MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha criticado duramente la reciente reforma del Código Penal porque no presta la necesaria atención a la alta delincuencia económica o a la corrupción política y en cambio "criminaliza la pobreza para dar una respuesta penal a situaciones que requieren fundamentalmente de una adecuada intervención social".
En un manifiesto dado a conocer este jueves, la asociación progresista de jueces recuerda que la reciente reforma, aprobada el pasado martes por la Comisión de Justicia del Senado, no ha sido consensuada por los representantes políticos y se ha llevado adelante "tras un trámite precipitado, con omisión parcial de los dictámenes de los órganos consultivos" y sin que exista un estudio adecuado en materia de criminalidad que justifique las modificaciones acordadas.
JpD incide que desde la aprobación del Código Penal en 1995 se han producido cerca de treinta reformas, "basadas casi siempre en criterios inmediatos de oportunidad, lo cual resulta contrario a la estabilidad aconsejable de lo que suele considerarse la Constitución en negativo".
Además, y desde una perspectiva formal, la asociación alerta de que la elaboración técnica de las modificaciones propuestas es "marcadamente deficiente, como ha señalado la práctica totalidad de la doctrina jurídica".
Pero sobre todo, reprochan a la reforma que opte por un endurecimiento penal sin considerar que España se encuentra en las tasas más altas por habitante de población reclusa y que también cuenta con los tiempos más elevados de cumplimiento en las cárceles
"Por tanto, esta reforma no parte de un examen riguroso de las necesidades sociales a la vista de la evolución de la criminalidad, ni tampoco de un análisis del conjunto del sistema penitenciario", señala JpD.
CADENA PERPETUA VERSIONADA
La reforma introduce una versión de la cadena perpetua que resulta injustificada y que es contraria a la Constitución y que olvida la reinserción social, subraya la asociación de jueces, que añade que además se concibe "la justicia como venganza, para adentrarse en los principios más reaccionarios del populismo penal con la finalidad de actuar como instrumento de manipulación emocional y de satisfacer a determinados grupos de presión".
Por otro lado, reprocha que el anuncio de despenalización de las faltas "es claramente falaz", ya que muchas de ellas se convierten en delito; y otras conductas pasan a la Ley de Seguridad Ciudadana, con sanciones más elevadas, que se podrán aplicar en un procedimiento administrativo sin las mismas garantías que en el ámbito penal.
Además, la reforma contiene un endurecimiento considerable de todo el capítulo de los delitos contra el orden público, hasta el extremo de llegar a castigar con prisión determinadas protestas pacíficas en la sede de una persona jurídica pública o privada, añaden.
También critican que se pretenda castigar con privación de libertad la difusión en las redes sociales de consignas que inciten a alterar el orden público.
"En la reforma abundan los elementos ambiguos y los conceptos jurídicos indeterminados, lo cual resulta contrario al principio de legalidad -dice el manifiesto-. Y la culpabilidad se ve desplazada por criterios de peligrosidad y de riesgo que anticipan de manera arbitraria la respuesta del derecho".
