El Gobierno dice que en sus datos contables no hay un solo euro para el 1-O pero que "habrá que ver su verosimilitud"

El Gobierno cesa a la responsable catalana de Relaciones Exteriores y al de la Escuela de Administración Pública Méndez de Vigo afirma que no existe discrepancia entre la investigación del juez Llarena y las declaraciones de Montoro El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha asegurado este jueves que en la "información contable" de la que dispone el Ministerio de Hacienda no hay ni un solo euro de dinero público para el referéndum ilegal del 1 de octubre, pero ha admitido que "habrá que ver la verosimilitud" de esa información contable. Además, ha negado que exista "discrepancia" entre las palabras del titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga esta causa. Así se ha pronunciado Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros después de que la investigación del juez Llarena acredite una malversación de casi 2 millones de euros en el denominado 'procés', mientras que el ministro Cristóbal Montoro ha dicho estos días que no se gastó un euro público en el 1-O. De hecho, el magistrado ha solicitado al titular de Hacienda que explique en qué se basa para hacer esa afirmación. "El juez utilizará la información que le remita el Gobierno como también utilizará los informes que le remita la Guardia Civil que conocen este caso", ha dicho el ministro, que ha añadido que en la información contable de la que dispone el Ejecutivo "no hay ni un euro que se haya dedicado al referéndum ilegal". A partir de ahora, ha proseguido, "habrá que ver la verosimilitud de esa información contable y su calificación jurídica de acuerdo con la información que tenga el juez de la Guardia Civil". "El juez es el que al final califica jurídicamente y el que tiene toda la información. Por tanto, es él el que tiene que decidir", ha recalcado. Además, ha afirmado que no hay "ninguna discrepancia" entre las palabras de Montoro y la investigación del juez Llarena. "El juez ha pedido al ministro de Hacienda que le remita una documentación y se la va a remitir inmediatamente", ha dicho, para añadir que eso permitirá al magistrado "calificar jurídicamente los hechos". Preguntado si el Gobierno puede garantizar que no se ha destino dinero público al 1-O, ha recordado que en los Presupuestos de la Generalitat aprobados el pasado mes de septiembre había una partida de cinco millones para el "referéndum ilegal" que fue recurrida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que el Tribunal Constitucional anuló. Ha añadido que a partir del artículo 155 de la Constitución "todas las cuentas de la Generalitat han estado intervenidas por el Gobierno". Eso sí, el ministro ha subrayado que se trata de una "intervención contable" relativa a "qué se han dedicado esos dineros consignados en el Presupuesto" y es la que van a trasladar al juez, quien debe hacer la "calificación jurídica de esa información contable". Fuentes del Ejecutivo han reiterado después que "contablemente" no hay "ninguna partida destinada al referéndum ilegal" no hay "ninguna factura que haya ido al 1-O", si bien no descartan que pudieran desviarse ese dinero "para otro lado" bajo con alguna trampa o engaño, algo que, deberá averiguar el juez. En este sentido, las mismas fuentes rechazan que haya divergencias entre lo que dice Montoro y lo que sostiene la Guardia Civil. De hecho, estas fuentes están convencidas de que ya se verá cómo lo que sostienen ambas partes es cierto. En cuanto a si el Ejecutivo cree que Montoro se ha excedido en sus declaraciones y pueden perjudicar a la investigación del Supremo porque están siendo utilizadas en sus defensas por los procesados, Méndez de Vigo ha reconocido que en los juicios penales las defensas "utilizan todos los medios a su alcance para defender su posición", algo que, según ha dicho, es "legítimo". En este sentido, ha insistido en que el Gobierno ha intervenido las cuentas de Cataluña y ha realizado la "comprobación contable de las mismas" que va a entregar al juez Llarena, quién se hará "una idea de lo que ha habido" y calificará los hechos "jurídicamente". "El juez lo ha calificado de malversación de fondos públicos y va a tener por parte del Gobierno toda la ayuda y toda la colaboración de la información de la que dispone el Gobierno", ha enfatizado.

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