MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los cerca de 50.000 folios que conforman el sumario del "caso Gescartera", -cuyo principal imputado, el responsable de la agencia de valores Antonio Camacho, se enfrenta a una petición del fiscal de 11 años de cárcel-, comenzaron a ser remitidos hoy desde el Juzgado Central de Instrucción número 3, que instruyó la causa, hasta la la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional, que es la encargada de celebrar el juicio oral.
El pasado 31 de julio, la juez Teresa Palacios acordó la remisión de la causa a la Sala de lo Penal para su enjuiciamiento, aunque materialmente el envío material de los documentos no se ha producido hasta hoy, informaron fuentes jurídicas. En el "caso Gescartera" existen un total de 95 partes personadas, de las que 60 corresponden a acusaciones.
Desde el 31 de julio hasta hoy el Juzgado Central de Instrucción número 3 ha estado uniendo al sumario los escritos de conclusiones provisionales de las distintas partes, así como diversos recursos presentados por las defensas y las acsaciones. El último en entregar su escrito ha sido el abogado defensor de Camacho.
La Fiscalía Anticorrupción solicita 11 años de prisión para el dueño de la agencia de valores por delitos de apropiación indebida y falsedad. Asimismo, solicita penas que oscilan entre los 11 y los 3 años de cárcel para un total de 14 acusados, en su mayoría responsables de Gescartera, por apropiarse de 8.356.069.937 pesetas (50,1 millones de euros).
Entre los imputados por González Mota figuran, además de Camacho, el que fuera 'número dos' de la agencia de valores, José María Ruiz de la Serna, para quien pide también 11 años de cárcel; la ex presidenta, Pilar Giménez-Reyna (8 años de cárcel), y la mujer de Camacho, Laura García Morey, con la que contrajo matrimonio recientemente (6 años de prisión).
Otros acusados por el fiscal son los ex responsables de una sucursal de 'La Caixa' en Majadahonda (Madrid) Miguel Carlos Prats Oria y José Alfonso Castro Mayoral, para quienes pide 3 años de prisión. A ellos los declara responsables civiles directos por importe de 26.369.681 euros, mientras que hace responsable civil subsidiario de este importe a 'La Caixa'. Asimismo, pide la responsabilidad civil subsidiaria de Caja Madrid Bolsa, una de las entidades a través de las que operó Gescartera.
A pesar de que el fiscal cifra en 50,1 millones de euros el dinero desaparecido de la agencia de valores, el dinero reclamado por los clientes ante la CNMV asciende a 15.669 millones de pesetas (94,1 millones de euros).
La Fiscalía interesa en su escrito que se abra juicio oral contra los 14 acusados, y, en concepto de responsables civiles directos, contra todas las sociedades que constituían el Grupo Gescartera, la antecesora de esta empresa, BC Fisconsulting, y sociedades vinculadas a la agencia de valores, entre las que se encuentra la Asesoría y Gestión de Patrimonios (AGP).
RESPONSABLES CIVILES
Para el responsable de esta última empresa, Aníbal Sardón, el fiscal pide 11 años y cinco meses por delitos de apropiación indebida, falsedad continuada y falsedad en documento público. Asimismo, González Mota pide la apertura de juicio en concepto de responsables civiles subsidiarios de Caja Madrid Bolsa y La Caixa, mientras que en concepto de partícipes a título lucrativo pide que se abra juicio contra los herederos del padre de Camacho, su hermano, la familia Sardón y otras personas y sociedades vinculadas con los imputados.
El fiscal inicia su escrito de acusación recordando la intervención de Gescartera el 14 de junio de 2001, ordenada por el Consejo de la CNMV por la "imposibilidad de conocer la situación económico financiera y el destino de los fondos de sus clientes". Ello supuso el comienzo del procedimiento judicial instruido por Teresa Palacios.
Según el representante del Ministerio Público, con este acuerdo del organismo regulador "se ponía fin a un periodo -desde enero de 1992 a junio 2001- de más de 9 años en el que los acusados crearon o desarrollaron una actividad claramente dirigida a lucrarse defraudando a sus clientes mediante la constitución de diversas sociedades y la puesta en práctica de un sistema operativo fraudulento".
Esta operativa permitió a los acusados, según el fiscal, "hacer suyo el dinero o valores entregados" por los clientes, "manteniendo, con parte de ese mismo dinero, el sistema o montaje que ficticiamente daba garantía de solvencia al grupo societario de Gescartera haciéndolo más atractivo a los ojos de sus futuros clientes".
Ello propició que los acusados se apoderaran de "sucesivas remesas de dinero o valores de nuevos clientes a modo de un carrusel o 'cadena sin fin' defraudatoria" que afectó a una masa de clientes que, incluyendo los ficticios, ascendió a unas 4.005 personas con un total de 8.356.069.937 pesetas (50,1 millones de euros).
El Grupo Gescartera estaba compuesto por Gescartera Holding, al frente de la que estaba el ex cantante Jaime García Morey, padre de la mujer de Camacho, y Gescartera Dinero, de la que Antonio Camacho era el máximo accionista con un 76,67 por ciento.
LUCRO PERSONAL
A través de esta última sociedad los acusados "llegaron a controlar un relevante volumen de fondos" que "utilizaban en unos casos para lucrarse personalmente o beneficiar a terceros de parte de esos fondos, o en otros para mantener la infraestructura necesaria para poder seguir operando".
"Los fondos no se usaban para efectuar inversiones a nombre de los clientes, pero se generaba una documentación bancaria a través de anotaciones en subcuentas, y documentación producida por los intermediarios mediante operaciones amañadas en mercados, que se usaban mendazmente para engañar a los clientes sobre el verdadero destino de sus fondos", indica el fiscal.
"Cada uno de los acusados cumplía con una función relevante (...). Unos elaboraban mediante programas informáticos los documentos que se utilizaban para engañar a los clientes, otros captaban a los clientes con la promesa de generar beneficios por inversiones que se simulaban se efectuaban, otros gestionaban las operaciones en Mercados con testaferros que permitían asignar ganancias, aunque eran ficticias", añade el escrito.
Todos ellos actuaban "siguiendo las instrucciones de Camacho y Ruiz de la Serna". Para transformar Gescartera en agencia de valores, los acusados sustituyeron al frente de Gescartera en diciembre de 2000 a Antonio Camacho y Ruiz de la Serna, sancionados por la CNMV, por la acusada Pilar Giménez-Reyna. También se nombró a José Miguel Pichel, directivo de la ONCE, consejero delegado. La ONCE donó el 10 por ciento de capital social a Gescartera.
Otros clientes como el Servicio de Seguridad Social de la Armada y diferentes instituciones religiosas, más la auditoría de Deloitte & Touche, contribuyeron a dar una apariencia a Gescartera de "sociedad a la que se podía entregar dinero y los valores para su gestión con plena confianza y garantías".
