MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
La defensa del exconseller de Presidencia de la Generalitat Francesc Homs solicita que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; el ministro de Justicia, Rafael Catalá; el exfiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce y el expresidente de la Generalitat Artur Mas comparezcan como testigos en el juicio que se celebrará contra él en el Tribunal Supremo por los delitos de prevaricación administrativa y desobediencia grave que presuntamente cometió al impulsar la consulta del 9-N.
Así se señala en el escrito de conclusiones provisionales presentado este jueves por su abogada Eva Labarta, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que el actual diputado en el Congreso pide su absolución por entender que por su parte no hubo "ánimo deliberado de faltar a la legalidad ni conciencia de una infracción de los deberes sino lo contrario".
La abogada defiende que Homs, para quien la Fiscalía solicita 9 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos por ignorar las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC) contra la consulta, procedió "al cumplimiento del mandato que le ha sido exigido como gobernante, en uso de sus competencias como Conseller de Presidencia y considerando en todo momento (...) que ni él ni nadie infringía la legalidad penal con su proceder".
La petición de testigos no quiere decir que éstos finalmente tengan que comparecer ante el tribunal, puesto que la petición de prueba de la defensa, al igual que la incluida por la Fiscalía en su escrito de acusación provisional, aún debe ser valorada por la Sala de lo Penal del Supremo. Se decidirá su pertinencia mediante auto, han informado a Europa Press fuentes del alto tribunal.
Además de Rajoy y los otros tres testigos la defensa de Homs ha solicitado la comparecencia de casi una veintena de personas en la vista, entre los que se incluyen el presidente de la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas, Miguel Buch; eldirector del Instituto de Estudios de Autogobierno y presidente del Consejo Jurídico Asesor par la Transición Nacional, Carles Viver i Sunyer y otros responsables de organismos catalanes como Federico Undina, Director del Instituto de Estadística de Cataluña; Ignasi Genovés, director general de Atención Ciudadana y Difusión o Carles Fabró, jefe de Gabinete de Presidencia.
A lo largo de su escrito de 24 páginas la defensa de Homs señala que el Govern interpuso recurso contra la resolución del TC para tratar de conocer su alcance, y subraya que esta petición "mal se comparece con la negativa abierta y clara al acatamiento que necesariamente ha de concurrir y con el imprescindible elemento subjetivo del injusto de cualquier delito doloso".
La Fiscalía considera que Homs tuvo un papel de indudable relevancia en la preparación de la convocatoria. Esta acusación se basa en la existencia de una carta en la que exconseller de Presidencia responde a la empresa contratada para diseñar los programas informáticos para las votaciones y que había solicitado a la Generalitat la confirmación de que sus servicios no vulneraban la suspensión del TC.
CARTA A "COMERCIANTES"
La defensa califica este documento como una carta "a comerciantes" que constituye "un actuar absolutamente inocuo desde la perspectiva de la relevancia penal" y que no puede ser equiparado a una resolución administrativa susceptible de tenerse por prevaricadora.
Homs insiste en que actuó en ausencia de peticiones concretas por el TC , que nada se le notificó personalmente y en consecuencia a nada fue requerido ni advertido que le llevará a dictar resolución alguna.
Tampoco cree que pueda hablarse de desobediencia al entender la defensa que la providencia del TC tenía un carácter "genérico y abstracto" impidiendo conocer el alcance real de lo que se pretendía y podía conllevar la paralización de la actuación del Govern respecto a la consulta. El hecho de que él pudiera tener un conocimiento genérico del asunto "de ninguna manera puede colmar el requisito 'sine qua non' que exige el tipo penal de desobediencia", según su letrada.
CONNOTACIONES POLÍTICAS
Concluye por lo tanto que los hechos no revisten relevancia penal "por atípicos", por lo que no son constitutivos de delito alguno y que "sólo desde una óptica con connotaciones de carácter político puede surgir un conflicto de ésta categoría, puesto que la legalidad es una y la interpretación de la ley penal, al menos la interpretación garantista, es una también".
Califica además la querella contra él y la presentada contra el expresidente Mas y otros altos cargos -que serán juzgados a partir del próximo lunes- de "voluntarista" porque fue enviada a la Fiscalía de Cataluña "con la orden de firma y presentación" después de que los fiscales catalanes no le encontraran autor de ningún hecho delictivo.
