El Gobierno reconoce 63 asesinatos por ultraderechistas y represión policial en los primeros años de la Constitución

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comisión técnica de Memoria Democrática creada por el Gobierno para examinar casos de vulneraciones de derechos humanos entre los primeros años de la Constitución de 1978, hasta el 31 de diciembre de 1983, ha recopilado 63 victimas mortales atribuidas a actuaciones de grupos y grupúsculos de extrema derecha y a abusos cometidos por agentes del Estado.

El Consejo de Ministros acordó en 2024, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, la creación de esta comisión técnica con el encargo de elaborar un estudio sobre vulneraciones de derechos humanos sufridas por personas en el marco de su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos.

La comisión ha circunscrito su estudio a los casos que tuvieron como resultado la muerte de la víctima, por la mayor disponibilidad y accesibilidad de documentación fiable, la "mayor gravedad objetiva del resultado" y la escasez de fuentes suficientes para reconstruir otro tipo de vulneraciones.

El informe, recogido por Europa Press, considera comprendidas en su objeto las muertes cuya causa directa sea una actuación ilegal, por acción u omisión, de agentes del Estado en el ejercicio de sus funciones, o de particulares que actuaron con aquiescencia o colaboración funcional de dichos agentes, en un contexto de resistencia a la consolidación del orden constitucional democrático.

Y también incluye los supuestos en los que la acción violenta proceda de elementos de extrema derecha o de estructuras informales insertas en el aparato estatal o con respaldo encubierto del mismo.

NO INCLUYE A TERRORISTAS

En cambio, se excluye expresamente a personas integradas en organizaciones terroristas o que participaran en actividades orientadas a subvertir el orden constitucional mediante el uso de la violencia.

En su análisis, la comisión sostiene que la aprobación del texto constitucional "no bastó por sí sola" para acabar de inmediato con prácticas procedentes de la dictadura y sitúa la Transición en un "espacio gris" donde continuaron produciéndose intervenciones ilegales contrarias a los principios democráticos.

El documento habla de un contexto específico de violencia durante la transición de la dictadura a la democracia y señala que operaron distintos agentes, entre ellos grupos terroristas, grupos de extrema derecha y algunos agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que intervinieron "de diversas formas" llevando a cabo graves violaciones de derechos humanos.

48 VÍCTIMAS POR POLICÍAS O PARAPOLICIALES

En concreto, la comisión contabiliza 29 asesinatos derivadas de abuso, represión o actuación policial, 19 muertes atribuidas a grupos armados parapoliciales como el Batallón Vasco Español o Grupos Armados Españoles y 15 a manos de ultraderechistas, grupos fascistas o extrema derecha no encuadrada claramente en estructura parapolicial.

Los primeros en la lista son Felipe Baz González y José Luis Muñoz Pérez, dos jóvenes que murieron a balazos de un guardia civil en sendos controles de carretera en las provincias de Vizcaya y Madrid el Día de Reyes de 1979.

En diciembre de ese año también fallecieron Victoria Arranz y Manuel Álvarez Blanco en el incendio provocado tras un atentado contra la sede del Movimiento Comunista en Valladolid. Y también Emilio Martínez y José Luis Montañés en una manifestación en Madrid contra el Estatuto de los Trabajadores.

Ya en 1980 aparecen en el listado los nombres de los cuatro asesinados por una bomba contra el bar Aldana de Alonsotegi (Vizcaya). Y poco después el de Yolanda González Martínez, militante de izquierdas asesinada por miembros de extrema derecha.

Entre otros, figuran las muertes de Miguel María Arbela y Luis María Elizondo Arrieta por disparos de pistoleros del Batallón Vasco Español en Hernani (Guizpúzcoa).

La relación incorpora a las tres víctimas del conocido como 'caso Almería': Juan Mañas Morales, Luis Montero García y Luis Manuel Cobo Mier, cuyos cadáveres aparecieron en mayo de 1981 tras haber sido confundidos con miembros de ETA y asesinados por miembros de la Guardia Civil.

El 1982 destaca el caso de Sebastián García, que murió en Valencia atropellado en una manifestación laboral ante la sede del Consell preautonómico valenciano. El último nombre del listado es el de Juan Félix Domínguez, un niño de dos años muerto en 1983 por disparos de la Guardia Civil en un control mal señalizado en Valmojado (Toledo).

DECLARACIÓN INDIVIDUAL DE RECONOCIMIENTO

La comisión propone una declaración individual de reconocimiento y reparación moral mediante resolución administrativa que explicite el carácter ilegal de la muerte y la condición de víctima en el marco de la lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos.

También recomienda la inclusión de estas víctimas en actos oficiales de memoria democrática, homenajes, conmemoraciones, publicaciones institucionales y relatos públicos de memoria colectiva, así como la publicidad institucional del reconocimiento para que sean nombradas y dignificadas públicamente.

Además, plantea la creación de un canal institucional permanente, accesible, seguro y transparente que permita a familiares, personas allegadas y organizaciones de derechos humanos presentar solicitudes documentadas para revisar e incorporar nuevos casos al listado.

Por último, la comisión recuerda que su relación de víctimas podrá ser ampliada ante futuros casos que puedan revelarse y recomienda abordar en el futuro otras graves vulneraciones de derechos humanos cometidas en el mismo periodo, como torturas, malos tratos y tratos inhumanos o degradantes.