VALLADOLID, 21 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha presentado este jueves un plan "coherente y ambicioso" para afrontar la recuperación económica que, en su conjunto, movilizará un total de 470 millones de euros y que se ha convertido en la primera medida del nuevo Ejecutivo formado por la coalición PP y Vox, cuyo objetivo es "generar más derechos económicos y sociales".
Fernández Mañueco ha presentado este plan tras la celebración del primer Consejo de Gobierno de esta legislatura acompañado por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, y por el consejero de Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.
"Es el primer día de trabajo del Gobierno, de este gobierno del que se dicen tantas cosas, desde el primer día, se trabaja en generar más derechos económico y sociales", ha aseverado Fernández Mañueco, quien ha insistido en que la "gran prioridad" del gobierno es apostar por la recuperación económica y social.
En concreto se trata de un plan que integra un total de 20 ejes y 75 medidas que tendrán un impacto de 470,8 millones por parte de la Junta, a lo que podría sumarse un total de 335 millones si, como ha señalado Mañueco, el Gobierno central atiende a la petición de Castilla y León de introducir el IVA superreducido en carburantes y la dotación de un fondo específico de ayuda a sectores afectados por la crisis.
Fernández Mañueco ha insistido en que se trata de un documento que incluye medidas para impulsar a "corto y medio" plazo con el fin de establecer un marco que gradualmente impulse una recuperación en el contexto de la crisis económica y su impacto en la inflación, algo que, como ha defendido, se ha agravado por la invasión militar rusa a Ucrania.
Como medida que beneficiará a todos los ciudadanos de la Comunidad se establece, dentro de la "apuesta por la bajada de impuestos", una bajada del primer tramo de IRPF que afectará a todos los contribuyentes de la Comunidad, ya que el tipo mínimo pasará del 9,5 al 9 por ciento, lo que, como ha defendido el presidente, sitúa a Castilla y León como la segunda Comunidad española con el tipo mínimo más reducido.
En concreto, esta reducción fiscal supondrá para los ciudadanos un ahorro de 20 millones de euros cada ejercicio, lo que supone un montante total de 80 millones de euros en esta legislatura.
En segundo lugar, la Junta propone la compensación durante tres meses del pago de las tasas de titularidad autonómicas relacionadas con el transporte por carretera y por la prestación de servicios veterinarios, ambos sectores afectadas por la subida de precios, unas acciones que supondrán 500.000 euros.
MEDIO RURAL
En cuanto a medidas fiscales en el medio rural se apoyará la natalidad con una deducción del 40 por ciento por nacimiento y adopción. una rebaja del dos por ciento en las transmisiones de bienes inmuebles que constituyan centros de trabajo, un tipo reducido del cuatro por ciento en transmisión de explotaciones agrarias, una bonificación del cien por cien en arrendamientos de fincas rústicas y una bonificación del 95 por ciento por licencias de caza y pesca. Esta medidas supondrán un ahorro fiscal anual de 15 millones.
El plan anticrisis de la Junta incluye medidas de ayuda para familias vulnerables. La primera de ellas establece un incremento de cuatro millones para este año dedicada a ayudas de emergencia gestionadas por las corporaciones locales, que se sumará a un fondo de cohesión territorial con 20 millones más.
Mañueco ha detallado además un incremento del 15 por ciento durante tres meses de la Renta Garantizada de Ciudadanía, una medida que se suma a una ayuda de hasta un máximo de 2.500 euros por nacimiento en función del número de hijos, el 'bono concilia' para ayudar a familias cuyos progenitores trabajen y agilizar el pago del bono término para 83.000 beneficiarios.
Todas las medidas dedicadas a familias suman un total de 45 millones de euros que se suman a los 600.000 euros que se destinarán a incrementar las cuantías de las ayudas por desplazamiento, manutención y alojamiento para recibir asistencia sanitaria.
FONDO DE 10 MILLONES PARA ATENCIÓN A REFUGIADOS
La Junta incluye también la reserva de un fondo de 10 millones de euros para el gasto en Sanidad, Educación y Servicios Sociales que supone garantizar la atención de refugiados ucranianos.
En el ámbito educativo la Junta se ha centrado en acciones dirigidas especialmente a las personas acogidas desde Ucrania y que incluye la creación de una línea específica para la acogida de estudiantes universitarios o contratos temporales para el personal investigador.
EMPRESA Y EMPLEO
La situación generada por la guerra en Ucrania ha llevado a la Junta a incluir en su plan anticrisis un conjunto de medidas destinados a reforzar la capacidad productivo de las empresas de la Comunidad entre los que destacan acciones de promoción o nuevos planes de diversificación que se suman a la puesta en marcha de un servicio de exportación de los productos más afectados por el conflicto bélico.
En el ámbito de empleo la Junta prevé destinar 20,7 millones de euros para poner en marcha una nueva línea de ayudas para la adquisición y mejora de competencias de profesionales relacionadas con la transformación digital, además de impulsar acciones para promover la contratación de menores de 30 años.
Del mismo modo, se dedicarán 17,5 millones a financiación empresarial con una línea de préstamos blandos y otra de financiación de Estaciones de Servicio, ya que "están soportando el coste financiero derivado del anticipo al consumidor".
Para Agricultura las medidas que la Junta prevé poner en marcha tendrá un impacto de 68 millones de euros, y en ellas se establece la flexibilización de las ayudas de la PAC, medidas para favorecer la liquidez del sector, ayudas directas por 10 millones de euros para paliar el incremento de costes y ayudas para la prestación de servicios veterinarios.
Además de estas cuestiones, el plan incluye también medidas específicas para el sector del transporte que suman 9,65 millones de euros, otras de impulso de la capacidad energética de la Comunidad con un importe estimado de 1,8 millones y un tercer bloque de acciones destinadas a garantizar la competitividad y la eficiencia energética para empresas y familias que suponen 61,6 millones entre las que se incluyen la creación de un fondo de inversión para visibilizar y extender las inversiones en sistemas de autoconsumo para pymes dotado con 10 millones de euros, además de una nueva Estrategia de Eficiencia Energética.
El documento establece también 4,5 millones para medidas relacionadas con la ciberseguridad, medidas de simplificación administrativas y de reprogramación y refuerzo de fondos europeos.
Por último, el Ejecutivo contempla dedicar 75,4 millones de euros a los sectores más afectados por la subida de precios y la actual crisis energética con un fondo específico de ayuda que irá destinado especialmente al sector primario, el transporte o las industrias electrointensivas.
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