Los republicanos creen que el objetivo es "crear una estructura ágil para avalar acciones contundentes" contra el proceso soberanista
MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV, ERC y el grupo de CiU han registrado sendas enmiendas a la totalidad contra el proyecto de Ley de Seguridad Nacional para pedir su devolución al Gobierno por considerarla una norma "ambigua" con la que se pretende llevar a cabo una "recentralización de competencias" en el ámbito de la seguridad.
Todos estos partidos coinciden en sus enmiendas en denunciar que el Gobierno emplea en esta ley el concepto de seguridad con fines "propagandísticos" e "ideológicos", invadiendo las competencias que las comunidades autónomas tienen en esta materia.
Además, critican la "vaguedad" e "imprecisión" con que la norma define el concepto de "situación de interés para la seguridad nacional", con el que, según ha explicado el propio el Gobierno, se pretende completar un "vacío normativo" que existe todavía entre un estado de normalidad y la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio.
SIN CONTROL SOBRE LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO
CiU se queja en su enmienda a la totalidad de que el proyecto de ley "ofrece la nula participación autonómica en aquellas decisiones que afectan directamente a sus competencias, la proliferación de conceptos indeterminados que pretenden fundamentar la intervención exclusiva del Gobierno central, junto con la total inexistencia de sistemas de control sobre su actuación".
Sobre las "situaciones de interés para la seguridad nacional", los nacionalistas catalanes critican que este concepto no sólo contempla situaciones con "gravedad efectiva", sino también con "gravedad potencial", lo cual consideran "absolutamente subjetivo y preocupante" porque puede llevar a una "vulneración competencial e incluso de los derechos fundamentales de las personas sin la suficiente justificación".
Por su parte, ERC cree que el proyecto "no aporta ninguna medida eficaz a la llamada seguridad nacional", sino que el texto es una mera "propaganda ideológica que pretende explotar el discurso del miedo y la necesidad de unidad nacional frente a un supuesto enemigo".
"ACCIONES CONTUNDENTES" ANTE EL SOBERANISMO
Es más, los republicanos opinan que "tras el contexto discursivo de la amenaza del terrorismo internacional se pretende crear una estructura ágil y supuestamente legítima para avalar acciones más contundentes que puedan adoptarse ante el proceso soberanista catalán o incluso ante determinadas situaciones de contestación social".
Para la Izquierda Plural, el único objetivo de esta nueva ley es "desarrollar una visión conservadora y centralizadora de la seguridad" sustentada en la "omnipresencia de las autoridades estatales, aprovechando para llevar a cabo una nueva recentralización".
"El proyecto de ley demuestra que es la autoridad estatal quien decide y dirige, así que estaríamos ante lo que podríamos denominar una coordinación jerarquizada", afirma el grupo de izquierdas en su enmienda, en la que denuncian "una injerencia más del poder central".
Además, al igual que ERC, critica los "fines propagandísticos" y el "discurso del miedo que, a su juicio, se puede leer en este proyecto de ley. "A nuestro juicio, la seguridad no es la base sobre la cual una sociedad puede desarrollarse, preservar su libertad y la prosperidad de sus ciudadanos, sino que para el desarrollo social, para promocionar las libertades y la prosperidad de la población el fundamento es la implicación social", apunta.
ESTADO DE CRISIS "NO CONSTITUCIONALIZADO"
El PNV pide la devolución de la ley al Gobierno por considerarlo "absolutamente innecesaria, imprecisa e invasiva". En primer lugar, cree que establece la "creación de un nuevo estado de crisis no constitucionalizado que obligará a que las policías autonómicas pasen a depender directamente de la Administración General del Estado".
"Supone una suerte de otorgamiento de autorización tácita, incondicionada e ilimitada para la disposición y utilización de los recursos propios de esas instituciones ajenas a la Administración del Estado, que es quien de forma arbitraria se encuentra facultada para decidir cuándo y de qué modo el conjunto de las autoridades competentes del Estado deben aportar todos los medios humanos y materiales necesarios dependientes de esas instituciones ajenas a la Administración del Estado", explica.
Además, los nacionalistas vascos advierten de que "la ausencia de definición clara de los supuestos de gestión de crisis puede llevar a una perturbación del esquema constitucional de distribución de competencias, invadiendo la autonomía de otras instituciones bajo una hipotética o difusa amenaza que parezca tener carácter permanente".
UTILIZACIÓN DE TODOS LOS MEDIOS
Pero lo que el Ejecutivo defiende es que la intención al aprobar esta ley no es "asumir la jefatura" de instituciones que son competencia de otras administraciones, como las policías autonómicas y locales, sino de poner todos los "instrumentos a disposición de la envergadura de una situación".
Así, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, puso el ejemplo, al presentar el anteproyecto, de una catástrofe como puede ser un terremoto, la cual requiere de la utilización de medios de varios ministerios así como autonómicos y locales. De hecho, recordó que el año pasado se llevó a cabo un gran simulacro de terremoto en Valencia que implicó la movilización de todos los medios disponibles para hacer frente a una emergencia de estas características.
El debate de las enmiendas a la totalidad del proyecto de Ley de Seguridad Nacional se debatirá en el Congreso a lo largo de este mes de julio, que al ser periodo extraordinario de sesiones tiene convocadas sólo dos sesiones plenarias.
