Recuperados efectos de un centenar de robos en 11 provincias, 5 de ellas de CyL

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) - La Guardia Civil y la Policía Nacional han recuperado efectos valorados en más de 3 millones de euros procedentes de decenas de robos cometidos en varias provincias españolas, todo ello en el marco de una investigación conjunta que culminó con la desarticulación de un grupo especializado en asaltar viviendas y naves industriales. En el dispositivo participaron más de 600 agentes de ambos cuerpos policiales y fueron detenidas 53 personas de edades comprendidas entre los 23 y 56 años de edad, 47 de ellas de nacionalidad rumana, 5 españoles y un marroquí. Con esta operación la organización ha sido desmantelada. Además, están investigadas otras 20 personas, todas ellas como presuntas autoras de multitud de delitos de robo cometidos en las provincias de Ciudad Real, Toledo, Madrid, Cuenca, Guadalajara, Cáceres, Segovia, León, Valladolid, Burgos y Palencia. Además, se efectuaron 39 registros en los que los agentes se incautaron de miles de efectos procedentes de los asaltos. Con esta operación se han esclarecido un total de 108 delitos de robo, 32 de los cuales fueron perpetrados en la provincia de Ciudad Real, 39 en la de Toledo, 10 en la de Madrid, tres en las provincias de Cuenca y Segovia respectivamente, dos en cada una de las provincias de Guadalajara, León, y Burgos, cuatro en la provincia de Valladolid, 10 en la de Palencia y uno en la de Cáceres. La investigación continúa abierta y no descartan nuevas detenciones. Dada la gran cantidad de efectos intervenidos, que se están analizando, los investigadores creen que el número de robos esclarecidos puede superar los 500. La investigación se inició tras la comisión de varios robos en la provincia de Ciudad Real entre los meses de marzo y mayo del pasado año, tanto en empresas radicadas en polígonos industriales como en domicilios habitados, segundas viviendas, establecimientos públicos, explotaciones agrícolas y otros lugares. A raíz de las primeras averiguaciones, análisis y estudios llevados a cabo, se determinó la existencia un 'modus operandi' definido, que llevó a los investigadores a determinar que los autores de estos robos formaban parte de una organización criminal especializada en cometer este tipo de delitos y en lucrarse económicamente con la venta de objetos robados. Los arrestados llegaban incluso a recorrer 1.000 kilómetros en una sola noche para cometer los asaltos, algunos en puntos muy distantes entre sí. Además, los detenidos utilizaban multitud de vehículos, que intercambiaban entre ellos, para dificultar las labores policiales. Conforme avanzó la investigación se observó que se dividían en seis células para cometer robos con fuerza, cada una de las cuales actuaba en una de las zonas geográficas en las que habían dividido el territorio nacional. La dirección estaba formada por cinco personas que se encargaban de la receptación y blanqueo de capitales utilizando para ello testaferros y empresas pantalla. A la cabeza se ubicaba el líder y principal objetivo de la investigación, que imponía su autoridad a sus subordinados a través de rígidas normas de conducta, y contra los que utilizaba la violencia física y psicológica. Por último, un grupo compuesto por doce personas se encargaba de la distribución de los objetos sustraídos, que eran vendidos a terceros por empresas recuperadoras de materiales y en establecimientos de compraventa de objetos usados. También utilizaban las nuevas tecnologías para dar salida al producto de sus robos, empleando conocidas páginas web de compraventa de objetos entre particulares o entre estos y empresas. Finalmente se determinó que la organización criminal estaba compuesta por un número superior a 70 personas y que contaba en las localidades madrileñas de Coslada, San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz con numerosos domicilios, garajes, almacenes y trasteros que utilizaban como bases logísticas, donde almacenaban los objetos robados. Sus integrantes llevaban un alto nivel de vida, sin que la mayor parte de ellos desarrollara ninguna actividad lícita remunerada, conduciendo vehículos de alta gama y celebrando continuas fiestas en clubes de alterne, discotecas a puerta cerrada y otras actividades lúdicas similares. Los investigados aprovechaban las noches para desplazarse, cometer los robos y regresar a sus puntos de origen. En sus viajes utilizaban distintos turismos y furgonetas con los que se dirigían hacia ubicaciones fijadas de antemano, donde iban a cometer las sustracciones. Más de 600 agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, empleando dos helicópteros, efectivos de caballería y numerosos medios terrestres, llevaron a cabo a finales del pasado mes de febrero 39 registros simultáneos en las provincias de Ciudad Real, Toledo y Madrid. En estos registros se aprehendió una gran cantidad de efectos procedentes de los robos --para el traslado de los efectos recuperados fueron necesarios dos camiones--, entre los que figuran televisores de plasma, ordenadores portátiles, videoconsolas, discos duros, tabletas, reproductores de DVD, cámaras de vídeo y calderas de gas. Asimismo, también se recuperaron teléfonos móviles, maquinas de lavado a presión, equipos de pesca con embarcación incluida, bicicletas, una motocicleta, dinero falso, joyas, relojes valorados en algunos casos en más de 30.000 euros, diamantes, gran cantidad de botellas de bebidas alcohólicas, trofeos de caza, maletines de herramientas de mano, taladros, radiales, elementos de radiadores, puertas, aparatos de aire acondicionado, sanitarios, desbrozadoras y machetes. Además de material sustraído fueron intervenidos seis vehículos de alta gama utilizados por la organización, así como 260.000 euros en efectivo.

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Desmantelada una red que actuó en 11 provincias, con 53 detenidos y otros 20 investigados

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