MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario de IU-ICV manifestó hoy su rechazo a la posibilidad de que los miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) --la nueva unidad creada por el Gobierno para afrontar catástrofes naturales y compuesta por unos 4.300 efectivos-- y los militares que presten servicio en unidades de Policía Militar, Aérea o Naval puedan ser dotados de competencias para ejercer como 'agentes de la autoridad'.
Según publica en su edición de este lunes el diario 'El País', el anteproyecto de Ley de la Carrera Militar incluye una disposición adicional en la que se establece que los integrantes de la UME y los militares que desarrollen funciones de Policía Militar tendrán competencias como 'agentes de la autoridad' y, por tanto, sus órdenes deberán ser acatadas por el personal civil.
En un comunicado, el portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, expresó su negativa a que esta posibilidad se materialice y consideró que esta modificación supondría "dotar de carácter legal a lo que no es más que una clara extralimitación de funciones de los miembros de las Fuerzas Armadas, además de atentar contra el mismo significado del Ejército".
IU manifestó su rechazo a que la UME esté dotada de esa capacidad de actuación y estimó "aún más preocupante" que se otorgue esa misma competencia a los militares que prestan sus servicios como policía militar, naval o aérea.
Herrera advirtió de que la aprobación de la Ley con la inclusión de esa disposición "tendría como consecuencia que todas las personas, ya sean militares o civiles, deberían obedecer y estar sometidos a las órdenes provenientes de los militares, lo que supondría en la práctica un peligroso retroceso en los derechos civiles de los que con tanto esfuerzo se ha dotado la sociedad civil en los últimos años". "Además, quienes desobedecieran o se resistieran a cumplir estas órdenes serían castigados penalmente como delito o falta, algo que desde nuestro grupo parlamentario consideramos inaceptable. Desde ahora anunciamos que empeñaremos todo nuestro trabajo parlamentario para que estas condiciones desaparezcan totalmente de la futura ley", indicó Herrera.
Con respecto a la posibilidad de que los militares con atribuciones de 'agentes de la autoridad' sean defendidos por el abogado del Estado "ante cualquier orden jurisdiccional en los supuestos en que se dirija contra ellos alguna acción como consecuencia del legítimo desempeño de sus funciones o cargos", Herrera interpretó que ello implicaría que, en caso de conflicto "con cualquier institución o ciudadano", la Abogacía del Estado tendrá "la facultad de defender los intereses del Ejército, enfrentándose a todos aquellos que hayan podido cuestionar las órdenes emanadas desde el ámbito militar".
"Esta posibilidad, además de un grave error, sienta un peligroso precedente dando al Ejército un poder y unas facultades que en absoluto le corresponden que no estamos dispuestos a tolerar", concluyó Herrera.
