MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha defendido este miércoles de las críticas a la "desproporcionada" actuación de la Policía en algunas manifestaciones alegando que la intervenciones de las Fuerzas de Seguridad son ínfimas teniendo en cuenta el número de concentraciones que se vienen produciendo y recalcando que "no hay ningún país europeo en el que el derecho de reunión y manifestación se ejerza con más normalidad y civismo que España".
Fernández Díaz ha avalado esta afirmación con "datos oficiales" durante la interpelación que le ha dirigido en el Pleno del Congreso el portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en la Comisión de Interior, Ricardo Sixto, quien le ha pedido cuentas por que, en su opinión, "la Marca España se ha impuesto demasiadas veces a porrazos en la espalda de los manifestantes".
El titular de Interior ha tirado de números para rebatir los argumentos de Sixto e incidir en que, a juzgar por los datos, y la buena valoración que tiene la opinión pública de las Fuerzas de Seguridad, no parece que sean los "cuerpos represores" que, ha dicho, ha querido hacer ver el diputado de la federación de izquierdas.
70.000 PROTESTAS EN DOS AÑOS
Así, ha detallado que en 2012 se produjeron 36.798 manifestaciones o concentraciones, que sólo en 532 de ellas hubo algún tipo de disturbio y que en 84 los agentes "tuvieron que utilizar medios de defensa". Ese año 265 policías o guardias civiles resultaron heridos en el transcurso de esos "acontecimientos", en palabras del ministro.
El año siguiente bajó ligeramente la cifra de manifestaciones hasta las 31.124, hubo 323 con incidentes y únicamente en 27 de las más de 30.000 (el 0,08 por ciento) hubo de utilizarse "material de protección" por parte de los agentes", entre los que se contabilizaron 131 heridos.
"En esas miles y miles de manifestaciones se manifestaron libre, democrática y pacíficamente centenares de miles o millones de personas en total. Esa es la realidad social que ve cualquiera que contemple con objetividad lo que sucede en la calle", ha espetado Jorge Fernández a su interlocutor de IU.
Ricardo Sixto le ha pedido, sin éxito, que ofreciera también los datos de las personas que han resultado heridas desde 2012 como consecuencia de la "violencia inusitada" con la que, ha apuntado, actúa en ocasiones la Policía y ha recordado que varias de ellas han tenido que ser ingresadas en hospitales.
NO SE HAN DEPURADO RESPONSABILIDADES
Tampoco ha recibido respuesta a la pregunta de si realmente Interior no ha abierto ninguna investigación para depurar responsabilidades por determinados comportamientos de los agentes cuando "Internet está plagada de imágenes de actuaciones policiales indebidas".
Tras avisar al ministro de que "las multas y las porras no son el camino en democracia", le ha recriminado que no haya solventado sus dudas sobre la "supervisión judicial o fiscal" que tienen los efectivos "infiltrados en los movimientos sociales" o la actuación de los denominados "agentes provocadores".
Sixto también ha denunciado la existencia de "listas negras" con asistentes a manifestaciones, las "identificaciones arbitrarias" por el mero hecho de acudir a una concentración, las "detenciones sistemáticas e injustificadas" que conllevan "una noche en el calabozo" pero que después no derivan en un procedimiento judicial y la "indefensión" de los ciudadanos ante la no "identificación" de los efectivos policiales.
Y como colofón ha recordado al Gobierno de que la propia administración está sobreseyendo multas "arbitrarias" impuestas por los agentes y que los tribunales están dejando claro que no hay delito en los 'escraches' o en convocatorias como las de 'Rodea el Congreso'.
NO DISCRIMINACIÓN EN CACHEOS E IDENTIFICACIONES
Ante todas estas críticas, el ministro ha subrayado que no se cansará de decir que su departamento, a través de las Fuerzas de Seguridad no hacen sino garantizar la seguridad de los ciudadanos y el ejercicio "libre y pacífico" de los derechos fundamentales. Eso sí, ha apuntado que "el derecho de reunión, como todos, no es ni absoluto ni ilimitado", según ha establecido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
También ha defendido la "oportunidad" de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana en un momento en el que, ha comentado, "ya se vislumbra la salida de la crisis" y ha rechazado las acusaciones de que la norma pretende restringir el derecho de manifestación cuando se han celebrado más de 70.000 manifestaciones en dos años".
"La actuación policial siempre está sometida a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad", ha insistido en que el ministro, antes de hacer hincapié en que la futura ley permitirá un "control judicial más riguroso de las actuaciones" de la Policía y la Guardia Civil en las diligencias de "cacheo e identificación" que, quedarán "sometidas al principio de mínima ingerencia y al de no discriminación por razón de sexo, raza, religión o cualquier otra condición".