Congreso y Senado deben elegir dos parlamentarios y, como el PSOE rechaza un acuerdo bilateral, el PP ya habla con CiU y PNV
MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno tiene previsto nombrar a los miembros del Consejo de la Transparencia y el Buen Gobierno en el Consejo de Ministros del próximo viernes, haya o no acuerdo con el PSOE o, en su caso con los nacionalistas para la designación del diputado y el senador que deben formar parte como vocales de este órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia.
La totalidad de esa norma entra en vigor el miércoles, 10 de diciembre, con lo que las personas que se integren en el consejo no serán oficialmente elegidas hasta dos días después. De momento, sólo se conoce el nombre de su presidenta, un puesto para que el que el Gobierno ha elegido a Esther Arizmendi que, de hecho, ya está ejerciendo como 'presidenta en funciones'.
El diputado que sea nombrado vocal de ese órgano tiene que ser designado por la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas de la Cámara Baja en una reunión que, según el calendario que maneja el PP, se convocaría para el próximo jueves, de manera que el candidato se convirtiera en vocal al día siguiente mediante acuerdo de Consejo de Ministros.
Inicialmente el Congreso se había dado de plazo hasta este viernes para poner sobre la mesa el nombre del diputado elegido pero ese plazo se ha acabado prorrogando hasta el próximo miércoles. En el Senado ni siquiera se había abierto oficialmente el proceso y la previsión es que la Mesa de la Cámara lo haga el próximo martes.
El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, remitió el pasado 21 de noviembre sendos oficios a las dos Cámaras apremiándolas a elegir a sus vocales dado que su intención era que el Consejo de la Transparencia estuviera constituido a más tardar el 10 de diciembre, coincidiendo con la entrada en vigor de la ley.
EL DESMARQUE DEL PSOE
La elección podría haber sido rápida si se hubiera seguido el método que tradicionalmente se ha aplicado para designar a los representantes de la Cortes en la Agencia de Protección de Datos: un pacto entre los dos partidos mayoritarios para que cada uno colocase un parlamentario en cada Cámara.
Sin embargo, el PSOE se negó a pactar los nombres sólo con el PP y se descolgó el pasado martes ofreciendo al resto de partidos un nuevo sistema para designar a los futuros vocales. Su alternativa consiste en que cada grupo parlamentario proponga un candidato, y por insaculación, el elegido salga al azar. Al hacer pública su oferta, el portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, ya dejó claro que si no tenía éxito y prevalecía del método bipartidista, el PSOE renunciaría a estar representado en el consejo.
Ayllón cuestionó públicamente el sistema planteado por el PSOE --alegando que el azar podía hacer que fuera elegido el mismo partido para las dos Cámaras--, defendió el pacto entre los dos grandes partidos y ya avisó de que si el PSOE mantenía su negativa al mismo, buscarían acuerdos con otros grupos.
Sin embargo, el primer partido de la oposición se reafirma en su negativa a pactar con los 'populares, con lo que según han confirmado a Europa Press parlamentarias, el PP ya ha iniciado contactos con CiU y el PNV. Si estos si llegan a buen puerto, el PP eligiría al diputado que se incorporaría al consejo y los nacionalistas pondrían el nombre del senador.
TAMBIÉN PENDIENTES DE OTROS ORGANISMOS
Pero las Cortes no son las únicas que deben elegir a su representantes en el Consejo de la Transparencia del que, de momento, sólo se ha nombrado a su presidenta que será, a propuesta del Gobierno, Esther Arizmendi.
El consejo está integrado por su Presidencia, por la Comisión de Transparencia --con siete vocales entre ellos el diputado y el senador--- y por dos subdirecciones generales: la de Reclamaciones y la de Transparencia y Buen Gobierno.
Los otros cinco vocales de la Comisión de Transparencia serán un consejero del Tribunal de Cuentas, y sendos representantes del Defensor del Pueblo, la Agencia Española de Protección de Datos, la Secretaría General de Administraciones Públicas y la autoridad independiente de responsabilidad fiscal.
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, José Antonio Beteta, remitió hace unas semanas sendos oficios a estas instituciones para que se pusieran manos a la obra. Algunas como el Tribunal de Cuentas, todavía tienen pendiente decidir su candidato, mientras que el Defensor del Pueblo ya ha dado a conocer que su vocal en el consejo será su secretario general, José Manuel Sánchez Saudinós.
LOS VOCALES PODRÁN SERLO HASTA UNA DÉCADA
Los vocales serán nombrados por cinco años, igual que en este caso la presidenta del Consejo de la Transparencia pero, a diferencia de ésta, ellos si podrán prorrogar su mandato otro lustro.
Aunque el Estatuto del Consejo de la Transparencia no hace referencia al régimen retributivo de los vocales, el artículo 36 de la Ley de Transparencia deja claro que no tendrán "dedicación exclusiva" ni derecho a "remuneración". Sólo señala una excepción, la reunión que, al menos una vez al año, habrá de convocar la comisión a los representantes de los organismos que, con funciones similares a las desarrolladas por ella, hayan sido creados por las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias.
La presidenta del Consejo, por su parte, percibirá las retribuciones fijadas de acuerdo con el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades
