Gobierno da dos días al Consejo de Estado para que emita dictamen sobre el anteproyecto de lucha contra fraude digital

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros da dos días --hasta el 21 de abril-- al Consejo de Estado para que emita un dictamen con carácter urgente sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de lucha contra el fraude digital y que comprende también modificaciones sobre el intercambio de información de antecedentes penales y la consideración de resoluciones judiciales penales en el seno de la Unión Europea (UE).

Ese anteproyecto fue aprobado por el Gobierno en noviembre de 2021 a propuesta del Ministerio de Justicia y supone la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para la transposición de directivas en materia de lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo y abuso de mercado. También incluye una reforma de la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y resoluciones.

En el momento de su aprobación, el departamento dirigido por Pilar Llop en una nota informativa, señaló que el objeto de estas modificaciones es "cumplir con los compromisos normativos adquiridos con la Unión Europea" (UE), "adaptar la regulación a las nuevas formas de delincuencia" y "contribuir a la armonización de los ordenamientos jurídicos de los diferentes Estados de la UE".

Este anteproyecto traspone al ordenamiento jurídico español tres directivas comunitarias. La primera versa sobre lucha contra el fraude y falsificación de medios de pago distintos del efectivo; la segunda tiene como objeto luchar contra la corrupción económica, especialmente contra las prácticas contrarias a la competencia; y la tercera aborda el intercambio de información de antecedentes penales de nacionales de terceros países.

PAGO MÓVIL Y MONEDAS VIRTUALES

Desde el Ministerio de Justicia explicaron que la primera directiva tiene como objetivo luchar contra la ciberdelincuencia, "especialmente la que se refiere al fraude digital", y sancionar el uso fraudulento de nuevos medios de pago; en concreto, aquellos que tienen carácter digital, "cuyo uso se ha ido generalizando con el desarrollo de las nuevas tecnologías".

Entre los nuevos medios de pago se incluyen el uso de las aplicaciones de pago a través del teléfono móvil o el uso de las monedas virtuales. Según precisó el Ministerio, "estos nuevos medios de pago ofrecen nuevas oportunidades para el fraude, lo que obliga a actualizar la regulación de algunos delitos, concretamente los que están relacionados con la estafa y las falsificaciones".

La trasposición de la Directiva (UE) 2019/713 conlleva reformar los artículos 248 y 399 bis del Código Penal para garantizar la seguridad de esta economía digital y el correcto uso de los medios de pago más actuales.

TRANSPARENCIA FINANCIERA

El anteproyecto también contempla la trasposición de la Directiva 2014/57 (UE), que pretende luchar contra la corrupción económica y las prácticas contrarias a la competencia. Entre otras conductas, se castigará el abuso de mercado que se produce mediante el uso de información privilegiada, lo que se conoce como "insider trading", una práctica que "atenta contra la transparencia y la seguridad de los mercados financieros".

En este caso, para cumplir plenamente con lo establecido en la Directiva, es necesario realizar una reforma del artículo 285 del Código Penal, con el objeto de equiparar las penas previstas de todos aquellos que hacen uso de la información privilegiada, con independencia de que ostenten un determinado cargo o ejerzan una determinada profesión.

ANTECEDENTES PENALES

Asimismo, se contempla una tercera trasposición, la Directiva (UE) 2019/884 respecto al intercambio de información de antecedentes penales de nacionales de terceros países. Esta implica una reforma de la ley que actualmente regula el intercambio de dichos datos en la UE, que afectan a la regulación del Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS).

Según dijo en su momento el Ministerio, con esta trasposición "se avanza en la interoperabilidad de bases de datos con otros países de la UE, particularmente en lo que se refiere a los registros de antecedentes penales". Ello con el objetivo de "promover y agilizar la cooperación jurídica entre los países en la lucha contra la delincuencia, al tiempo que se contribuye a la construcción de un espacio común de libertad, seguridad y justicia en el seno de la UE".

La Directiva facilita el intercambio entre las autoridades de los Estados de información extractada de los registros de antecedentes penales, como "una forma de luchar de manera efectiva contra la delincuencia organizada y el terrorismo".

Por otro lado, este martes el Consejo de Ministros ha solicitado también a la Comisión Permanente del Consejo de Estado la emisión de un segundo dictamen con carácter urgente --esta vez para el 28 de abril-- sobre el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales.