MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
La secretaria general técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior Comunidad de Madrid, Mar Pérez Merino, explicó hoy que un informe reservado elaborado por ella misma, por encargo del consejero Francisco Granados, concluye que no se ha encontrado en la contabilidad regional ningún gasto que pueda tener relación con los seguimientos a políticos que se atribuyen a una presunta unidad de espionaje. "Cuando inicio esta investigación, (el consejero) no me da ninguna instrucción ni me dice nada sobre la metodología", destacó.
Según explicó en la comisión de investigación que se desarrolla en la Asamblea de Madrid, la revisión de gastos del ejercicio de 2008 apunta que no se ha tramitado ningún tipo de dietas, viajes, horas extraordinarias, gratificaciones o pluses a trabajadores dependientes de la Consejería que puedan tener relación con alguno de los hechos descritos por los medios de comunicación.
Pese a los resultados del análisis contable, Merino tomó declaración a doce personas, ocho de ellos asesores de seguridad, a los que preguntó si habían realizado alguna actividad que confirme los hechos imputados o si querían hacer alguna declaración sobre ello. Todos respondieron que no; la misma respuesta que el subdirector de Seguridad, Miguel Castaño; el director general de Seguridad, Enrique Barón y el técnico de apoyo de la dirección general de Seguridad e Interior, Javier Hernández.
"Por mi deformación profesional, creo que la inocencia se presume, la culpabilidad hay que demostrarla", dijo Merino para defenderse de las acusaciones de la oposición en las que señalaron que el somero interrogatorio al que sometió a sus compañeros de Consejería fue a todas luces insuficiente para conocer la veracidad de las informaciones, al tiempo que echaron en falta que ella misma hubiera interrogado al ex consejero y eventual víctima de los espionaje Alfredo Prada y encargado un informe caligráfico sobre los supuestos partes de seguimiento.
De hecho, el portavoz adjunto del Grupo Socialista, Adolfo Navarro, señaló que con las cuestiones planteadas "nadie llegaría nunca a nada" y destacó que en una información reservada se debe " tratar de exprimir para decidir, en su caso, la apertura de un expediente disciplinario". Desde IU, Inés Sabanés, tildó de "insuficiente" el informe, porque no especifica el operativo de seguridad que fue al Campus de la Justicia pero apunta a una "historia" nueva, que señala a Prada. "Si siempre ha sido una vergüenza que no le llamen a comparecer, hoy es una indecencia", apostilló.
DESAPARICIÓN DE ORDENADORES
Merino también subrayó que el interrogatorio que mantuvo con Alicio de las Heras, director financiero de la empresa Campus de la Justicia S.A., reveló la desaparición de cinco ordenadores, dos de ellos presuntamente en manos del ex consejero de Justicia, Alfredo Prada, que no los devolvió tras ser cesado. Otro de ellos, que utilizaba el director técnico del Campus de la Justicia, Isabelino Baños, desapareció hace más de un año, mientras que un cuarto portátil fue sustraído del maletero del coche del asesor de Prada Carlos Torio Villar. El último robo, el único que hasta ahora había trascendido a la prensa, es el de un PC de la mesa del colaborador también de Prada Juan Carlos Fernández.
Respecto a este incidente, la secretaria general técnica destacó que "cuando uno entra en su casa, uno no asalta su casa" por lo que en esta sede regional tampoco hubo "tal asalto". "Se puede opinar, pero eso no quiere decir que sea un asalto ilícito", destacó.
A la vista de estos hechos, Navarro destacó que "más que el Campus de la Justicia parece el Campus de la injusticia", y avanzó que pedirán la comparecencia de Alicio de las Heras para que explique lo sucedido con los ordenadores, y del ex consejero de Justicia y Administraciones Públicas, Alfredo Prada, del que destacó que "no parece que sea del PP". "Le tratan ustedes de una manera un tanto extraña", apostilló.
Merino defendió, asimismo, la existencia de 30 asesores de seguridad en la Consejería debido al trabajo que supone la coordinación de las policías de las BESCAM, el número de edificios que deben vigilarse (que cifró en unos 500) y cuestiones relacionadas con problemas de personal. Así, explicó que en la Consejería de Seguridad solamente hay 7 funcionarios como personal consolidado, y los demás, hasta 36, son personal laboral y técnicos especialistas. De ellos, 10 son delegados sindicales y 5 están de baja por enfermedad, por lo que a su juicio la contratación de personal exterior es óptima, pues "no es una decisión va a coartar a futuros responsables".
Por otra parte, aunque no respaldó la teoría del subdirector de Seguridad, Miguel Castaño, el pasado viernes de que los partes podrían ser un montaje a partir de las agendas de los altos cargos que se quedan en los coches al final de la jornada, Merino destacó que estas agendas "tienen cierta difusión en web y en los resúmenes de prensa, que se reparten por las unidades". "Hay relativa facilidad para el conocimiento de las agendas", añadió.
Finalmente, Merino presentó las facturas correspondientes a cuatro cámaras fotográficas Canon, adquiridas todas ellas de acuerdo a través del Ministerio de Economía, pero no respondió a las preguntas en las que le interrogaron sobre si la Consejería había contratado con alguna de las empresas de Francisco Correa, investigadas por la Audiencia Nacional.
Así, a preguntas del portavoz del PSOE fue la presidenta de la comisión la que le reclamó que se atuviera al objeto de la comisión, hecho que agradeció el popular Pablo Casado, que consideró que la oposición "está mezclando otros temas como la Operación Gürtel" con la investigación parlamentaria, algo "impresentable".
"No entendemos por qué se niega que se pueda responder a estas preguntas. Quizá se niega porque se considera ya que no tienen relación con la comisión de investigación. A lo mejor es que tendremos que constituir una comisión de investigación para el caso Gürtel de manera específica", añadió la portavoz socialista, Maru Menéndez.
Mientras, Sabanés indicó que el día "ha estado condicionado por una estrategia brutal de cierre de la comisión" y las comparecencias y las intervenciones del PP "venían marcadas con una hoja de ruta desde la afirmación continua de la tesis de cerrar la comisión". "EL PP no ha medido bien que todo lo que se dice es comprobable y tiene una necesidad tan brutal de cerrar la comisión que no piensa en otra cosa", apuntó, pues se trata de una "decisión política".
El portavoz popular volvió a defender las tesis del PP que aluden a que no se han realizado vigilancias y criticó la postura de la oposición, a la que acusó de "oscurantismo parlamentario" frente a la transparencia demostrada por el PP al aceptar esta comisión. "No sé si la oposición está más acostumbrada a un modelo de justicia socialista y prefiere irse de caza", señaló y apostó por "dar crédito a los funcionarios públicos".
Una nueva sesión, según la portavoz socialista que demuestra que Granados "desde el principio hasta este momento manifiesta contradicciones profundas y mentiras en sede parlamentaria".
