Iberdrola Renovables pide expulsar de la causa a su ex socio rumano al estimar que no resultó perjudicado por Villarejo

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Archivo - Edificio de la sede de Iberdola - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo
Actualizado: jueves, 10 marzo 2022 11:13

Alega que los datos de Corneliu Dica a los que habría accedido el comisario son de acceso público

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola Renovables ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que retire la condición de acusación particular a Cornelius Dica, el antiguo socio de la empresa española en un proyecto en Rumanía, alegando que no puede ostentar este estatus procesal en la causa donde se investigan los presuntos encargos ilegales de la eléctrica al comisario José Manuel Villarejo porque las pesquisas de este último no le supusieron perjuicio alguno.

La compañía energética envió el miércoles un escrito al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 donde reclama "dejar sin efecto la personación de Corneliu Dica y la sociedad C-TECH, SLR, como acusación particular, al haberse evidenciado que carecen de la condición de ofendidos o perjudicados por los hechos que constituyen el perímetro fáctico de la presente pieza separada".

Ese "perímetro fáctico" son los sucesivos trabajos que Iberdrola habría encargado desde 2004 al grupo empresarial de Villarejo, CENYT, por más de un millón de euros, entre ellos 'Wind', que habría comenzado en 2011 con el presunto objetivo de espiar a la mercantil suiza Eólica Dobrogea, a su accionista mayoritario, Chrisopher Kaap, y a su apoderado, Corneliu Dica.

De acuerdo con el relato judicial, Iberdrola Renovables se había aliado con la compañía suiza para desarrollar una serie de proyectos en Rumanía, pero con el tiempo surgieron conflictos que se acabaron resolviendo de forma favorable a la mercantil española en un procedimiento arbitral. Tras ello, la eléctrica habría vuelto a acudir a CENYT en 2016 para que determinara si Eólica Dobrogea tenía fondos suficientes para cumplir con el laudo.

La filial sostiene en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que con independencia del perjuicio que Dica o su sociedad hayan sufrido por el hecho de que sus proyectos empresariales naufragaran y perdieran en el procedimiento arbitral, "de lo que no cabe la más mínima duda es de que tales perjuicios no son consecuencia de ningún delito de cohecho, ni tampoco de ningún imaginario delito contra la intimidad".

A este respecto, incide en que CENYT se limitó a hacer una "oferta" a Iberdrola Renovables que no fue aceptada, de modo que "nunca hubo tal encargo". Además, apunta que la información personal que el empresario rumano alega que Villarejo habría obtenido por medios ilícitos en realidad era de acceso público porque se encuentra en fuentes abiertas.

En este sentido, esgrime que en su comparecencia judicial del pasado 1 de marzo, Dica no pudo especificar "a qué documento, archivo o información confidencial, reservada o íntima se hubiera accedido por CENYT".

Iberdrola Renovables afirma que el nexo del empresario con el ex presidente de Rumanía Traian Basescu por haber estudiado en la misma escuela naval "es visible y accesible al público en general en el perfil de LinkedIn del señor Dica, por su propia voluntad de explicitar los hitos más gloriosos de su biografía profesional (...), lo que excluye obviamente cualquier ámbito de intimidad o privacidad". "Lo que es público y conocido, por definición, no puede ser secreto", resume.

ADVIERTE SOBRE UN "FRAUDE PROCESAL"

La filial ha reaccionado así a un escrito presentado el pasado 2 de marzo por Dica donde instaba a García Castellón a ofrecer a Eólica Dobrogea que se persone también en esta pieza separada 17 de 'Tándem'.

Sobre esta "asombrosa petición", Iberdrola Renovables advierte de que con ello podría cometerse un "esperpéntico fraude procesal", no ya solo porque entiende que no se concreta el supuesto perjuicio sufrido para irrumpir en la causa como acusación particular por parte de la eólica suiza, sino porque alerta de que la verdadera intención de Dica podría ser que los órganos de la quiebra de la mercantil extranjera "paguen los honorarios".

"El señor Dica en sus relaciones comerciales con mi representada ha evidenciado su poca disposición a pagar sus obligaciones, pero para tales manejos no se puede pretender el auxilio judicial", zanja.

VUELVEN A PEDIR LA IMPUTACIÓN DE IBERDROLA

Por otro lado, Dica remitió el pasado martes un nuevo escrito al juzgado donde vuelve a solicitar la imputación de Iberdrola por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos, al estimar que el proyecto 'Wind' no solo existió sino que dependió de la matriz, lo que excedería el ámbito de Iberdrola Renovables, la única empresa del gigante energético que está investigada en esta pieza separada.

El empresario rumano argumenta que la protección que otorgaría a Iberdrola el plan de prevención de delitos que ha aportado a la Audiencia Nacional no es suficiente porque hasta la reforma del Código Penal de 2015 al existencia del mismo "solo podría constituir una causa atenuante, no una eximente de la responsabilidad penal", recalcando que en todo caso debería probarse la "eficacia y validez" de dicho plan y que en este supuesto, dice, "no ha funcionado".

En este punto se ratifica en su reciente declaración, al aseverar que el informe elaborado por CENYT en diciembre de 2011 "se llevó a cabo empleando medios humanos y técnicos para la obtención ilícita de datos personales de los investigados, sin el consentimiento de los denunciantes, sin autorización judicial y vulnerando su derecho a la intimidad".

"La información que figura en este proyecto o avance de CENYT sobre su persona, cuentas bancarias y empresas, son datos que no pueden obtenerse en medios o registros públicos, ni siquiera en fichas policiales de Rumanía, sino por los servicios secretos, obviamente de forma ilícita", reitera Dica, en este último escrito al que también ha tenido acceso esta agencia de noticias.

Asimismo, funda su acusación contra Iberdrola en que tanto los informes policiales como las recientes declaraciones de testigos, en concreto las de Gustavo Buesa --ex consejero de la filial-- y Enrique Victorero --ex jefe de seguridad en el extranjero de la matriz--, evidencian la intervención del entonces responsable de Seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo en la contratación de CENYT, así como en la recepción de sus informes y en el pago de sus facturas.

Para Dica, esto "pone de manifiesto que los mecanismos de control y prevención de delitos de Iberdrola fueron ineficaces y no funcionaron a pesar de no ser una actuación aislada, sino una actividad realizada de forma reiterada y por un importe muy significativo".

"Las causas de esta pasividad y total tolerancia por parte de directivos de Iberdrola, así como las posteriores conductas presuntamente delictivas, deberían dilucidarse en esta causa, pues es lógico pensar que las informaciones y datos obtenidos ilícitamente no tendrían por finalidad quedar encapsuladas en la Dirección de Seguridad sino al servicio de instancias superiores (responsabilidad en cascada ascendente)", plantea.

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