El Gobierno admite que los recortes impiden nuevas medidas para facilitar ayudas a víctimas de errores judiciales

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno admite que las medidas de austeridad en la administración adoptadas como consecuencia de la crisis económica impiden poner en marcha de nuevas medidas de apoyo económico y social para personas que hayan sido víctimas de errores judiciales y, como consecuencia de los mismos, se encuentren en situación de exclusión social.

Así lo reconoce el Ejecutivo en un escrito dirigido al diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, recogido por Europa Press, en el que recuerda que en este contexto de recortes "no es posible aprobar nuevas actuaciones que puedan suponer incremento de gasto a financiar con cargo a los Presupuestos Generales del Estado".

MÁS DE DOCE AÑOS EN PRISIÓN

Llamazares se había interesado por el caso de Rafael Ricardi Robles, que pasó en prisión doce años, ocho meses y veintiséis días, por dos delitos de violación de los que luego se demostró que era inocente. La Audiencia Provincial de Cádiz le condenó en 1996, y cumplió condena en la cárcel salmantina de Topas, lejos de su familia.

Ricardi recuperó la libertad en 2008 cuando el Tribunal Supremo anuló el fallo de la Audiencia de Cádiz al demostrarse con nuevas investigaciones que era inocente. El ex recluso solicitó una indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado que llegó al Ministerio de Justicia en 2009, pero que aún no se ha resuelto.

Según explicaba Llamazares en su pregunta parlamentaria, Ricardi, que tiene como único ingreso el llamado 'paro carcelario', vive en situación de indigencia en una infravivienda y adeuda varios meses de luz y alquiler.

El diputado preguntó al Ejecutivo si había alguna posibilidad de que las víctimas de errores judiciales demostrados mediante sentencia que no tengan ingresos suficientes para vivir dignamente reciban apoyo económico y social durante el periodo en el que Justicia decide si le concede o no la indemnización que les correspondería.

A LA ESPERA DE INFORMES

El Ministerio que dirige Francisco Caamaño recuerda a Llamazares que la ley no permite que se adelante el pago de la indemnización y que, para recibirla, no es suficiente con que una sentencia reconozca el error judicial, sino que hay que cumplir otros requisitos como que "el daño alegado" sea "efectivo" y "evaluable económicamente".

Además, a modo de justificación por la tardanza en la resolución de la solicitud de indemnización reclamada por Ricardi, Justicia apunta que antes de decidir sobre la misma hay que pedir informes al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial y que mientras éstos llegan el procedimiento queda en suspenso.

En cualquier caso, tras todas estas aclaraciones, el departamento que dirige Caamaño admite que ahora ningún ministerio puede aprobar nuevas actuaciones que supongan más gasto con cargo a las cuentas públicas.