Gobierno vasco destina 204.000 euros a ayudas a desplazamientos de familias de presos para las visitas a las cárceles

VITORIA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno vasco aprobó hoy el Decreto de Ayudas a Familiares de Presos, que incluye una dotación de 204.000 euros para los desplazamientos que realicen en sus visitas a las cárceles. Esta cantidad supone un ligero incremento respecto al año anterior, en el que se estableció 197.420 euros para estas subvenciones.

Según explicó el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, en la rueda de prensa habitual de los martes, el decreto regula las ayudas destinadas a subvencionar desplazamientos de familiares para visitar a personas penadas o en prisión preventiva, cualquiera que sea el delito cometido -entre las que se incluirían presos de ETA-. Además, señaló que estas ayudas se mantendrán hasta que el Gobierno central ponga fin al "castigo injusto" que supone el alejamiento.

Además, Azkarraga precisó que el decreto incorpora una serie de modificaciones propugnadas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (sentencias 188/05 y 723/05) sobre el carácter asistencial de las ayudas, que entendió que el Gobierno vasco invadía competencias en materia penitenciaria.

Por este motivo, el nuevo decreto fija su regulación en el ejercicio de la competencia de asistencia social y otorga a la Dirección de Familia la gestión correspondiente. Además, reestructura su contenido "universalizando" de forma más completa sus prestaciones atendiendo al principio de igualdad.

Esto se materializa en que las ayudas están abiertas a todo tipo de presos (penados o preventivos y cualquiera que sea el tipo de delito cometido o imputado) y cubren todo tipo de desplazamientos, no ya sólo fuera de la Comunidad Autónoma Vasca y hacia el resto del Estado español, sino a otros países en el extranjero o también los desplazamientos dentro de Euskadi.

Además, las ayudas se adaptan proporcionalmente al impacto económico del desplazamiento y requieren unos topes máximos de renta por encima de los cuales decae el derecho a pretender la subvención. En este sentido, sólo podrán obtener estas ayudas aquellas personas cuyos ingresos anuales no superen el triple del Salario Mínimo Interprofesional.

Para poder disfrutar de estas ayudas, el preso o penado, al igual que el beneficiario de la ayuda, deberá estar empadronado en Euskadi con un año de antelación a la solicitud correspondiente.

"Con este nuevo decreto, se persigue favorecer el principio de reinserción de todos los presos que tienen en sus lazos familiares un apoyo y un cordón umbilical con el mundo exterior al que deberían poder volver con normalidad después de su paso por los centros penitenciarios", indicó Azkarraga.

Asimismo, indicó que, con esta iniciativa, se pretende "facilitar que los familiares de presos no tengan en el gravamen económico un obstáculo que les dificulte, hasta impedirlo, el derecho de visita, y es, además, conforme a cualquier principio de humanidad al que está obligado cualquier Gobierno".

Las solicitudes para atenerse a estas ayudas podrán hacerse en las delegaciones territoriales del Departamento de Justicia o a través de la Dirección de Familia.

El consejero informó de que el decreto está avalado por el dictamen del Consejo Vasco de Bienestar Social, "que es un órgano plural desde el punto de vista social, institucional y político", en el que se asegura que estas ayudas "tienen un interés general".

AYUDA ASISTENCIAL

"La orientación de este decreto es de pura asistencial social y de máximo respeto del principio de igualdad, y en atención también a los propios pronunciamientos judiciales que han indicado la forma en la que deben canalizarse las ayudas", agregó.

Asimismo, quiso hacer una "mención especial" a la actual política penitenciaria y aseguró que, "de cumplirse la legalidad vigente, este decreto no tendría ninguna razón de ser".

"Si el Gobierno central, que actualmente detenta la competencia en prisiones en Euskadi, tuviera aquí centros para presos en primer grado, o madres con hijos pequeños, o personas en tratamiento psiquiátrico no sería necesario que todas estas personas estuviesen fuera del País Vasco", advirtió.

ALEJAMIENTO

En el mismo sentido, consideró que si el Ejecutivo "decidiera definitivamente poner fin al castigo injusto que inflinge a los familiares de los presos con la política de alejamiento este decreto tampoco tendría ninguna razón de ser".

"Nosotros desearíamos que este decreto tuviera una vida efímera porque sería consecuencia de que el Gobierno del PSOE hubiera finalmente rectificado esta política injusta que se enmarca fuera de los límites del Estado de Derecho", manifestó Azkarraga, quien agregó que "mientras esto no ocurra este decreto estará vigente y este Gobierno tendrá la obligación de desarrollarlo".

El consejero de Justicia indicó que el presupuesto del pasado año de estas ayudas fue de 197.420 euros, de los que sólo se gastaron 99.713 euros.