción de contratos en ejecución es un recurso al que sólo pueden recurrir los países más ricos", insiste.

"NO ES 'DEUDA DE DEFENSA', ES INVERSIÓN DEL ESTADO"

El general, que participó en las gestiones de algunos de estos programas, es contrario a la denominación de 'deuda de defensa', porque, alega, los programas especiales de armamento son "una inversión realizada por el Estado no sólo en Defensa" sino también para "potenciar la industria española".

De hecho, recuerda que en la decisión de comprometerse con estos contratos las consideraciones que "primaron" en el Gobierno fueron "fundamentalmente políticas, económicas y sociales", sobre otras "de índole militar".

En concreto, recuerda que en la compra de 87 'cazas' Eurofighter "por 9.255 millones de euros" y de 27 aviones de transporte militar A400M "por unos 4.400 millones de euros" había "alternativas más económicas", como comprar aviones americanos F18 o Hércules, adquisiciones que, por otro lado, "hubieran supuesto dar la espalda a Europa, no propiciar la integración de CASA en EADS y no contar en Sevilla con uno de los polos aeronáuticos más importantes de Europa".

Del mismo modo, recuerda que la compra de 24 helicópteros de combate Tigre, por 1.517 millones de euros, frente al helicóptero Apache que "prefería" el Ejército, y la adquisición de 45 NH-90 por unos 1.260 millones de euros "facilitaron la instalación en Albacete de una planta de Eurocopter".

Y, agrega, "las adquisiciones de cinco fragatas F-100, por unos 2.820 millones, dos submarinos S-80 por 2.135 millones de euros y de otros buques como los BAM han sido impulsados por las reiteradas peticiones de los sindicatos para mitigar la crisis de la construcción naval".

De cara al futuro, para solucionar esta situación, el general aboga por "tomar conciencia de que el ciclo político se queda muy corto para las decisiones que hay que tomar en el ámbito de la defensa". Los programas de adquisiciones, recuerda, muchas veces necesitan hasta "veinte años" de maduración y llevan a unas plataformas que se mantendrán en servicio "unos cuarenta años".

Por ello, defiende la conveniencia de que las decisiones que se tomen en el futuro sean "meditadas y consensuadas políticamente", sin olvidarse de escuchar "atentamente la opinión de los expertos militares". Además, hace hincapié en la necesidad de trabajar por la cultura de defensa y que se traslade tanto al "gran público" como a "muchos dirigentes políticos" las relaciones de la Defensa con la industria y la "interacción entre programas militares y el desarrollo y potenciación de la capacidad industrial y de su I+D".