La oposición reclama responsabilidades políticas y se muestra en contra del modelo de gestión implantado por el Gobierno de Gallardón
MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
La delegada de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, arremetió hoy contra los grupos municipales del PSOE e Izquierda Unida y contra los sindicatos por no haber denunciado las posibles irregularidades que se estaban cometiendo en los procesos de tramitación de licencias antes de que el juez Santiago Torres comenzara a investigar la presunta trama de corrupción en el seno de dos áreas de Gobierno y varias juntas de distrito.
Martínez, que se pronunció así durante su comparecencia ante la Corporación municipal en el Pleno extraordinario con motivo de la 'Operación Guateque', aseguró que no cree que la presunta red de funcionarios corruptos fuera "un secreto a voces" como han apuntado en alguna ocasión desde la oposición y los sindicatos en las últimas fechas.
"Si fuera así, ¿Dónde estaban los sindicatos, las asociaciones de empresarios del sector que no denunciaban la competencia desleal, los medios de comunicación que suele denunciar cualquier irregularidad, los colegios profesionales, los ciudadanos o los grupos municipales?", se preguntó la responsable municipal. "Si era un secreto a voces, todos estábamos sordos", aseguró.
Además, la delegada de Urbanismo y Vivienda aprovechó su intervención para acusar al PSOE y a su concejal Pedro Sánchez, solicitante de la comparecencia de Martínez, de "jugar en clave de política nacional" en este caso con el objetivo de "desgastar" al Gobierno que dirige Alberto Ruiz-Gallardón y al PP de cara a las próximas elecciones generales del mes de marzo.
En este sentido, señaló que los socialistas ya emplearon esta estrategia durante la campaña electoral, en referencia a la pregunta del candidato Miguel Sebastián en torno a la relación entre Gallardón y Montserrat Corulla, la testaferro de Juan Antonio Roca. Para la edil popular, esta postura del PSOE demuestra su "torpeza" a la hora de afrontar el caso de corrupción de los funcionarios del Ayuntamiento.
Martínez, que abogó por que todas las formaciones políticas colaboren en la persecución de la corrupción y no saquen "partido" de este tipo de casos, confió en que la 'Operación Guateque' se convierta en una "oportunidad" para el Gobierno municipal, al que calificó como "responsable". Durante su comparecencia, la delegada hizo suyas las declaraciones del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Manuel Moix, en torno a que el 'caso Guateque' no es una trama de corrupción urbanística ni tiene relación con la Operación Malaya desarrollada en Marbella.
Asimismo, apuntó que entre los imputados por el juez Santiago Torres "no hay cargos de confianza sino de libre designación", que "no es lo mismo", y que éstos, dentro del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda que dirige ocupan una posición "baja" en la jerarquía. Así, según Martínez, se trata de delineantes y arquitectos técnicos.
La responsable municipal, que indicó que la mayoría de los funcionarios imputados comenzaron a trabajar en la Administración municipal con gobiernos del PSOE, también aprovechó su intervención ante el Pleno para hacer un repaso de lo que el Ejecutivo de Gallardón ha hecho en los últimos años para agilizar la tramitación de licencias. Así, destacó la reforma de la ordenanza que regula este proceso, que ha permitido reducir los tiempos de tramitación "notablemente".
Además, adelantó algunas de las medidas que se van a llevar a cabo, como desarrollar la administración electrónica, revisar la ordenanza para mejorar ciertos puntos, poner a disposición de los ciudadanos una ventanilla de atención, que ya anunció el alcalde la pasada semana, y un sistema de autoconcesión de licencias.
Martínez resaltó que este sistema, que desarrollarían entidades homologadas por la Comunidad de Madrid, permitiría conceder una licencia provisional a los empresarios, que posteriormente sería ratificada por el Ayuntamiento tras revisar el proyecto. Según la delegada, estas agencias certificadoras, propuesta que ya lanzó Gallardón hace días, podrían perder la homologación del Gobierno regional si incumpliera sus obligaciones.
Por ello, la responsable de Urbanismo y Vivienda abogó por modificar la Ley del Suelo y por que la sociedad civil, los ciudadana, los sindicatos y las entidades sociales colaboren para poder desarrollar este sistema para agilizar la tramitación de licencias. Martínez concluyó su comparecencia afirmando que el Gobierno municipal "va a demostrar" que no quiere trabajadores "corruptos" en sus estamentos.
PSOE: RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
Mientras, el concejal socialista de Urbanismo y Vivienda, Pedro Sánchez, solicitó al alcalde y a todos los miembros de su Gobierno que asuman "responsabilidades políticas" porque han convivido "muchos años" con la corrupción, "y quien convive, consiente". Sánchez, que acusó al vicealcalde, Manuel Cobo, de "mentir" porque "sabía" que había cargos de confianza entre los imputados, explicó que los miembros del Ejecutivo municipal "delegan pero no renuncian" en los funcionarios, por lo que tienen "responsabilidad in vigilando".
El edil del PSOE aseguró que la intervención de Pilar Martínez fue "desafortunada" en "el fondo y en la forma" ya que los responsables de que la trama de corrupción no haya salido a la luz pública antes "no son los sindicatos, los medios de comunicación o los grupos políticos" sino, a su juicio, el Gobierno de Gallardón.
Sánchez también recordó que "todo el mundo" está "en contra" de la externalización en la concesión de licencias municipales. En este sentido, citó a la presidenta y el vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre e Ignacio González, respectivamente, a la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y sindicatos como UGT.
Además, el concejal socialista abogó por modificar la ordenanza que regula la tramitación de licencias, ya que "no ha funcionado", y por aumentar los "recursos humanos" en esta materia. Sánchez, que tachó de "vergonzoso" que en el Ayuntamiento haya "1.100 cargos de confianza" y únicamente "siete inspectores" vigilen a los casi 30.000 funcionarios, concluyó resaltando que "quien calla, otorga" porque el alcalde recibió hace dos años denuncias de empresarios que sufrían extorsiones y "no hizo nada".
Por su parte, el portavoz de IU, Ángel Pérez, apuntó que con mecanismos "tan perfectos" como los que dispone el Ayuntamiento para controlar la tramitación de licencias, según explicó Pilar Martínez, "parece mentira" que el juez Santiago Torres "se haya atrevido a investigar". Pérez, que dijo que "no tiene mucho sentido comparecer para decir que el Gobierno no tiene nada que ver" con la 'Operación Guateque', afirmó que este caso ha permitido comprobar que el funcionamiento del Ayuntamiento "no es bueno".
El líder de coalición recordó que el objetivo de su grupo es saber si se ha cometido algún delito en el seno del Gobierno municipal y que no le valen las explicaciones del equipo de Gallardón de que hay funcionarios presuntamente correctos, ya que "la cuestión es conocer qué situación permite la corrupción".En este sentido, dijo que el sistema organizativo del Ayuntamiento debería ser más "transparente y eficaz" para evitar este tipo de casos.
principio y fin de problema", aseguró Pérez, quien acusó a Ruiz-Gallardón y sus delegados de no haber tenido "voluntad y decisión política" para investigar a los presuntos funcionarios correctos. "Han ignorado su responsabilidad", recalcó el portavoz de Izquierda Unida.
