Interior apartó de las 'embajadas' a los policías de la DAO que investigaron a Podemos, a la espera del juez

José Ángel Fuentes Gago declara en la comisión de investigación del Congreso
EUROPA PRESS - Archivo
Actualizado 04/04/2019 17:00:22 CET

Pablo Iglesias reitera que las 'cloacas' siguen activas y Marlaska le responde que ya no hay ningún agente en tareas operativas

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha apartado de sus destinos en 'embajadas' a José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano, los dos policías en activo que fueron colaboradores del ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino y que están vinculados con escándalos de la etapa de Jorge Fernández Díaz en Interior como el presunto espionaje a Podemos, según confirman a Europa Press fuentes de este departamento.

La decisión se ha adoptado a la espera de lo que decida el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que mantiene imputados a estos dos policías, entre otros de la antigua cúpula de mando liderada por Eugenio Pino, por su relación con las diferentes vertientes del 'caso Villarejo'.

Según especifican las citadas fuentes, José Ángel Fuentes Gago fue relegado a tareas burocráticas en la Jefatura Superior de Policía de Madrid después de que en septiembre de 2018 se le relevara en su puesto como agregado de Interior en La Haya.

Este policía, antiguo líder del sindicato de mandos SPP, fue uno de los que viajó a Nueva York en 2016 para entrevistarse con un exministro venezolano para tratar de captar datos incriminatorios contra Podemos. En un audio difundido por moncloa.com y El Confidencial es quien le ofrece a este testigo protegido de la DEA una "nueva vida" en España, según dice, con "mandato" del Gobierno de Mariano Rajoy, extremo que han negado desde el equipo en Interior del exministro Jorge Fernández Díaz.

Fuentes Gago fue el encargado de firmar unos informes internos de la Policía en la etapa de Fernández Díaz como ministro del Interior donde se daba luz verde a la actividad privada del excomisario José Manuel Villarejo. También fue señalado como el enlace para la reunión en la que se grabó al exministro del Interior del PP hablando sobre políticos catalanes independentistas con el entonces director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso.

Lo mismo ha ocurrido con Díez Sevillano, quien fue destinado en México pero que, con el cambio de Gobierno, tampoco tiene ya responsabilidades operativas en este país. Está a la espera de volver a España y de que se le dé nuevo destino, una vez que su sustituta, la inspectora-jefe Mari Paz Prieto, le releve cuando concluya el preceptivo curso para los agregados en 'embajadas'. Este tipo de puestos en el exterior es de los más deseados por su salario, que ronda los 10.000 euros mensuales.

QUEJAS DE PABLO IGLESIAS

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha criticado este jueves que el ministro Grande-Marlaska no ha limpiado las 'cloacas' del Estado, en referencia a Fuentes Gago, quien, según él, "en este momento forma parte de la Secretaría General de Policía y concursa ahora para comisario". "Cuando Marlaska dice que han limpiado las cloacas, ¿se refiere a esto?", ha señalado en una entrevista a RNE.

Fuentes de Interior han explicado que Fuentes Gago sigue destinado en un puesto no operativo porque no se pueden plantear una suspensión de funciones hasta que haya sentencia firme. En cuanto a su aspiración para ascender a comisario, añaden que lo que ha hecho es presentar una instancia para opositar por concurso como otros tantos inspectores-jefe, pero sin que exista ninguna decisión administrativa adoptada a tal respecto.

Este mismo jueves, el ministro Grande-Marlaska ha vuelto a negar que las 'cloacas' continúen activas. En declaraciones a la prensa desde Jaca (Huesca), donde ha participado en un simulacro de la UME, el titular del Interior ha reiterado que quien debe dar explicaciones es el anterior Gobierno del PP. "Desde que estamos nosotros, todas las personas que están bajo investigación o imputación han sido apartadas de cualquier puesto de libre disposición", ha recordado.

Sin dar nombres de policías, Grande-Marlaska ha defendido que no están suspendidos o apartados porque "se necesita una resolución judicial al respecto cuando son funcionarios públicos". "Este Gobierno se toma muy en serio el principio de legalidad y tolerancia cero con cualquier actuación que bordee la ilegalidad, no solo que la vulnere", ha enfatizado.

DECLARACIONES EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Tanto Fuentes Gago como Díaz Sevillano, ambos adjuntos a Eugenio Pino en la DAO cuando Jorge Fernández Díaz era ministro del Interior, declararon en calidad de investigados en la Audiencia Nacional el pasado 7 de marzo por su presunta implicación en la 'operación Kitchen'.

'Kitchen' fue el nombre del operativo policial sin control judicial que se desplegó a partir de 2013 para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas documentación sensible del partido que obraba en su poder, y para el que se pagó con fondos reservados a su chófer en calidad de confidente. En la jefatura operativa de la policía estaba Eugenio Pino, comisario jubilado que también está investigado.

Tras escuchar la declaración de ambos, la Fiscalía Anticorrupción solicitó que se les impusiera medidas cautelares aunque el juez finalmente sólo acordó restricciones para Fuentes Gago, a quien retiró el pasaporte. En el caso de Díaz Sevillano, para quien se pedía la obligación de comparecer periódicamente en sede judicial o policial, se atendió a que su residencia está fijada en México como agregado a la Embajada y quedó libre sin más.

En el marco de la investigación contra una organización criminal liderada por el excomisario Villarejo, este mismo juzgado de la Audiencia Nacional también mantiene investigado a Andrés Gómez Gordo, antiguo asesor de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y que participó presuntamente en la captación del confidente Sergio Ríos, chófer de los Bárcenas.

Tras ascender a comisario, Gómez Gordo es en la actualidad jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana en la provincia de Alicante, un destino que ha sido criticado por varios sindicatos policiales.

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