MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los investigadores de la Guardia Civil sitúan a Jordi Ros Solá, Xavier Duch Palau y Eduard Garzón en el núcleo duro de una organización denominada ERT (Equip de Resposta Tctica), la facción presuntamente violenta de los Comités de Defensa de la República (CDR), según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha ordenado el ingreso en prisión provisional para los siete miembros de los CDR que han pasado este jueves a disposición judicial.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 considera que existen indicios de que formaban parte de una organización denominada ERT (Equip de Resposta Tctica), una facción de los CDR con una "estructura jerarquizada que pretendía instaurar la república catalana por cualquier vía, incluida la violenta".
Según las citadas fuentes, el más activo de todos los arrestados en la 'operación Judas' es Jordi Ros (45 años). Hace tres meses se vio envuelto en un incidente en su domicilio en Sabadell, después de que se originara un incendio que obligó a desalojar el bloque de viviendas.
Al personarse los servicios de emergencias, aseguró que el incendio fue originado por un cigarro, aunque los investigadores --que llevaban un año siguiendo al grupo de CDR-- sospechan que el incendio fue originado por los ensayos con sustancias potencialmente peligrosas al ser precursores de explosivos, entre ellos termita.
Los otros dos presuntos integrantes del núcleo duro de esta organización son Eduard Garzón (49) y Xavier Duch Palau (50), según las citadas fuentes. El primero fue investigado el pasado mes de febrero por la protesta en los alrededores de la cárcel de Lledoners durante el último traslado desde Cataluña a Madrid de los exdirigentes catalanes presos y juzgados en el Tribunal Supremo. A los integrantes de aquella protesta se les conoce como 'Los 9 de Lledoners'.
El resto de detenidos este lunes en el operativo de la Guardia Civil son: David Budria Altadill (38), Xavier Buigas i Llobet (48), Alexis Codina (41), Ferran Jolis (38), Germinal Tomás Aubeso (39) y Clara Borrero Espejo (33).
TERRORISMO, TENENCIA DE EXPLOSIVOS Y ESTRAGOS
El juez de la Audiencia Nacional ha ordenado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza después de tomar declaración a los siete investigados trasladados a Madrid, a los que imputa delitos de pertenencia a grupo terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos.
En los autos de prisión --que no han sido facilitados a los medios de comunicación al estar secreta la causa--, el juez individualiza las acciones concretas que atribuye a cada uno de los investigados, así como su función dentro de la organización.
García Castellón entiende que en el presente caso concurren los requisitos para acordar la prisión, como son la gravedad de las penas que conllevan los delitos que se les imputan, la capacidad de destruir pruebas que tendrían los detenidos en caso de estar en libertad, la posible sustracción a la acción de la justicia, así como la posible reiteración delictiva.
Tras las comparecencias judiciales, en las que cinco de los detenidos sólo han respondido a las preguntas de su defensa y los otros dos --que están asistidos por abogados de oficio-- han contestado tanto al juez como al Ministerio Público, el fiscal Miguel Ángel Carballo ha solicitado prisión provisional sin fianza para todos y cada uno de ellos.
SUBVERTIR EL ORDEN CONSTITUCIONAL O LA PAZ PÚBLICA
La Fiscalía considera que la organización de la que forman parte presuntamente los detenidos tiene "naturaleza terrorista" y su finalidad era "subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública". A su juicio, la gravedad de las penas que acarrean estos delitos así como el "riesgo de que se pudieran materializar las conductas que se planeaban y de destrucción de pruebas" han llevado a solicitar la medida de prisión provisional sin fianza.
Los dos investigados que han llevado su estrategia de defensa al margen de los otros cinco, presentaron ayer un 'habeas corpus' --denuncia por detención ilegal-- en la Audiencia Nacional por boca de sus familiares, según informan en fuentes jurídicas.
Fueron recibidos por el juez de guardia anoche en la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, ante quien reafirmaron su interés en mantener la misma asistencia letrada de oficio que habían recibido a su detención y declinaron presentar denuncia alguna. Este jueves, en un momento previo al inicio de las declaraciones, se les ha vuelto a consultar y han reafirmado su intención de seguir adelante con la misma asistencia letrada.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 mantiene esta causa bajo secreto mientras se analiza la numerosa documentación incautada a los detenidos en los diez registros que se practicaron el lunes en distintos puntos de la provincia de Barcelona.
