El Gobierno envía a las Embajadas su posición sobre la independencia para unificar discursos

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha remitido a toda su red de Embajadas en el extranjero la posición oficial del Gobierno ante una eventual independencia de Cataluña, con el objetivo de unificar discursos y que las legaciones hablen con una sola voz, han informado a Europa Press fuentes diplomáticas.

En concreto, las 118 Embajadas de España en terceros países y las 11 representaciones en organismos multilaterales han recibido las recientes intervenciones parlamentarias del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y del jefe de la diplomacia española, José Manuel García-Margallo, en las que se ha debatido sobre las aspiraciones independentistas de Cataluña.

Lo que no se ha elaborado es un argumentario específico para que las Embajadas puedan contrarrestar en el extranjero el discurso que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, pretende internacionalizar.

En las intervenciones parlamentarias del presidente del Gobierno y del ministro de Exteriores que han recibido las Embajadas, el Ejecutivo hace un llamamiento al diálogo con la Generalitat desde el convencimiento de que la mayoría de españoles y catalanes quieren fijar objetivos comunes, pues "nada positivo se ha construido nunca en la historia de ningún pueblo o de ningún país rompiendo la baraja", en palabras del propio Rajoy.

Pero también deja claro que una Cataluña independiente quedaría automáticamente fuera de la UE, de acuerdo a los Tratados actuales, una posición confirmada por diversos portavoces de la Comisión Europea, como los vicepresidentes Viviane Reding o Joaquín Almunia.

El Gobierno de Rajoy viene sosteniendo que los Tratados de la UE establecen de forma clara que una eventual independencia de Cataluña dejaría a este territorio automáticamente fuera de la UE, por lo que tendría que ponerse a la cola si quisiera pedir su adhesión, que tendrían que aprobar de manera unánime los Estados miembros. Es decir, que cualquier país miembro podría vetar su ingreso.

En el caso concreto de las aspiraciones independentistas de Catalunya, el Gobierno español ha advertido además de que la UE no aceptará una hipotética secesión de Cataluña u otro territorio que no haya sido decidida por el conjunto del pueblo español.

Basa su convencimiento en el artículo 4.2 del Tratado de la UE, según el cual, sostiene el Ejecutivo, solo sería legal una secesión pactada con España y la actual Constitución de nuestro país impide la independencia unilateral de una parte de la nación, porque la soberanía de España corresponde al conjunto del pueblo español.

En concreto, el artículo 4.2 del Tratado de la Unión señala que ésta "respetará" la "identidad nacional" de los Estados miembros, identidad "inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos, también en lo referente a la autonomía local y regional".

También dice que "respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional".

Desde el Gobierno se explica que este artículo es lo que se conoce en derecho como norma de remisión, es decir, incorpora lo que el ordenamiento nacional de cada Estado miembro determina.

Esto quiere decir que en los Estados miembros en los que quepa una secesión pactada, ésta será legal, pero en los que no, se trataría de una independencia ilegal.

La Constitución española, en su artículo 1.2, establece que "la soberanía nacional reside en el pueblo español" y en su artículo 2 deja claro que la Constitución "se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española".

Por tanto, el Gobierno sostiene que una secesión unilateral de Cataluña o de otro territorio sería absolutamente contraria a la Constitución, de manera que también sería contraria al ordenamiento europeo.