Archivo - Fachada de la sede García Gutiérrez de la Audiencia Nacional, a 21 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo
MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha trasladado al juez que instruye el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional un informe en el que detalla presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos de Adif y Carreteras.
En el oficio, al que ha tenido acceso Europa Press, la IGAE explica que han estudiado 11 contratos --cinco de Adif y seis de Carreteras--, de acuerdo a lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción.
Cabe recordar que tanto la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera como el ex director general de Carreteras Javier Herrero están siendo investigados por el magistrado Ismael Moreno por presuntas irregularidades en el marco del 'caso Koldo'.
Con respecto a los contratos de Adif, Hacienda explica que, de las cinco adjudicaciones, tres fueron a Acciona, "bien individualmente o en UTE (Unión Temporal de Empresas) con Ferrovial Agroman S.A.". En ellos, la IGAE apunta que "se dan una serie de notas comunes".
"En estos tres contratos los criterios determinantes de la adjudicación han sido los de juicios de valor y en dos de ellos, salvo para un licitador, no parece posible que la diferencia de puntuación por este criterio de juicios de valor se pudiera revertir con la puntuación obtenida por los criterios basados en fórmulas", señala.
Según el informe, se dio que antes de comenzar la ejecución de las obras correspondientes a estos contratos, "el contratista --Adif-- pone de manifiesto una serie de defectos que determinan, entre otros extremos, que se tenga que tramitar una modificación del proyecto".
Así, apunta que, en los tres casos estudiados, "esta modificación supone un incremento del precio del contrato ligeramente por debajo del 20% y en los tres casos esa modificación incumple la normativa sobre modificaciones".
LOS JUICIOS DE VALOR DETERMINARON LA ADJUDICACIÓN
Hacienda expone que a la licitación para el proyecto de soterramiento de la red ferroviaria de Murcia se presentaron diez candidaturas y que "los criterios de adjudicación basados en juicios de valor ponderaban 40 puntos", mientras que los de fórmulas valían 60 puntos. Según el informe, fueron los criterios basados en juicios de valor los que determinaron la adjudicación.
La UTE en la que estaba integrada Acciona obtuvo 36,17 puntos en este criterio. Esto supone "3,04 puntos de diferencia con el segundo clasificado y un mínimo de 5,83 puntos respecto del resto de oferentes", precisa.
Respecto a la diferencia en puntuación por el criterio basado en el precio, "la mejor oferta no incursa en temeridad y la peor oferta ha sido de 6,18 puntos y sobre la segunda peor oferta, 4,50 puntos".
Por lo tanto, apunta el escrito, salvo la segunda candidata, "las otras proposiciones no tenían posibilidades de obtener la adjudicación del contrato".
INTENTARON "EVITAR" UN DICTAMEN DEL CONSEJO DE ESTADO
Hacienda, además, incorpora un contrato sobre el proyecto del soterramiento de Estación y Barriomar, también en Murcia. De las 12 ofertas que se presentaron, la UTE formada por Acciona y Ferrovial Construcción volvió a ser la adjudicataria, indica.
"La adjudicación se basó en los criterios basados en juicios de valor", manifiesta la IGAE, esta vez con una diferencia de 5,88 puntos con respecto del segundo mejor valorado en ese criterio.
El informe recoge de la memoria que este proyecto "sustituye a una parte de las actuaciones análogas del tramo de Estación del Carmen-Barriomar y posterior modificado que finalmente no se van a ejecutar dentro de las obras en curso, sino que serán objeto de una nueva licitación independiente a partir del presente proyecto".
"De lo anterior se deduce que este proyecto no se debió tramitar como proyecto independiente sino como modificado del proyecto de construcción de soterramiento de la red ferroviaria de la ciudad de Murcia", expone.
E indica que "seguramente el hecho de tramitarlo como proyecto independiente se debió a que, si se tramitaba como modificado, las modificaciones superarían el 20% del contrato primitivo".
Esto se habría realizado, según la IGAE, porque para los "contratos que superasen un determinado importe era preceptivo el dictamen del Consejo de Estado". Por tanto, "se intentaba evitar fijando las modificaciones en un porcentaje ligeramente inferior al 20%".
DEFECTOS ANTES DE LA CONSTRUCCIÓN
El otro contrato en el que estuvo implicada Acciona que recoge Hacienda se corresponde con la construcción de plataforma del corredor mediterráneo de alta velocidad Murcia-Almería en el tramo Pulpí-Vera.
Una vez adjudicado el proyecto, "el contratista formuló una serie de reservas en la comprobación del replanteo", las cuales "determinan la tramitación de un proyecto modificado, previa tramitación del procedimiento para la continuación provisional de las obras", detalla.
Según el informe, "la modificación del contrato fue acordada el 31 de julio de 2022" y "el adicional de gasto del mismo (incremento) fue de 24.155.223 euros, lo que supuso un 19,93% respecto del importe de adjudicación".
Hacienda pone de manifiesto "cambios significativos" entre las cifras del informe del proyecto y en el desglose por capítulos, unos datos que "fueron los que parece que se tuvieron en cuenta en el informe de la Inspección de servicios de 30 de marzo de 2022".
"La cercanía de ambos informes, junto con estos cambios, nos llevan a pensar que se acordó previamente que el importe de la modificación fuera de algo menos del 20%, siendo la distribución por capítulos cambiante", apunta.
Y remacha: "Es difícil entender que 'la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato', cuando ésta responde en su mayor parte, al menos, a defectos puestos de manifiesto por el contratista en el acto de comprobación del replanteo".
LA PUNTUACIÓN DE LAS OBRAS DE CARRETERAS NO ESTÁ "JUSTIFICADA"
El organismo señala que de los seis contratos de carreteras examinados, dos se adjudicaron a Acciona Construcción en UTE con otras empresas.
En ellos se han producido "modificaciones que han supuesto un incremento de presupuesto cercano al 20%, al igual que ha ocurrido en tres contratos adjudicados por Adif o Adif Alta Velocidad", subraya.
Se trata del proyecto de construcción de tirantes del Puente Centenario de Sevilla, sobre el que los técnicos de Hacienda advierten de un incremento de 13,5 millones de euros en una obra adjudicada por 71 millones, lo que supone un incremento del 19,02% en el presupuesto original, y una obra en la autovía A-68 entre Arrúbal y Navarrete, en La Rioja, adjudicada por 92 millones que, tras dos modificaciones, vio incrementado el coste en 18,46 millones, un 19,98% más.
La IGAE analiza, por otro lado, las fórmulas empleadas por la Dirección General de Carreteras para determinar la puntuación de los proyectos candidatos para lograr la licitación de la obra.
En este punto, examinando un contrato para el tramo de la Autovía A-12 entre Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) y Villamayor del Río (Castilla y León), y también en la obra del Puente del Centenario (Sevilla), observa que la puntuación otorgada por los funcionarios de la Demarcación de Carreteras, que la suscribe, "no figura justificada".
"La justificación se acompaña como anejo sin firmar a la valoración que realiza la Subdirección de Construcción", añade el órgano de Hacienda.