MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Jueces Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional solicitará a la Secretaría de Estado de Seguridad que se remita a cada uno de los magistrados que han sufrido este mes la retirada de su escolta "la valoración personalizada respectiva al riesgo" realizada por el Ministerio del Interior de forma previa a la decisión de eliminar esta medida de seguridad.
Los seis jueces centrales de Instrucción critican, en una nota redactada tras la reunión a la que ha tenido acceso Europa Press, la decisión de Interior y aseguran que no se les ha dado explicación de ningún tipo antes de adoptar la medida por lo que sienten que su labor profesional no cuenta con "reconocimiento".
"Una de las razones alegadas es el cese de la actividad de ETA, lo cual contradice el contenido de múltiples diligencias que se están practicando en los Juzgados", dicen los jueces, que advierten que los informes de los servicios policiales apuntan a que la organización terrorista sigue activa y "que no es descartable, como ha sucedido en otras ocasiones, que pueda volver a atentar".
CONOCIDOS PÚBLICAMENTE
Los magistrados Santiago Pedraz, Ismael Moreno, Javier Gómez Bermúdez, Fernando Andreu, Pablo Ruz y Eloy Velasco agregan que la Audiencia Nacional también investiga causas relacionadas con el terrorismo internacional y el crimen organizado y recuerdan que todos ellos son, "por desgracia", conocidos públicamente.
"Son continuas sus referencias públicas, con datos identificativos, fotografías, reiteradas imágenes en televisión" --recuerdan-- y aseguran que este hecho hace "más intolerable" la publicidad dada por Interior a la retirada de escoltas.
Así, denuncian, que la eliminación de su protección personal sea conocida ahora no sólo por el público en general sino también "por todos aquellos involucrados en la criminalidad organizada".
Recuerdan, además, que la asignación de escoltas tiene por objeto proteger su integridad física y mitigar cualquier amenaza sin que "en modo alguno pueda suponer algún tipo de privilegio" sino por contra "una servidumbre inherente al cargo y funciones derivadas del mismo".
