El Gobierno dice que la reforma de ley de intercambio de antecedentes "no guarda relación" con excarcelación de etarras

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha asegurado que la reforma de ley sobre intercambio de información sobre antecedentes penales y resoluciones judiciales en la Unión Europea "no guarda relación" con una supuesta excarcelación de presos de ETA que hayan cumplido parte de su condena en Francia para "ahorrarse" ese tiempo en prisión.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha respondido así a la pregunta escrita que presentó en febrero la portavoz adjunta de Vox en el Congreso, Macarena Olona, y otros cuatro diputados. La formación quería saber cuándo preveía el Gobierno promover esta reforma.

El partido liderado por Santiago Abascal aseguró en su escrito que la iniciativa "supone que muchos de los condenados por terrorismo que hayan cumplido parte de su condena en Francia puedan ahorrarse ese tiempo en prisión".

Vox se apoyó en los cálculos del colectivo de víctimas del terrorismo, que aseguró que esta ley permitiría que "hasta 48 etarras" pudieran "ahorrarse casi 375 años" de prisión en España, "una media de 7,8 años de cárcel por cada uno de ellos".

Desde el Gobierno han explicado que la reforma de la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea "viene exigida" por la transposición de dos directivas europeas. Así las cosas, el Ejecutivo ha indicado que dicha reforma "no guarda relación con la pregunta que Sus Señorías formulan".

Ya en febrero la Dirección General de Asistencia y Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, dependiente de Ministerio del Interior, negó que el Gobierno trabajase en un cambio legal para excarcelar a presos de ETA descontándoles los años que han cumplido condena en otros países como Francia.

Esta Dirección envió un correo electrónico a las asociaciones y fundaciones en el que señalaba que los cambios se refieren a transposiciones de directivas europeas, pero que "no existe ninguna iniciativa para modificar la regulación que se refiere a los efectos jurídicos de las resoluciones condenatorias dictadas en otros Estados de la Unión Europea".