La admisión a trámite del recurso suspenderá los preceptos de la ley impugnados por un máximo de cinco meses, prorrogables
MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha autorizado este viernes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la ley catalana de acción exterior y de relaciones con la Unión Europa.
Así lo ha confirmado en rueda de prensa la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha explicado que el Gobierno entiende que la ley autonómica vulnera en alguno de sus artículos la Constitución española, en particular el artículo 149.1, que dice que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales, y el artículo 97, que estipula que es al Gobierno de la Nación a quien corresponde dirigir la política exterior.
El recurso del Gobierno va dirigido contra 20 de los 40 artículos de los que consta la ley autonómica, han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de la Presidencia.
En concreto, se impugnan los artículos 1 a 9, por su consideración de la Generalitat como un actor internacional al margen del Estado español; el 26 sobre las relaciones de la Generalitat con otros Gobiernos; los artículos 29 a 33 relativos a la representación de la Generalitat en el exterior y del 34 al 38, que versan sobre la diplomacia pública de Cataluña.
La vicepresidenta ha reconocido que el Estatut catalán contempla que la Generalitat pueda desarrollar "algunas funciones de proyección exterior", pero ha subrayado que en todo caso esas funciones han de "respetar las competencias estatales", que desarrolla una reciente Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.
También ha explicado que el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno se fundamenta en la consideración que la ley catalana de acción exterior tiene de la Generalitat, a la que trata "como un actor internacional al margen del Estado español".
La norma conculca asimismo, en opinión del Ejecutivo, el principio de unidad de la acción exterior del Estado, "al invadir o al menos menoscabar la competencia estatal en la dirección y puesta en ejecución de la política internacional", ha abundado.
La vicepresidenta también ha mencionado que la norma autonómica "busca desarrollar una diplomacia pública de Cataluña, cuando Cataluña no es un Estado" y por tanto "no es sujeto de derecho internacional y no tiene capacidad para establecer esas relaciones diplomáticas".
Así las cosas, cuando el Tribunal Constitucional admita a trámite el recurso (todos se admiten salvo error formal en la redacción del recurso), acordará también suspender la vigencia de los preceptos impugnados en cumplimiento del artículo 161.2 de la Constitución.
Esta suspensión será por un máximo de cinco meses. Antes de que concluya este plazo, el tribunal deberá decidir si prorroga la suspensión o la levanta. La Generalitat además tiene derecho a recurrir la suspensión de su ley.
La ley catalana de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea entró en vigor el 12 de diciembre pasado. Su redacción está cuidada con esmero, por eso el Gobierno español solo ha decidido recurrirla cuando ha comprobado qué uso hacía de ella la Generalitat.
QUÉ HIZO SALTAR LAS ALARMAS
En los últimos meses la Generalitat ha tomado distintas decisiones en materia de acción exterior que han alarmado al Ejecutivo en tanto en cuanto parecen desconocer que la dirección de la política exterior corresponde al Gobierno de la Nación y que las autonomías deben mantener el principio de unidad de la acción exterior del Estado, según fuentes gubernamentales.
A finales de diciembre la Generalitat publicó un decreto por el que anunciaba la apertura de nuevas delegaciones de la Generalitat en Roma y Viena.
Sin embargo, comunicó la medida al Gobierno español tras la publicación del decreto en el Boletín Oficial de la Generalitat, cuando la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado le obliga a avisar con carácter previo, pues los Ministerios de Exteriores y Hacienda deben elaborar sendos informes no vinculantes sobre la oportunidad y conveniencia de tal decisión.
De ahí que el Gobierno decidiera también recurrir el pasado 6 de febrero estos decretos por la vía de lo contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
ALENTAR LA SECESIÓN
Pero además, y en palabras del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, el Gobierno percibe un intento por parte de la Generalitat de que estas nuevas delegaciones se parezcan cada vez más a una Embajada --que solo puede abrir el Ejecutivo español-- y está convencido de que no se abren para defender los intereses catalanes o promover su lengua y su cultura, sino "para alentar el proceso secesionista".
Objetivo que choca claramente con la obligación que tienen las Comunidades Autónomas de no actuar en contra de la política exterior de España, que dirige el Gobierno español, tal y como especifica la Constitución española en su artículo 97.
Una sentencia posterior del Tribunal Constitucional de 1994 fijó los límites que debe tener la acción exterior de las CCAA, cuya actividad no puede incidir en la política exterior del Estado, ni generar responsabilidades para el Estado frente a otros países extranjeros u organizaciones internacionales, entre otras cosas.
Otra de las decisiones controvertidas adoptadas por la Generalitat tras la entrada en vigor de la ley catalana de acción exterior es el cambio formal en el cargo del jefe de la delegación catalana ante la UE.
ELEVANDO EL RANGO DEL REPRESENTANTE EN BRUSELAS
El pasado 13 de enero la Generalitat catalana nombró al periodista catalán y exportavoz de la Comisión Europea Amadeu Altafaj como su "representante permanente ante la Unión Europea".
Cataluña tiene una delegación en Bruselas desde 2004. Fue la primera oficina de representación política que Cataluña estableció fuera de España, a la que posteriormente seguirían otras en Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y próximamente se unirán Austria e Italia.
Hasta la fecha, al frente de estas oficinas estaba un "delegado" de la Generalitat, pero el nombramiento de Altafaj es el primero en el que el Gobierno autonómico denomina formalmente a este cargo político "representante permanente".
El problema estriba en que se trata del mismo término con el que se denomina a los embajadores de España ante las organizaciones internacionales, de ahí que el Ejecutivo también haya decidido recurrir este aparente movimiento de la Generalitat de elevar el rango de su representante en Bruselas, para lo que tiene de plazo hasta mediados de este mes.
Entre tanto, el Gobierno ha remitido un escrito a la Generalitat dándole la oportunidad de rectificar el nombramiento del representante permanente si quiere evitar el recurso. Sin embargo, el Ejecutivo no ha recibido por parte del Gobierno catalán muestra alguna de querer dar un paso atrás.
