MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha presentado un recurso contra el auto por el que la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, admitió una denuncia contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir concentraciones multitudinarias los días previos a la declaración del estado de alarma, entre ellas la marcha del 8 de marzo por el día Internacional de la Mujer, desoyendo las advertencias de riesgo de contagio por coronavirus, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.
La magistrada acordó el pasado 23 de marzo incoar diligencias previas para investigar los hechos denunciados en relación a Franco por un presunto delito de prevaricación administrativa. En esta resolución, afirmó sus dudas sobre el encaje penal de los hechos, aunque no descartó que lo tuvieran, por lo que decidió imputar también al delegado del Gobierno por un presunto delito de lesiones por imprudencia profesional.
Para esclarecer sus dudas, la juez de Madrid solicitó la práctica de una batería de diligencias a la Guardia Civil para que averigüe si, tal como dice la denuncia presentada por un particular, se omitió el informe emitido el pasado 2 de marzo por el centro Europeo para el control y prevención de enfermedades que alertaba del riesgo de contagio de Covid-19.
Asimismo, pidió al médico forense adscrito al juzgado para saber si las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid entre el día 5 y 14 de marzo de 2020 --día que se aprobó el estado de alarma por la pandemia por coronavirus-- "fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas".
OTRAS ALEGACIONES
Por otro lado, las mismas fuentes consultadas han indicado que el Gobierno también ha presentado alegaciones con respecto a la providencia fechada el pasado 21 de abril por la que la magistrada requirió a la Delegación que aportara, antes de que concluyera ese mes, la primera "comunicación, indicación, alerta o noticia" sobre el coronavirus que recibió el organismo antes de la declaración del estado de alarma.
En caso de que no exista tal información, la juez solicitó que la Delegación ratificara que la primera noticia que se recibió fue la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Real Decreto aprobado el pasado 14 de marzo por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria.
La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid realizó esta petición después de que el secretario general de la Delegación del Gobierno en Madrid contestara a una primera solicitud de información que "no consta recepción de comunicaciones sanitarias con anterioridad al día 14 de marzo de 2020, en el marco de la crisis generada por la pandemia".
LA JUEZ RETIRÓ LA IMPUTACIÓN POR LESIONES IMPRUDENTES
Precisamente un día antes de este requerimiento, la juez Rodríguez-Medel acordó retirar la imputación de lesiones imprudentes por el que se investigaba a José Manuel Franco inicialmente tras recibir el informe del médico forense adscrito al juzgado que descarta "relación de causalidad" entre acudir a una concentración multitudinaria y los contagios por coronavirus.
Según adelantó este lunes 'El Español', el informe de este perito constata que es "cierto y seguro" que, de haberse impedido la manifestación del 8M en Madrid, "se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad".
El forense explica que organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades habían advertido antes de la celebración de las concentraciones sobre el riesgo para la salud de las personas que comportaba el coronavirus y que, además, el Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional declaró el brote como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) el 30 de enero de 2020.
Añade que entre las medidas recomendadas por los organismos de salud internacionales, entre ellos el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, "se encuentra y destaca la implementación del distanciamiento social (por ejemplo, la suspensión de reuniones a gran escala y el cierre de escuelas y lugares de trabajo) para interrumpir la cadenas de transmisión".
NO ES POSIBLE SABER SI UNA PERSONA QUE ASISTIÓ AL 8M SE CONTAGIÓ
Así, el médico forense concluye que las manifestaciones, al ser concentraciones de personas, existe "el riesgo de transmitir una enfermedad como el Covid-19, debido precisamente a la cercanía de las personas y a que el virus de dicha enfermedad se transmite por vía aérea, es elevado".
Sin embargo, indica que "no es posible saber si una persona que haya asistido a cualquiera de las manifestaciones celebradas dichos días y que haya resultado infectada por el virus de Covid-19 lo haya sido en esas concentraciones masivas de personas o en otro lugar, transporte público, establecimiento público, etc".
El particular que presentó la denuncia, el abogado Víctor Valladares, también se ha dirigido al Tribunal Supremo para solicitar que investigue al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los mismos hechos. La Sala de lo Penal del alto tribunal aún no se ha pronunciado sobre si admite a trámite o archiva directamente esta denuncia.
